"A mí este pendejo no me va a correr". El Presidente se preparaba el viernes a la noche para abordar el vuelo comercial que lo iba a llevar a EE.UU., donde disertó en un evento conservador y consiguió su ansiado encuentro con Donald Trump, cuando recibió la noticia de que el gobernador de Chubut, Ignacio ‘Nacho’ Torres, amenazaba con cortar el suministro de petróleo y gas de su provincia al resto del país. Masculló su reacción de inmediato.
La advertencia chubutense obedeció al recorte del envío de un tercio de la coparticipación que debía mandarle el Gobierno nacional. La retención ocurrió a cuenta de una deuda provincial con un fondo nacional que estaba pendiente de refinanciación por unos 12 millones de dólares. Doce, sí, no falta ningún cero.
Más allá del intercambio de mensajes, mails y chats en torno a esa renegociación, de la que estaba al tanto el asesor presidencial premium Santiago Caputo (cuya consultora asesoró a Torres en su campaña provincial y el gobernador lo llamó para pedirle que interceda), este nuevo incidente entre la Nación y los estados federales está escalando a niveles peligrosos que pueden acercar al país a riesgos institucionales.
Aunque en el fondo la discusión es por plata -siempre es por plata-, las medidas con las que se desafía lucen desproporcionadas ante los efectos reales que ocasionarían.
Que las autoridades nacionales le retengan a una provincia desfinanciada (por muy malas gestiones anteriores) un porcentaje de los fondos que le corresponden, la expone a una crisis de magnitud. Agravado esto por una caída profunda en la recaudación de impuestos coparticipables.
Javier Milei detonó la relación con los gobernadores y abrió una guerra con resultado indescifrable
Que el gobernador de Chubut, respaldado en lo formal por casi todos sus colegas, plantee el reto de que desde su provincia no saldrá más energía hasta que se halle una solución tampoco parece el camino ideal. Además es impracticable: debería contar con el apoyo de las empresas petroleras que operan en el lugar y de los gremios del sector, que ya avisaron que evitarán subirse a este conflicto.
Al modo de represalia chubutense se sumaron este martes el fueguino Gustavo Melella (también con un corte del combustible) y el bonaerense Axel Kicillof, que chicaneó con cerrar sus puertos y corredores viales. Una Argentina que vuelve a los tiempos de Juan Manuel de Rosas y la puja entre el centralismo y las provincias.
La tensión entre Javier Milei y los gobernadores se aceleró desde la caída del proyecto de ley ómnibus. El Presidente responsabilizó de ello a los mandatarios provinciales e inició el operativo venganza con la motosierra. Chau a los subsidios para el transporte, al fondo de incentivo docente, a fondos fiduciarios y a transferencias discrecionales. Se sumaban a la despedida de la obra pública. Y se podría recargar desde ahora con la generalización de la demora en mandar la coparticipación y la asistencia a las cajas previsionales de cada distrito.
“Los voy a dejar a todos sin un peso”, prometió hace semanas un Milei enardecido en una reunión de Gabinete para domar a los jefes provinciales. En ese proceso está.
Del otro lado y con matices, los mandatarios intentan armar un megabloque de resistencia y contraataque. La vendetta oficialista es tan furibunda que hasta los del PRO (como Torres) debieron endurecerse. La única excepción es el peronista tucumano Osvaldo Jaldo, que mutó definitivamente a una conveniente funcionalidad libertaria. Se verá hasta cuándo.
La nueva encuesta sobre la gestión de Milei: la mitad la aprueba, pero el apoyo está cayendo
Uno de los caminos de la contraofensiva provincial se construye en el Senado. Allí el kirchnerismo tiene la primera minoría y con un puñado de votos más alcanzará el quórum. ¿Para qué? Para rechazar el mega DNU que el Gobierno lanzó poco después de asumir. Ese plus de otras fuerzas ya se lo estarían dando el santacruceño Claudio Vidal, el rionegrino Alberto Weretilneck y el cordobés Martín Llaryora. No serían los únicos.
El desafío provincial podría replicarse en Diputados, por lo que perdería vigencia el DNU sobre el que Milei activó gran parte de su gestión y, sobre todo, de su batalla cultural contra lo que él gusta en llamar casta.
Exacerbados en sus ímpetus, en especial si avanzan con la derogación del DNU, ya hay mandatarios y legisladores que empezaron a diseminar como un rumor la posibilidad de que analicen iniciar juicio político al Presidente, lo que podría derivar en su destitución. Algo inédito en 40 años de democracia, pese a que está contemplado en la Constitución Nacional. Acaso sea una prueba de laboratorio para presionar a la Casa Rosada.
En medio de una situación social y económica muy complicada, la política argentina insiste en acelerar hacia un posible abismo antes que abocarse en conjunto a resolver problemas acuciantes. Ojalá frenen antes del salto al vacío.
