Las efemérides muchas veces sirven para poner en agenda temas que están invisibilizados del mapa mediático y de la conversación pública. Una de ellas es la que se recuerda el 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas. La crisis global de quienes buscan refugio afecta a decenas de millones personas. Por la gravedad del tema, es el momento de reforzar la necesidad de encontrar respuestas inmediatas y soluciones duraderas.
En medio de la crisis mundial de desplazamiento forzado más grave desde la Segunda Guerra Mundial, en los últimos años se vienen multiplicando y expandiendo las comunidades que demandan poder participar de manera más activa y ser parte de la respuesta que los Estados deben brindar a este desafío global de movilidad humana.
Una alternativa de integración es el patrocinio comunitario, un programa a través del cual familias, comunidades locales, y otros grupos pueden ayudar de forma directa a que las personas refugiadas encuentren recursos, acompañamiento y contención para comenzar una nueva vida en otro país.
Argentina fue uno de los primeros países en seguir el ejemplo mundial de Canadá e implementar su propio programa de patrocinio comunitario en 2014, conocido como el Programa Siria, seguido del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Alemania, España, entre otros. Desde entonces, grupos y comunidades en todo el territorio nacional han recibido a más de 450 personas escapando el conflicto armado en Oriente Próximo.
Con el avance de este tipo de experiencias, la sociedad civil local se ha organizado y ha demandado al gobierno nacional ampliar y fortalecer el programa, para garantizar la protección de las personas refugiadas.
Actualmente, hay grupos de patrocinio conformados en diferentes ciudades, algunos de ellos esperando con ansias desde 2019 la llegada de personas sirias patrocinadas que se vio interrumpida con el cierre de fronteras por la pandemia.
El patrocinio comunitario además transforma a las sociedades que las reciben. Muchas de las familias y grupos que viven esta experiencia, la califican como gratificante y muy enriquecedora. Este intercambio cultural permite un aprendizaje profundo sobre costumbres, idiomas e historias de vida, y por esto tiene el potencial de transformar positivamente el tejido social, fomentando el nacimiento de sociedades más abiertas, inclusivas y solidarias.
Sin embargo, en medio de la actual crisis de emergencia sanitaria global, que afecta desproporcionadamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, se estima que menos del 1% de las personas refugiadas de todo el mundo podrá beneficiarse de la posibilidad de reasentarse en un país seguro. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras durante el primer período de la pandemia y aproximadamente 90 no implementaron medidas excepcionales para ingreso a territorio de personas con necesidades de protección internacional, entre ellos Argentina.
En tiempos de crisis, es fundamental reivindicar la responsabilidad compartida entre los Estados ya que, en la práctica, los países cercanos a las regiones en crisis son los que mayormente reciben a la población desplazada, que enfrenta numerosas barreras para recibir una protección adecuada. Por ejemplo, en El Líbano, las personas sirias que llegaron escapando del conflicto armado en el país vecino, representan el 20% de la población total, pero solo el 0,5% de las personas inmunizadas contra el COVID-19.
Por eso es que, en un contexto de desplazamiento forzado masivo como el que atravesamos actualmente, toda la comunidad internacional debe aportar con una respuesta humanitaria. Argentina tiene comunidades preparadas y dispuestas a solidarizarse con las personas refugiadas y no debe cerrar las puertas a quienes hoy necesitan más que nunca de esta hospitalidad.
*Directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina.
**Coordinadora general de Fundación Amal Argentina.
