Un nuevo 8 de marzo nos encuentra en lucha, pero con las estadísticas de femicidios a flor de piel. Se comete un femicidio cada 23 horas en Argentina. Duele, indigna y es más urgente que nunca buscar soluciones. Siempre lo fue pero ahora, en casi todos los últimos casos (en particular el de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual), existían denuncias previas y restricciones perimetrales dictadas por la Justicia que fueron violadas por los denunciados que rompieron la perimetral para transformarse en femicidas.
La complejidad del tema es muy grande, por lo tanto de nada sirve salir a pedir la cabeza de un funcionario o un gobierno en particular por el incremento de los femicidios.
Pero lo que quedó en evidencia son las fallas estructurales en distintas áreas del Estado para atender las denuncias por violencia de género. Atender no es tener una línea telefónica o un expediente. Atender es resolver en forma rápida para que la denunciante esté realmente protegida, para que pueda vivir sin miedo, para que siga viva, para que Ni Una Menos.
En todos los últimos casos el Poder Judicial mostró de todas las maneras posibles como puede fallar a la hora de evitar un femicidio.
“¿Quién controla que se cumplan las medidas? Las víctimas. Y cuando se violan, en la inmensa mayoría de los casos, y accionan el botón antipánico les dicen que no pueden hacer mucho. No pueden detener a los agresores. Las amenazas no son tenidas en cuenta, se las considera un delito leve. Igual que las ‘lesiones’, que si no te dejan inválida son consideradas ‘leves’. Esas causas nunca avanzan. Las víctimas no terminan de entender a quién tienen que llamar para pedir ayuda porque no saben qué juzgado ni qué fiscalía interviene”, señalaba el comunicado del colectivo Ni Una Menos después del femicidio de Úrsula Bahillo.
Días atrás, el ministro del Interior, Wado de Pedro, recordó al fiscal de Chubut, Fernando Rivarola, quien utilizó la frase “desahogo sexual” para referirse a una violación grupal al hacer el pedido de juicio abreviado, un hecho que ocurrió en junio de 2020. Es solo un ejemplo de los tantos que acumula la Justicia patriarcal.
La Asociación de Abogadas Feministas presentó un documento ante el Consejo de la Magistratura con la impugnación de 52 jueces que concursan sin formación de género. La abogada Melisa García, titular de Abofem, prevé replicar el pedido en otros concursos, mientras aguarda que desde el Consejo rompan el silencio y hagan lugar a la presentación que debería dejar fuera de juego a 52 de los 138 jueces que aspiran a cargos.
Una reforma judicial que incluya la perspectiva de género es hoy indispensable. Más allá de las elecciones y de la grieta, hay que buscar consensos políticos que prioricen las necesidades de la sociedad hoy: poner el esfuerzo en evitar femicidios.
Lamentablemente vemos a la máxima autoridad judicial, la Corte Suprema de la Nación, dando mil vueltas para cumplir con la Ley Micaela, los máximos responsables de la administración de justicia no acatan rápidamente lo que es ley. Aunque en su ámbito funciona desde 2008 y muy bien, un área dedicada a la violencia de género que en su momento llevó adelante Carmen Argibay Molina con mucha dedicación, no los exime de cumplir con la Ley Micaela. Una disputa con el poder político muy parecida al “a ver quién la tiene más grande”.
Esa posición desde lo más alto de la Justicia se replica hacia abajo: un poder que aparece como una casta superior y que, en nombre de su supuesta independencia, hasta se niega a pagar el impuesto a las ganancias.El reclamo es por una Justicia que funcione, las víctimas que denuncian quieren seguir vivas, y el Poder Judicial debería ser el primero en realizar una autocrítica.
Somos víctimas, pero justamente por eso y antes de eso somos luchadoras, y eso no cambiará hasta que todo cambie. Ahora es urgente una perspectiva de género en la Justicia.
*Escritora y periodista.
