JOHANNESBURGO – El mundo atraviesa una serie de rupturas políticas, ecológicas, sociales y económicas. Los niveles asombrosos de concentración de riqueza y desigualdad han erosionado los avances del desarrollo, acelerado la fragmentación social y alimentado el descontento civil. Según el informe Indicators of Global Climate Change, estamos a solo tres años de superar el límite de 1,5 °C de calentamiento global establecido en el Acuerdo de París de 2015, lo que aumentaría el riesgo de cambios irreversibles en las condiciones planetarias.
El campo es "víctima" de las crisis climáticas, pero tambien causador de estas
Estas crisis encadenadas están convergiendo en la economía mundial. La falta de financiamiento climático proveniente de los países ricos ha llevado a algunas naciones en desarrollo a redoblar su apuesta por los combustibles fósiles. Además, un sistema de deuda injusto atrapa a los países de bajos ingresos en un ciclo perpetuo de crisis: el pago de préstamos a corto plazo denominados en dólares y con altas tasas de interés les impide alcanzar sus objetivos de desarrollo.
Los países ricos también se niegan a cooperar para frenar los flujos financieros ilícitos y para gravar a los multimillonarios y a las empresas multinacionales, socavando aún más la capacidad recaudatoria de las naciones pobres.
Esta inestabilidad económica está estrechamente vinculada al declive democrático global. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos, el descontento político se vuelve inevitable, como lo demuestra el auge de los partidos de extrema derecha en las democracias occidentales.
Fortalecer la democracia es esencial para enfrentar estas crisis. A nivel nacional, la ciudadanía debe estar en el centro de la toma de decisiones sobre políticas y resultados de desarrollo. A nivel internacional, las instituciones multilaterales —incluidos el G20, las Conferencias de Cambio Climático de la ONU y las instituciones de Bretton Woods— deben democratizarse para recuperar credibilidad y legitimidad. Hasta ahora, han sido demasiado lentas para reconocer sus fallas y demasiado centradas en los intereses del mundo desarrollado.
Sobran ejemplos de cómo el multilateralismo ha reproducido las desigualdades. Los países desarrollados ofrecen financiamiento climático en forma de garantías para préstamos comerciales, que aumentan la deuda en lugar de fortalecer la resiliencia. En África, una y otra vez, las agencias calificadoras y las condicionalidades del FMI impiden a los gobiernos invertir en crecimiento inclusivo y desarrollo. El consenso global sigue promoviendo una transición verde liderada por el sector privado, pese a que este enfoque agrava la precariedad de quienes menos contribuyeron al calentamiento global pero más sufren sus efectos.
Las decisiones tomadas en nombre del capital global han ampliado las filas de las llamadas “personas excedentes”: trabajadores desplazados por cambios sociotécnicos, comunidades expulsadas por cierres de minas o fenómenos climáticos y hogares empobrecidos por el aumento de los precios de los alimentos y la energía.
Entonces, ¿qué puede hacerse? Para responder a esta pregunta, organizaciones civiles y ONG del Sur Global se reunirán con sus aliados del Norte en la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Económica Global, paralela a la próxima Cumbre del G20 en Johannesburgo. Bajo el lema “Nosotros, el 99%”, los participantes trabajarán en el diseño de alternativas estructurales a las “sociedades de enemistad” generadas por el capitalismo. El objetivo: desarrollar un programa de acción global y localmente arraigado para alcanzar la justicia económica.
Entre las principales soluciones que se debatirán en la Cumbre figura un impuesto a la riqueza de los ultrarricos y las grandes corporaciones, bajo los auspicios de la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional. Este impuesto es técnica y políticamente viable, y necesario para abordar las crisis financieras, de deuda soberana y sociopolíticas que desestabilizan tanto a las economías avanzadas como a las emergentes.
Otra medida clave es ampliar la disponibilidad y accesibilidad del financiamiento público para el clima, tal como lo prevé el Acuerdo de París. Dado que las economías avanzadas dependen de los países en desarrollo para obtener los recursos que impulsan su crecimiento industrial, el flujo financiero y tecnológico debe invertirse para garantizar el progreso del desarrollo y compensar las pérdidas y daños provocados por la crisis climática.
Dado que la presidencia del G20 de Sudáfrica se centra en la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad, estas alternativas estructurales se conciben como un proyecto ético de reparación que reconoce nuestra vulnerabilidad compartida y entiende a la Tierra como nuestro hogar común. Para mitigar la injusticia económica y los riesgos que plantea para nuestras democracias, debemos coordinar voces, recursos y redes para construir un programa político coherente que respete los límites del planeta y fortalezca el poder desde abajo.
Pero ni este programa político ni los movimientos que lo sostendrán surgirán por sí solos. Deben ser cultivados, coordinados y financiados. Los movimientos civiles y sociales deben ir más allá de la arquitectura obsoleta de la era de las ONG y empezar a construir andamios para la resiliencia. Esto implica invertir en proyectos que promuevan las aspiraciones populares de crecimiento justo e inclusivo.
*Sekoetlane Phamodi es director del New Economy Hub de la African Climate Foundation en Sudáfrica.
Proyect Syndicate
MU
