Los resultados de PISA 2025 confirman que la crisis del aprendizaje en América Latina se profundiza. En los 13 países de la región que participaron, tres de cada cuatro estudiantes de 15 años (76%) no alcanzan el nivel básico en matemática, y más de la mitad queda por debajo del mínimo en lectura (59%) y en ciencias (57%). En los países de la OCDE, la proporción es de uno de cada tres.
Esta crisis llega en el peor momento financiero. Hace poco más de un año, Estados Unidos anunció un fuerte recorte de Usaid, y poco después el Reino Unido redujo su asistencia oficial para el desarrollo del 0,5% al 0,3% del producto nacional bruto, un 40% menos de lo comprometido. En 2024, la OCDE registró la mayor caída interanual de la ayuda al desarrollo en décadas. Las consecuencias pueden ser graves: si la tendencia continúa, se estima que 4,5 millones de niños menores de cinco años podrían morir de aquí a 2030 en 93 países de ingresos bajos y medios. La pregunta ya no es cuánta ayuda para el desarrollo hay, sino con qué eficacia se usa.
Gastar más no es gastar mejor. Colombia ofrece un ejemplo elocuente. Hace más de una década, reemplazó sus hogares comunitarios de cuidado infantil por grandes centros institucionales, de un millón de dólares cada uno y con un gasto anual de US$1.500 por niño. Un ensayo controlado aleatorizado mostró que los resultados no eran mejores –y en algunos casos peores– que los de los hogares comunitarios, que costaban US$440 por niño al año.
La diferencia entre un programa que funciona y otro que no casi nunca es azar: depende de que se diseñe y se ajuste con evidencia rigurosa. Cuando los recortes obligan a decidir qué mantener, adaptar o cerrar, sin esa evidencia las decisiones quedan expuestas a la conveniencia política antes que al impacto comprobado.
Tal como se hace en el sector privado, los gobiernos deberían invertir sus recursos escasos en aquellos ámbitos en los que el retorno es mayor. Las relaciones beneficio-costo permiten medirlo: cuando los beneficios monetizados –idealmente estimados mediante ensayos aleatorizados– superan los costos, el programa vale la pena.
Una política basada en evidencia. Lo que vimos en los resultados de PISA 2025 muestra, por ejemplo, que el uso intensivo de la tecnología en el aula ya se asocia con puntajes más bajos en ciencias en toda la región. Esto refuerza la evidencia sobre las restricciones al uso del celular en las escuelas, una medida fácil de escalar y prácticamente gratuita. Una política basada en evidencia puede lograr lo que más gasto, por sí solo, no consigue.
Los programas más transformadores no son necesariamente los más caros. La pregunta no es si podemos permitirnos investigar qué funciona en educación, sino si podemos seguir adelante sin hacerlo.
*Profesora de Economía y Psicología Aplicada. Directora del centro de investigación Global TIES for Children de la Universidad de Nueva York.
