Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, los ex fiscales de la causa AMIA José Barbaccia y Eamon Mullen, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y hasta Claudio “el Mono” Minnicelli, cuñado de Julio De Vido, son algunos de los procesados en causas resonantes que en los últimos años eligieron ser representados por defensores oficiales.
En Tribunales, elegir este cuerpo de abogados es interpretado como una cuestión de imagen. Además de tratarse de un cuerpo de letrados reconocido por su prestigio, para una figura cuestionada, tener una defensa oficial –a la que deben acudir obligatoriamente quienes carecen de los medios para pagar un abogado privado– es un punto a favor. “Colabora con la idea de quedar como una víctima, a pesar de que estés en el banquillo de los acusados”, resumió una fuente judicial a PERFIL. Esta y otras fuentes consultadas coinciden, incluso, en que en este tipo de casos se trata más de eso que de un tema económico. Aunque el dinero, a la hora de elegir una defensa en casos de alto voltaje, pesa.
En el pasado hubo un caso icónico con este tipo de defensa: el de la fallecida ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray. Acorralada por las causas de corrupción en su contra, Alsogaray contó con defensa oficial tanto en instrucción, luego de pelearse con su defensa privada, como en la etapa de juicio oral (ver recuadro).
“Las personas asistidas no pueden elegir a cualquier defensor público, se les designa el que está de turno con el juzgado donde se tramita la causa en la que la persona está imputada”, explicaron en la Defensoría General de la Nación, el órgano que dirige a los defensores oficiales.
Otros de los que suelen elegir las defensas oficiales son los militares acusados de delitos de lesa humanidad, entre ellos el más recordado es el caso del fallecido represor Jorge Rafael Videla. El detalle de la imagen ante los jueces que deben juzgarlos parece ser un aspecto clave.
Los ex fiscales Müllen y Barbaccia, ejes de la polémica por la decisión de la querella del Ejecutivo de desistir de pedir condenas para ellos en el caso de supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, tuvieron abogados privados durante la instrucción, pero se inclinaron por la defensa oficial a la hora del debate oral y público. Un tipo de elección que se repite en varios casos.
Contra las cuerdas. La elección de defensor oficial para los debates, además de una cuestión de imagen, tiene un beneficio económico. Un juicio de características como el de la AMIA, que ya promedia los dos años y medio, tiene “un piso de honorarios de cien mil dólares, hablando de un penalista normal. Si se elige una primerísima línea, ese monto puede llegar a multiplicarse hasta diez veces”, confió un reconocido penalista con trayectoria en Comodoro Py.
Un procesado que tenía contratado a uno de los penalistas más importantes del país y cambió por un defensor oficial es el contador Manzanares. El cambio se dio a fines de enero cuando, en medio de rumores de que apuntaría con su testimonio a la ex familia presidencial, dejó de tener los servicios de Carlos Beraldi, quien representa a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos.
La estrategia fue similar a la de Vandenbroele, quien a mediados de noviembre pasado cortó el vínculo con su último abogado y comenzó a ser representado por una defensora oficial. Por entonces ya maduraba la idea de convertirse en “imputado arrepentido”, figura a la que pidió adherirse apenas horas después de cambiar de abogado. Tras esa petición brindó una extensa declaración en la que detalló cómo habrían sido las maniobras para intentar quedarse con Ciccone. Apuntó al ex vice Boudou, al ex banquero Jorge Brito y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Desde la Defensoría General también detallaron que “el defensor se puede excusar de asistir a una persona por existir intereses contrapuestos con otros asistidos o justificando debidamente la imposibilidad –por alguna cuestión particular– que le impida ejercer la debida defensa técnica de la persona”.
Alsogaray tuvo que pagar por su defensa
En uno de los casos emblemáticos, la fallecida ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray finalmente fue condenada a pagar a la Defensoría General de la Nación los honorarios de su defensora. Desde el organismo explican que, en caso de haber una condena, y si el acusado tiene medios económicos, “el juez deberá regularle honorarios que serán pagados al Ministerio Público de la Defensa (no al defensor que intervino), y estos fondos van a una cuenta que se dedica a capacitación y a afrontar situaciones excepcionales (contratar un perito o un asistente social, comprar un remedio urgente para un asistido, etc.)”. Así sucedió con Alsogaray, que fue representada por la defensa oficial: le regularon honorarios y los pagó. En 2004 debió abonar, por orden del tribunal, $ 80 mil.
