El 14 de mayo pasado, luego de meses de trabajo entre las provincias y la nación, el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral. Cuando entre en vigencia, esta Ley permitirá mejorar la coordinación de acciones educativo-ambientales en todo el territorio argentino. Su existencia, con larga y controvertida trayectoria, fue aprobada en un momento bisagra para la historia moderna.
Decimos que no surge de la nada porque, en primer lugar, responde a una demanda social que encontró muchas formas de expresarse a lo largo y ancho del país. En segundo, porque sucede cuando se encuentra en jaque la rutina habitual, tal como la conocíamos antes de la pandemia de Covid-19.
Los equipos técnicos de cada jurisdicción trabajaron en su elaboración mediante videoconferencia desde los primeros momentos del ASPO. Se organizaron fundamentalmente por regiones, cuando en todo el planeta se identificaba la mejora en los indicadores de calidad ambiental y la disminución drástica en la circulación de personas y la actividad económica mundial.
El Senado aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral
Tuvo como antecedente, no solo proyectos anteriores sino, sobre todo, el crecimiento en cada una de las provincias de proyectos de Educación Ambiental Escolar. También el avance en la formalización de dependencias estatales a nivel provincial o municipal y el aumento en la movilización de la ciudadanía en defensa del ambiente.
De esta manera, el avance no representa solo una conquista de las organizaciones que la promovieron; es una oportunidad para construir alternativas globales desde una concepción integral de la vida, que atienda las realidades y cosmovisiones locales.
Alcanzarla fue posible gracias a la participación de todas las jurisdicciones a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y su tratamiento buscó respetar las identidades, geografías y ecosistemas regionales. Así lograron consensuarse presupuestos mínimos que podrán comenzar a influir, de ahora en adelante, en las acciones que se lleven a cabo.
Hitos como la Encíclica “Laudato si” y las metas que plantean los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, proponen horizontes comunes a los estados nacionales. Ambos fortalecen una orientación compartida que permea las políticas públicas y mejoran las bases para el diálogo entre lo local y lo global en clave sustentable. El desafío, como siempre, es cómo esto influirá en las acciones que se lleven a cabo y cuán efectivas serán para revertir el desencuentro entre el crecimiento económico y la base natural que sostiene la vida.
Vale señalar al respecto, que la Ley recupera la experiencia de las últimas décadas y evidencia haber aprendido de errores cometidos en el pasado. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental y sus instancias de coordinación interjurisdiccional favorecen articulaciones imprescindibles entre organizaciones estatales a nivel federal y de la sociedad civil, que interactúan en la escala subnacional.
Que Ministerios de Educación y de Ambiente articulen iniciativas y esfuerzos constituye un punto clave. Esto debe darse permanentemente a través de diálogos intersectoriales e interdisciplinarios, donde cada uno de los niveles educativos tiene su rol esencial. Para la universidad, constituye una herramienta que permite profundizar la formación de profesionales innovadores, comprometidos con la búsqueda de soluciones para los problemas de su tiempo.
Avanza la Ley de Educación Ambiental Integral
En definitiva, esta Ley aspira a alcanzar una sociedad en la que ningún sector se atribuya, unilateralmente y sin consultarlo, la capacidad de decidir sobre las iniciativas que se llevan a cabo. Fortalece la capacidad de construir alternativas que incluyan la perspectiva de las diversidades, tanto de los históricamente invisibilizados como de quienes, como sujetos no humanos, son escuchados a través de mediaciones socio-técnicas. Eso amerita una concepción integral que ya es promovida desde vastos sectores, y que encuentra en esta norma una posibilidad realista de renovar las solidaridades.
Es importante mencionar que meses atrás, en diciembre de 2020, fue sancionada la “Ley Yolanda” (N°27.592), que promueve la capacitación de quienes se desempeñan en la función pública. Esto demuestra una tendencia favorable a prestar atención a fenómenos que desde hace décadas vienen siendo señalados por especialistas. Lo que suceda en el futuro deberá implicar un aumento permanente en las iniciativas llevadas a cabo. Sus efectos, en el mediano y largo plazo, podrán ser medidos y demostrarán la capacidad de una ciudadanía que posee a la Educación Ambiental como derecho.
* Lucas Osardo. Docente Ciencias Ambientales USAL, Sociólogo y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales UBA.
