Las adicciones a sustancias psicoactivas constituyen un problema sanitario que degrada las capacidades de desarrollo humano e integración social a nivel personal, familiar y colectivo. Si bien el drama afecta a todos los grupos sociales, las principales víctimas son los jóvenes, especialmente aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares y/o comunitarias de apoyo, contención y asistencia. Sin duda, esto debido a la ausencia una vez más de un Estado capaz de ocuparse de la prevención, atención y solución de los problemas cruciales de la sociedad.
En este contexto, la venta ilegal de drogas en los espacios urbanos, la conformación de organizaciones criminales detrás del negocio, la lucha entre bandas por el control de los territorios y de las víctimas, la cooptación creciente de familias, jóvenes y adolescentes para formar parte del negocio y de sus riesgos, y, no menos importante, la colusión de actores políticos, policiales y judiciales, sea como socios o cómplices, son fenómenos brutales corrientes –aunque no tan visibilizados– de una sociedad abrumada y desgarrada por la pobreza y las desigualdades crecientes, a la vez que sometida a la incapacidad de los actores políticos para hacer causa común alrededor de problemas urgentes.
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La evidencia da cuenta de que se trata de un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión ha crecido durante las últimas dos décadas a nivel general. En promedio, uno de cada cuatro hogares a nivel nacional (26,5%) identifica la existencia de venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o vecindario, pero este promedio encubre fuertes diferencias. Esta situación se hace presente (visible) en el 12,1% en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un 31,1% en el conurbano bonaerense y en un 32,8% en el Gran Rosario, en ambos casos por arriba de lo que ocurre en otras grandes y medianas ciudades del país (26,7% y 25,7%, respectivamente). La ausencia de presencia o vigilancia policial incrementa el riesgo de venta o tráfico de drogas en los barrios a 36,3%. Sin embargo, que tal vigilancia exista solo reduce el riesgo al 22%.
Ahora bien, en la medida en que los territorios se hacen más pobres, más lejos queda la gente de la protección del Estado, a la vez que más cerca del poder paralelo del narcotráfico. En efecto, si bien la venta y el consumo de substancias ilícitas atraviesa toda la estructura social, es en los espacios urbanos más vulnerables donde adquiere mayor penetración, visibilidad y consecuencias más graves, formando parte estructural de la vida económica y social de los barrios más pobres. El dato es revelador: en las villas o asentamientos, la percepción de venta de drogas sube al 49,2%, así como al 41,2% en los barrios populares de clase baja. En los barrios de clase media este riesgo cae al 20,3% y en los de clase media alta al 3,9%. En estos barrios no es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad.
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Asimismo, si bien llama la atención de que el problema se hace más frecuente en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires (65,1%) o de las ciudades no metropolitanas (64,3%), está mucho más extendido en los barrios populares del conurbano bonaerense y de otras ciudades metropolitanas. Y aunque lo que ocurre en el Gran Rosario está generalizado, es evidente que la problemática es todavía más grave: la presencia de venta de drogas alcanza en esta ciudad los valores comparativos más altos, tanto a nivel villas y asentamientos como a nivel general (76,3% y 32,8%, respectivamente), incluso cuando existe presencia policial en el barrio (38,6%).
El tráfico y la venta de drogas en los barrios populares es una actividad económica que se apoya en una red de organización no muy compleja, pero de mucho poder local debido a su extendida penetración entre los jóvenes, la participación de redes familiares, la ausencia del Estado y/o su convivencia con las fuerzas de seguridad. Dado sus altos niveles de rentabilidad abarca un amplio conjunto de actividades y actores que operan por fuera de la economía formal, y sus agentes compiten entre sí a través de la violencia y el reclutamiento de jóvenes, en un mercado sin reglas ni regulaciones, sometido a las leyes de la violencia y el crimen.
En este sentido, no debe llamar la atención de que la venta de drogas en los barrios desciende de manera poco relevante ante una mayor presencia policial, con excepción de los barrios de nivel socioeconómico medio o altos, donde la presencia de fuerzas de seguridad logra mayor impacto. Esto estaría indicando que en los barrios más pobres o medios no profesionales existe un déficit de control, falta de efectividad o connivencia policial con esta forma de comercio ilegal. Sin falsos dilemas garantistas, la prevención del consumo de las sustancias psicoactivas debe incluir impedir la libre distribución y comercialización de drogas. En este caso, la conducta preventiva debería centrarse en intervenciones que interrumpan y eviten la producción, venta y tráfico de drogas a nivel social.
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En hogares donde son más precarias las condiciones socioeconómicas, educativas, laborales y residenciales se registran mayores índices de droga dependencia y tráfico ilegal. Mejorar la calidad educativa, crear un hábitat inclusivo, acceder a mejores escenarios de vida y de empleo son factores que reducen de manera significativa en riesgo a adicciones, actividades ilegales y violencia social entre los sectores más pobres.
Por lo mismo, la lucha contra el narcotráfico no puede centrarse en una acción represiva sobre las víctimas de las adicciones, sino que debe fundarse en extremar acciones para perseguir el negocio, reprimir a sus responsables y disolver a las organizaciones delictivas, circuitos económicos y políticos y de seguridad que protegen y promueven la venta y consumo de drogas ilegales. Para ello es necesario establecer un consenso amplio entre las fuerzas políticas y organizaciones sociales del país sobre políticas estratégicas que tengan como objetivo prioritario tanto combatir el delito organizado como promover la inclusión social de las poblaciones en riesgo, en clave tanto nacional, provincial como municipal.
*UBA/CONICET - Observatorio de la Deuda Social Argentina/UCA.
