Hace algunos días, una joven fue detenida en el barrio porteño de Colegiales, al grito de “no me gustan las negras”, “pobres de mierda” y “ojotas de indio”. Algunas semanas antes, tuvieron lugar serios conflictos en la pequeña localidad de Miraflores, en el norte chaqueño, provocados por la ocupación de tierras indígenas. Ambos casos enseñan un profundo racismo y son sintomáticos de una vieja herida que todavía respira en nuestra sociedad. Una herida que actualmente conmueve también a la conciencia pública con noticias sobre lo que cierta prensa llama las “tomas” y “violencia mapuche” del sur del país y que dará que hablar pronto cuando se realice el “Juicio por la Verdad” por la masacre de personas qom y moqoit ocurrida en la Reducción Indígena de Napalpí, al sur del Chaco, en 1924, bajo la presidencia constitucional de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue calificada recientemente por una jueza federal como crímenes de lesa humanidad.
Este juicio les parecerá una excentricidad a quienes todavía reivindican, de forma más o menos explícita, el genocidio producido por los conquistadores españoles y por los estados nacionales en sus épocas de expansión y consolidación, como es el caso emblemático de la llamada “Conquista del Desierto” encabezada por Julio Argentino Roca como ministro y luego como presidente al promediar la segunda mitad de siglo XIX. Sin embargo, no sólo cuenta con algún antecedente histórico, que siempre es conveniente recordar, sino que talla en una huella que se vislumbra en clave global.
Disquisiciones históricas al margen, en 1857, podemos encontrar un extravagante antecedente de condena al estado bonaerense, encarnado en Juan Manuel de Rosas, por la masacre de un centenar de indígenas ocurrida en 1837 en la Plaza del Retiro.
Por el mundo. Pero más importante para entender lo que, técnicamente, será el primer proceso judicial por crímenes contra la humanidad contra el estado argentino por su agresión contra población indígena, es observar cómo se comunica esta búsqueda de memoria, verdad y justicia con otras experiencias que tienen lugar contemporáneamente en países de todos los continentes, como Australia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Namibia y México. En todos los casos, la lupa se posa sobre la formación de los estados nacionales y/o imperiales y la captura de recursos naturales y brazos para movilizar productivamente bajo el signo de las relaciones capitalistas en expansión por todo el mundo.
En México, recientemente, al cumplirse cinco siglos de la feroz conquista de Tenochtitlan y en el bicentenario de la independencia respecto de España, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo oficial la devolución al pueblo Yaqui de tres mil hectáreas de tierras en Sonora y prometió la restitución de otras 20 mil. Además, anunció acciones legales y obras de infraestructura -como el acceso a agua corriente y potable- y ofreció perdón a estos pueblos por la marginación, los abusos e injusticias cometidos durante la vida republicana, en especial durante los treinta años de gobierno de Porfirio Díaz, previos a la revolución mexicana de comienzos del siglo XX. El eco de esta iniciativa llegó a España, provocando la declaración de la gobernadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que revalorizó el legado español en el continente americano como un signo de “civilización y libertad.”
En Canadá, también en el último mes, se celebró por primera vez el “Día para la Verdad y la Reconciliación”, con marchas y actos televisados en todo el país. Esta política de memoria tuvo como foco a las víctimas indígenas del centenar de internados escolares -en su mayoría gestionados por la Iglesia católica- que funcionaron entre fines de siglo XIX y la década de 1970, y que fueron parte de una política sistemática de “genocidio cultural” contra los indígenas. En el último tiempo, gracias al uso de geo radares, se encontraron en algunos de estos lugares, más de mil tumbas con restos que no han sido identificados. Se calcula que alrededor de 150 mil chicos y chicas indígenas pasaron por allí.
La instalación de un día especial de memoria en Canadá es un punto de llegada de un largo camino. En 2008, el gobierno canadiense se disculpó formalmente por este sistema de internados y creó una Comisión para la Verdad y la Reconciliación que, luego de algunos años de investigación y debate, realizó casi cien recomendaciones de políticas reparatorias. En las últimas semanas, la Corte Federal ratificó una decisión del Tribunal de Derechos Humanos de 2016 que dictaminó la culpabilidad del gobierno canadiense en un pleito relacionado con la discriminación de niños y niñas indígenas, y obligó al estado a pagar una indemnización que calculó en 40 mil dólares canadienses por persona afectada. El primer ministro Justin Trudeau calificó los hechos como un “capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país” y los pueblos tk”emlúps te secwépemc del oeste canadiense, demandan más excavaciones y una acción real para recuperarse del trauma sufrido durante generaciones.
Por un sistema muy similar y, justamente a raíz de los descubrimientos hechos en Canadá, el gobierno de Estados Unidos anunció una investigación por un sistema implementado en su país a espejo del canadiense. La secretaria del Interior del gobierno presidido por Joe Biden, Deb Haaland, de origen nativo, llamó a “descubrir la verdad” y echar luz a los “traumas tácitos del pasado, por muy duro que sea”, sobre la pérdida de vidas humanas y consecuencias duraderas de políticas de separación de niños y niñas nativas de sus familias.
En Europa y en relación con el colonialismo sobre África, los gobiernos de Alemania, Namibia y los referentes de las etnias herero y nara, alcanzaron hace poco un acuerdo por el que Alemania reconoce el “genocidio” cometido sobre miles de personas de pueblos nativos del suroeste africano, ocurridas entre 1904 y 1908, cuando estas poblaciones se levantaron contra el imperio colonial. El acuerdo incluyó el reconocimiento de culpa, el pedido de perdón y un programa de financiamiento por 1100 millones de euros, que no se aplicará como indemnizaciones individuales como reclamaban los representantes de los pueblos víctimas. La iniciativa en Alemania incluye la revisión del patrimonio museológico alemán -donde se conservan objetos robados- y la inclusión de estos hechos en la currícula escolar.
En el hemisferio sur, en Australia, el gobierno anunció recientemente indemnizaciones para miles de indígenas que durante su infancia fueron quitados a sus familias y confinados en casas “blancas”. La llamada “generación robada” -calculada en unas 100 mil personas- fue el resultado de las políticas de “integración” de los pueblos indígenas al sistema dominante de la Australia blanca, llevadas adelante durante la mayor parte del siglo XX. Como en Canadá, en 2008 el gobierno laborista pidió perdón por estos crímenes de estado, escogiendo términos como “sanación” y “reconciliación”, que incluye la posibilidad para las víctimas de contar su historia públicamente y recibir una disculpa directa de las autoridades gubernamentales.
Complejidad argentina. Volviendo a la Argentina, donde se vivió un proceso de exterminio y/o sometimiento de las poblaciones indígenas, todavía hoy en gran medida invisibilizadas y marginadas, el juicio por la masacre de Napalpí descubrirá un escenario de gran complejidad. Recordemos que, no hace mucho, un ministro de Educación reivindicó la “Conquista del Desierto”, un analista como Rosendo Fraga asimiló la crítica al genocidio indígena como una campaña contra la creación del estado argentino y un presidente asumió el falso sentido común de que todos los argentinos bajamos de los barcos. En este país, donde está en vilo la ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y donde desde el estado nacional jamás se pidió perdón por el exterminio indígena, trabajadores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas llevan adelante una sistemática política de recuperación de restos óseos de indígenas asesinados, que eran guardados como “trofeos” y “objetos exóticos” en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y que hoy son devueltos a sus descendientes.
Los hechos de Napalpí que se juzgarán tuvieron como víctimas a población qom, moqoit y también algunos criollos, que protestaban por sus condiciones de vida y trabajo, sometidos en su mayoría en reducciones estatales de “indios”, controlados por las fuerzas de seguridad y militares y forzados a entregar su fuerza de trabajo en la producción algodonera y quebrachera local. El 19 de julio de 1924, las balas de policías, gendarmes y algunos colonos arreciaron sobre casi un millar de personas que se habían concentrado en una zona de la reducción. Más de doscientas fallecieron en el momento o fueron degolladas y quemadas por los agresores, que luego se lanzaron al escarmiento de los sobrevivientes.
El proceso judicial permitirá que se crucen una gran cantidad de variables históricas, que agravan aquella herida. En primer lugar, porque los hechos se vinculan a la violencia estatal de la llamada “Conquista del Desierto”, que se extendió hacia el sur y hacia el entonces indómito Chaco. También porque pone la lupa sobre la violencia en tiempos de la república democrática, que no fue solo racista, sino también clasista: esta masacre indígena está encadenada a un amplio proceso represivo contra las clases trabajadoras, que reconoce como episodios más significativos las masacres de Buenos Aires en 1919 y 1921, La Forestal (Santa Fe), Las Palmas (Chaco) y Gualeguaychú (Entre Ríos) en 1921 y La Patagonia en 1922. Por último, porque transparenta responsabilidades combinadas del estado y de civiles poderosos y sus motivos económicos y productivos, como lo hizo el reciente juicio por delitos de lesa humanidad contra ex directivos de Ford, por crímenes contra trabajadores cometidos durante la última dictadura.
Como ha ocurrido en Australia y Canadá, los latidos de Napalpí tienen una pequeña historia. En 2008, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pidió perdón a las comunidades en nombre del estado provincial. En 2014, la fiscalía federal empujó la investigación judicial y alcanzó a tomar testimonio a sobrevivientes y descendientes de víctimas de la masacre. Este año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó el lugar de los hechos (actualmente Colonia Aborigen) como Sitio de Memoria. En paralelo, un juicio civil reconoció esta masacre como delito de lesa humanidad (y otro hizo lo propio con la masacre cometida en Rincón Bomba, Formosa, en 1947). En este camino se inscribe el proyecto que se presentó hace un mes para declarar el 12 de junio día de la Memoria, la Verdad y la Justicia de los Pueblos Originarios, asociando la fecha conmemorativa al día en que falleció por Covid Juan Chico, profesor de historia qom, que empujó tenazmente durante años la causa por Napalpí, así como luchó por la memoria de los combatientes indígenas que sobrevivieron y que cayeron en la Guerra de Malvinas.
Abrazados a la jurisprudencia humanitaria internacional, atravesados por las coyunturas políticas y por intereses económicos en distintos órdenes, en distintas partes del mundo, se abren paso los reclamos de comunidades indígenas por verdad, perdón y reparación.
Este es el camino de Napalpí, que tanto mejor nos permitirá comprender la brutal exclusión, el racismo y genocidio indígena en nuestro país.
*Doctor en Historia (UBA).
