Hace ya unos cuantos años que se resolvió institucionalizar al 24 de marzo, y convertir a la jornada que evoca al genocidio dictatorial en una efemérides oficial. Para consumar esta suerte de cooptación política, los partidos “de estado” bautizaron al 24 como el “día de la memoria”, probablemente, para disimular el gigantesco ejercicio de ‘desmemoria’ que se aprestaban a consumar.
En efecto: la memoria –verdadera– del 24 debería recordar la extensa preparación del golpe militar por parte de los abuelos o padres políticos del actual pejotismo, de un lado, y de los predecesores del radical-macrismo, del otro. En el primer caso, prohijando a las tres A de Perón-Rega; en el segundo, bautizando como “guerrilla fabril” a los luchadores obreros que enfrentaron al Rodrigazo –el cimbronazo inflacionario y devaluatorio de 1975– con una huelga general.
La desmemoria, naturalmente, continuaría ocultando la profusa participación de la llamada democracia argentina en el funcionariado de la dictadura –cientos de intendentes radicales y peronistas puestos a dedo por los genocidas–.
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Pero el incómodo ejercicio del recuerdo debe extenderse al régimen político instaurado desde 1983, que se encargó de convalidar a buena parte del andamiaje jurídico y económico instaurado por la Junta Militar. El principal de estos legados fue la deuda externa, que Videla-Viola-Galtieri quintuplicaron entre 1976 y 1983.
La primera operación de la democracia argentina fue asegurar la continuidad jurídica de esta hipoteca, que no cesó desde entonces de crecer y multiplicarse. En las cabezas de sus apologistas, se alude siempre a un endeudamiento “provocado por el déficit fiscal”. Ignoran, o fingen ignorar, la causalidad inversa, a saber, que el déficit fiscal argentino ha tenido y tiene, desde entonces, como causa principal a la carga de la deuda pública. Hace rato que el capital financiero internacional convirtió a los Tesoros nacionales en un instrumento despótico de exacción de riqueza social. En un síntoma inconfundible de la decadencia del capitalismo, su principal fuente de acumulación es hoy el derecho vitalicio que levantan los fondos internacionales para apropiarse del trabajo no retribuido de la clase obrera de los países endeudados. La principal socia de este saqueo es la llamada burguesía “nacional”, que hoy detenta la mitad de los títulos de la deuda argentina.
Así, sucesivamente, los gobiernos de la democracia argentina reforzaron y legalizaron este tributo vitalicio, del Plan Brady a la convertibilidad y a las privatizaciones a cambio de deuda, que tuvieron al matrimonio Kirchner como socios privilegiados en el remate de YPF; del canje de Kirchner-Lavagna a los acuerdos de Macri y Prat Gay. En el camino, y para servir sistemáticamente a los acreedores, fue perpetrada la liquidación del sistema previsional; la descentralización –y ahogo– del sistema educativo y sanitario; las reformas laborales facilitadoras del despido barato. Algo de todo esto, ¿será parte del “día de la memoria” en los palcos oficiales? Tampoco será recordada, por cierto, la integración a la democracia del aparato jurídico y represivo de los años de plomo, y sus consecuencias en términos de gatillo fácil e impunidad.
Hoy, 24 de marzo de 2022, es probable que la “memoria” sea más incómoda que nunca. Por enésima vez, los herederos de Luder-Isabel Perón, de un lado, y del gorilismo, del otro, acaban de renovar el pagaré vitalicio del FMI y los fondos internacionales sobre Argentina. Las circunstancias, sin embargo, revisten una gravedad excepcional. Es que todos los protagonistas de este acuerdo lo saben inviable –asistimos a una incierta tentativa de postergar la cesación de pagos por dos o tres años–, a cambio de un menú de tarifazos, devaluaciones y ajustes sobre un pueblo que ya alcanza el 50% de pobreza. El escenario internacional del acuerdo, por otra parte, es el de una guerra de alcance internacional. Es el estallido de todas las contradicciones irresueltas de ese capitalismo en decadencia. A la condición intolerable del ajuste “propio”, se agrega la emergencia de una crisis alimentaria mundial, o sea, una guerra internacional contra el derecho de las masas a, siquiera, comer.
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¿Cuál es la respuesta del régimen político a esta crisis excepcional? La impotencia, el compromiso de hierro con los intereses del capital. No sorprende, en este cuadro, que los partidos y el régimen político responsables de este impasse histórico se debatan en crisis y fracturas sin remedio.
Entre los trabajadores, jubilados, explotados, que viven una agresión social intolerable, crece sin embargo una enorme inquietud y deliberación política. A despecho de la “desmemoria” de los que mandan, se han desarrollado en estos años varias generaciones de luchadores, en oposición a los partidos y al régimen del capital. La verdadera “memoria”, la que ha batallado contra el saqueo a los de abajo, trabaja para agrupar y organizar a los explotados en la perspectiva de su gobierno propio, esa es la única evocación que merecen los 30.000 desaparecidos.
* Marcelo Ramal. Economista. Dirigente de Política Obrera.
