Cuando, a mediados del siglo pasado, los juristas trataban de reconstruir el Estado de Derecho en Alemania, Hellmuth von Weber destacó que, en tanto forman e influyen en la opinión pública, la prensa y el cine merecían particular atención para la política criminal.
No obstante, la primera conlleva una dificultad casi insalvable: la misma noticia puede tener efectos diferentes según la persona. Es decir, resulta por un lado posible que un informe periodístico sobre un delito grave llegue a despertar en los lectores un sentimiento de repulsión ante el hecho y de satisfacción por su castigo. Por el otro, cierto tipo de personas llamadas por el autor “erostráticas” (por un ciudadano griego que, buscando fama instantánea, incendió el templo de la diosa Artemisa) podían encontrar, en tal exposición, su propio estímulo para tratar de causar sensación en el público mediante una conducta análoga. En este sentido, concluía, debe prestarse atención al posible efecto de los productos artísticos que movilizan intensamente las fantasías de la población.
Con relación al cine, puede agregarse que es obvia la necesidad de realizar filmes, por ejemplo, en torno a los gravísimos crímenes cometidos por la última dictadura. Un ejemplo reciente es el documental “Traslados”, de Nicolás Gil Lavedra (2024).
Los delitos comunes plantean, por su parte, un dilema algo más difícil de responder: ¿existe la misma necesidad de profundizar en ellos mediante producciones fílmicas o hasta series? Asimismo, durante los últimos meses pudo verse otra arista de la cuestión: ¿Qué sucede cuando estos se realizan sin consultar a los familiares de las víctimas?
En la actualidad, tiene lugar un fenómeno denominado hiperconectividad, que impone la permanente necesidad de uso de, entre otras cosas, redes sociales, plataformas audiovisuales y todos los servicios que, a través del celular, acompañan, en gran medida, la vida de los individuos.
En tal contexto, la proliferación de series en tales plataformas tiene en el True Crime uno de sus géneros más consumidos. Al parecer, la exposición, mediante diversas técnicas narrativas, de delitos cometidos en la vida real genera, en muchas personas, la fascinación del Mal. La proliferación del True Crime en Europa generó varias polémicas, con sus consecuentes soluciones jurídicas.
En España, por ejemplo, el gobierno debió tomar medidas ante las denuncias de “revictimización” en torno a un documental el cual, por iniciativa de su defensor, la infanticida Ana María Quezada pretendía realizar desde la cárcel (2024).
En Dinamarca, la Ley de Ejecución Penal dispone que, aunque el condenado tenga derecho al contacto con medios de comunicación autorizados, la protección de la víctima del delito lleva a que su ejercicio pueda ser limitado (§59).
Pero mientras allí se trata de poner límites a la revictimización y sobreexposición generadas por estas producciones audiovisuales, el reciente caso de la jueza Julieta Makintach demostró que en Argentina las “personalidades erostráticas” podían encontrarse también entre los propios jueces.
Así, el escandaloso documental que debía tenerla como protagonista, además de desnudar a nivel mundial otro aspecto vergonzante de la crisis judicial argentina, resultó en una revictimización inaudita de los familiares de Diego Maradona.
La situación genera una necesidad de legislar en tal sentido debido a que, si estos productos se masifican hasta generar fama y dinero a perpetradores de delitos graves, las consecuencias a nivel social son totalmente impredecibles. Lo mismo debe decirse en torno a jueces cuyo histrionismo y ridiculez, más que sumarlos al fenómeno del True Crime, terminan asegurándoles una eventual entrada, al decir de Borges, en la Historia universal de la infamia.
*Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid). Magíster (Universidad de Estocolmo). Abogado y procurador (UBA).
