Desde diciembre de 2023, con el cambio de gobierno, comenzaron a implementarse diferentes medidas de flexibilización en el acceso a armas: la baja en la edad mínima para ser legítimo usuario, de 21 a 18 años; facilitar al máximo los trámites para acceder a un arma y así obtener una “tenencia exprés”; y la eliminación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para volver al Registro Nacional de Armas (Renar), lo que implica la pérdida estatal de control y de diseño de políticas de prevención.
A estas medidas se sumó recientemente la posibilidad de que civiles accedan a armas semiautomáticas. Se trata de fusiles, símil fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto derivadas de uso militar, con calibre superior a .22 LR, que antes estaban reservadas a las Fuerzas Armadas.
La resolución 37/2025 del Renar, que operativiza el Decreto 397/2025 de junio pasado, establece los requisitos para acceder a estas armas. Entre ellos se destaca que la finalidad debe ser el “uso deportivo”, un eufemismo que esconde la verdadera razón de esta medida: un negocio rentable para algunos y además “blanquea” las armas en posesión de miembros de las fuerzas de seguridad, en actividad y retirados.
Si bien existen disciplinas deportivas que pueden utilizar este tipo de armas, como el tiro rápido, en general los deportistas compiten con armas de tiro a tiro.
Debemos recordar que estas armas son las favoritas para perpetrar tiroteos masivos en Estados Unidos. Solo en 2025, hasta el 10 de noviembre, ocurrieron 379 tiroteos masivos, con un total de 427 muertos. El modelo que se busca emular es aquel en el que poseer un arma es concebido como un derecho individual, respaldado en la Segunda Enmienda de la Constitución, originado en la etapa fundacional del país y asociado a valores como el patriotismo y la libertad. Un modelo en el que se estima que circulan 393 millones de armas en una población de 335 millones de personas.
La experiencia de Brasil, durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022), también demuestra los riesgos de liberalizar el acceso a las armas. En ese período se aprobaron más de cuarenta medidas que facilitaron la compra, la portación y la adquisición de armas antes prohibidas, además de aumentar la cantidad permitida por persona.
Una investigación del Instituto Sou da Paz sobre los efectos de esta política encontró que el crimen organizado accedía a armas más modernas y potentes, compradas directamente por los criminales gracias a fallas en los controles o mediante testaferros. Lo único que lograron estas medidas fue fortalecer al crimen organizado.
Una sociedad armada no es más segura. La evidencia, y el sentido común, muestran que, cuantas más armas circulan, más muertes, suicidios y accidentes ocurren.
En Argentina, un informe sobre Femicidios cometidos con armas de fuego (2017-2022) revela que casi el 25% de los femicidios fue cometido con este tipo de arma: al menos el 20% de posesión legal y el 15% registradas ante la exAnmac, inclusive en posesión de miembros de las fuerzas de seguridad.
Estos datos son una muestra clara de que las “armas legales” también participan en delitos, tanto en manos de civiles como en las de fuerzas de seguridad y que no nos protegen.
Hoy no existe un reclamo social por más armas. Es una falsa idea de libertad dirigida a una minoría de la población, y en un futuro no muy lejano seremos testigos de las consecuencias de esta mirada estrecha.
En nombre de la libertad vamos a tener miedo de enviar a nuestros hijos al colegio. Ese será el día en que comprendamos que la violencia no se combate con más armas, sino con mayor control. Y tal vez, entonces, ya sea demasiado tarde.
*Directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP), coordinadora de Sehlac, especialista en temas de seguridad internacional y control de armas.
