Hay una Argentina que empieza antes de las rutas nacionales y provinciales. Nace en caminos de tierra por los que circulan productores, maestros, alumnos, médicos, ambulancias, patrulleros, transportistas y familias. Una red silenciosa que es noticia cuando la lluvia la vuelve intransitable o una tragedia recuerda que detrás del abandono hay vidas humanas.
Buenos Aires tiene 120.000 kilómetros de caminos rurales. Más del 70 por ciento está en estado regular o malo, según CARBAP. No es un reclamo exclusivo del campo.
Por esa red salen granos, leche y ganado, e ingresan insumos y servicios. El deterioro aumenta sideralmente el costo de los fletes: rompe camiones y acoplados, eleva el riesgo del transporte y encarece los seguros. Ese sobrecosto se traslada a las materias primas y
afecta a toda la economía.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) lleva años denunciando que las tasas viales aumentan sin una contraprestación equivalente. Coninagro reclamó que los caminos estén a la altura de lo que se cobra. También se pronunciaron entidades asociadas a la Sociedad Rural Argentina y delegaciones de la Federación Agraria Argentina.
Pero medirlo sólo en toneladas y dinero sería repetir el error que permitió postergarlo.
Cuando un camino se corta, el productor pierde; un chico falta a la escuela; una ambulancia demora; un médico no llega y una comunidad queda aislada.
Hay una dimensión invisible: la seguridad vial. El Observatorio de Datos Estratégicos identificó 15 siniestros y 19 víctimas fatales en caminos rurales bonaerenses entre 2016 y agosto de 2026. Cinco personas murieron este año. Son sólo los casos reconstruidos, porque no existe un registro oficial específico.
Esa ausencia es una falla estatal. No se puede diseñar una política pública sin saber cuántos siniestros ocurren, dónde suceden, cuáles fueron sus causas y en qué condiciones estaba el camino.
Cada lluvia reabre la discusión entre municipios y Provincia: quién debía mantener la red, quién tenía los recursos y quién incumplió. Mientras tanto, el barro corta accesos y la tasa vial pierde relación con el servicio que debería financiar.
Buenos Aires necesita mantenimiento preventivo, obras hidráulicas, control de lo recaudado y coordinación entre municipios y Provincia. Debe fijar condiciones mínimas de transitabilidad, definir corredores prioritarios y crear un registro de siniestralidad vial rural.
Los caminos rurales no son un gasto: son infraestructura estratégica. Allí empieza la riqueza que llega a rutas, puertos e industrias. Y allí viven bonaerenses con el mismo derecho a la educación, la salud, la seguridad y el transporte que quienes habitan las ciudades.
Durante demasiado tiempo miramos los caminos rurales sólo cuando llovía. Las 19 personas que murieron en los siniestros identificados nos obligan a mirarlos cuando sale el sol.
