La gente ama la imagen del abogado heroico que logra la libertad de un inocente con un alegato brillante, como si el ejercicio del derecho penal fuera una escena de película. Pero en la justicia argentina las cosas no funcionan así. La libertad no depende únicamente de tener razón, ni de la inocencia, ni siquiera de la verdad histórica de los hechos. Depende de una defensa real, estratégica y atenta. Por eso, aunque duela admitirlo, muchas veces no queda en libertad el inocente, sino el mejor defendido.
La mayoría de los imputados en nuestro país recae en la defensa oficial. Y si bien hay defensoras y defensores con compromiso y formación, el problema es estructural: falta de recursos, agendas imposibles, falta de acompañamiento técnico y expedientes que se atienden minutos antes de una audiencia. No es un señalamiento personal, sino institucional.
Con tantas causas abiertas, el derecho a la defensa se convierte, muchas veces, en un acto simbólico: un casillero marcado en un expediente para que el proceso avance, no para garantizar que la persona entienda y participe de su propio destino judicial.
En ese contexto, la figura del abogado particular deja de ser un servicio accesorio y se transforma en una herramienta de supervivencia procesal. Cuando alguien contrata defensa privada, no está pagando formalismos: está pagando tiempo, dedicación, estudio del expediente, control de legalidad, impulso de la investigación, contacto con la familia y presencia constante, incluso cuando nadie está mirando. Está pagando que su caso no sea uno más. Está pagando, en definitiva, que alguien se haga cargo.
Los acusados en casos claves que prefieren a los defensores oficiales
Se ve todos los días. Llaman familiares diciendo que no saben qué firmó un detenido, que nadie les explica qué pasó en la audiencia, que no entienden si están ante una condena inevitable o una negociación posible. Cuando el letrado llega al expediente y encuentra medidas no pedidas, controles no realizados o audiencias donde se habló más de tiempos que de derechos, se confirma lo que muchos ya sospechan: en Argentina, la justicia no siempre se gana discutiendo inocencia, sino discutiendo estrategia.
El trabajo cotidiano lo demuestra. Madrugada, una llamada desde una comisaría antes de una declaración sin asesoramiento. Mañana, contención de una familia perdida en trámites. Tarde, audiencias donde hay que exigir el cumplimiento de garantías básicas para que la detención no se convierta en castigo anticipado. Noche, análisis de prueba para una audiencia del día siguiente. Y así, todos los días. Ese tiempo no figura en ninguna resolución judicial, pero define resultados.
Por supuesto, nadie honesto puede prometer absoluciones mágicas. Nadie serio garantiza que todo va a terminar bien. Pero una defensa particular sí garantiza algo más importante que las promesas: que la persona no está sola. Que hay alguien revisando cada línea del expediente, cada actuación policial, cada omisión fiscal y cada silencio institucional.
Y en el fuero penal, donde todo puede cambiar en una audiencia de quince minutos, esa diferencia es enorme.
Por eso tener un abogado particular no es una cuestión de status, sino de supervivencia jurídica. En un sistema donde hay que pelear para que los derechos se ejerzan y no solo se mencionen, la defensa privada puede ser la única oportunidad de que un proceso penal sea realmente justo.
La justicia no debería depender de esto. Pero hoy, en Argentina, muchas veces depende. Y mientras ese sea el escenario, conviene ser claros: cuando la libertad está en juego, no alcanza con tener razón. Hace falta estar bien defendido.
