Todos alguna vez nos hemos topado con una ventana en la que aparecen las condiciones de servicio de una aplicación, una página web o una plataforma. Casi por instinto, lo primero que atinamos a hacer apenas vemos un ladrillo de texto farragoso es cliquear lo que haga falta para seguir adelante.
A principios de este año, un grupo de legisladores del Congreso de los Estados Unidos, formado tanto por republicanos como por demócratas, presentó un proyecto de ley para evitar esa reacción. La propuesta consiste en obligar a las grandes empresas a publicar un resumen de las condiciones de servicio de fácil lectura.
El proyecto, titulado Ley de etiquetado, diseño y legibilidad de las condiciones de servicio (en inglés, Terms-of-service Labeling, Design, and Readability Act), en el fondo tiene que ver con la materia prima de la que se nutren muchas de las grandes empresas tecnológicas: los datos personales. Una de las exigencias del proyecto es que las empresas informen a los usuarios todo incidente de vulneración de datos y, además, notifiquen al usuario en caso de recoger datos personales sensibles como información de salud, biométrica y de geolocalización o sobre la raza, color, religión o sexo de una persona, entre otras.
La lógica económica detrás de la regulación propuesta es evidente: no hay incentivos naturales para que las empresas sean claras y concisas al redactar sus condiciones de servicio; por eso, es necesario forzarlas mediante una ley. Hay quienes defienden que las empresas deban recurrir a condiciones de servicio largas y complicadas por la complejidad inherente al contenido jurídico de esas cuestiones. Este proyecto de ley da a las empresas la posibilidad de mantener los términos y condiciones largos y complejos siempre que ofrezcan una versión resumida de fácil lectura.
Está bastante aceptada la idea de que un texto está en lenguaje claro cuando su redacción, estructura y diseño tienen la claridad suficiente para permitir a los destinatarios encontrar con facilidad lo que necesitan, comprender lo que encuentran y usar esa información. Las condiciones de servicio no suelen ser un ejemplo de lenguaje claro. Sin embargo, es válido preguntarnos si no sería deseable que la ley exigiera que la totalidad de las condiciones de servicio estuvieran redactadas de manera clara y sucinta.
Este proyecto parece tomar un atajo realista y apuntar a conservar la libertad de las grandes empresas por escribir parrafadas interminables en sus condiciones de servicio. El resumen de lectura fácil solo parece un parche de dudosa eficacia. ¿Puede un resumen de unas pocas líneas captar el sentido de, digamos, diez páginas de condiciones de rebuscada redacción? También es posible preguntarnos qué pasaría si hay divergencias entre ese resumen y las “verdaderas” condiciones de servicio.
Las inquietudes de los legisladores estadounidenses parecen estar bien encaminadas. En un mundo hiperconectado, en el que los datos personales son el activo más valioso, no es posible dejar librada a la buena voluntad de las empresas la necesidad de ser transparentes en la comunicación. La determinación de qué es claro y entendible en muchos casos depende de variables subjetivas y del contexto específico, pero es deseable hacer el esfuerzo por lograr la claridad en la comunicación entre dos extremos que efectivamente están muy lejos: las grandes empresas y los consumidores. El encomiable esfuerzo de estos legisladores merece ser replicado en otras latitudes.
El futuro del proyecto de ley es aún incierto, pero ya ha cumplido un objetivo noble: puso sobre el tapete la preocupación por la claridad y la transparencia lingüísticas en el contexto de la empresa y el uso de los datos personales. Aunque no lo digan expresamente, los legisladores autores del proyecto están promoviendo el derecho a entender de los ciudadanos en tanto consumidores.
*Profesor y director del Área de Lengua y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
