Con encuestas sobre la mesa, el presidente Mauricio Macri advirtió que una de las dos demandas más importantes de los argentinos es la inseguridad, razón suficiente para ejecutar alguna modificación en el rol de las FF.AA para generar unos gramos de impacto positivo en la “percepción” de seguridad colectiva. Quizás, esto ayude a detener, un rato, la caída de la imagen del gobierno nacional. Pero usar a los militares como estrategia de marketing político es una maniobra arriesgada.
Platón, en su obra La República, expresa que los guerreros debían estar abocados a la defensa externa, pero aclara que ese grupo debía, además, estar subordinado directamente al poder político y mantenerse al margen de lo político. En la Argentina actual, la economía no sólo no arranca, sino que retrocede y se viene un semestre aún más frío para los bolsillos de muchos de sus habitates. Ante este escenario, el gobierno nacional decidió reformular el rol de las FF.AA. mediante el Decreto 683/2018. Se modificó el Decreto 727/06 firmado por Néstor Kirchner y se derogó el decreto 1691/06 –también firmado por NK– que impedía que los militares actuaran en seguridad interior. El presidente Macri dijo que entre las nuevas funciones de las FF.AA. estará la actuación en Seguridad Interior y la participación "en la custodia y protección de objetivos estratégicos". Esto quedó plasmado en el artículo 24bis del nuevo Decreto, que establece que el Sistema de Defensa Nacional "ejercerá la custodia de objetivos estratégicos".
Nadie especificó cuáles son estos objetivos, lo que genera preocupación en amplios sectores sociales. El gobierno argumentó que se aguarda que el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, mantenga reuniones con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich para especificar esos objetivos. Inquieta que se hable tan livianamente de Seguridad Interior y también la ausencia de precisiones conceptuales claves. La injerencia de las FF.AA. en la protección de la seguridad interior de la Argentina siempre generó fuertes resquemores, principalmente porque desde 1930 hasta 1982, se produjeron seis golpes de Estado. Los bastonazos al sistema democrático tuvieron lugar en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. La sexta y última interrupción del régimen democrático, fue el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” que se caracterizó por la violación sistemática de los derechos humanos. Este recuerdo despierta las alarmas de Organizaciones vinculadas con los Derechos Humanos.
Desde la recuperación de la democracia en 1983, los distintos gobiernos constitucionales emplearon distintos elementos para lograr la subordinación de las FF.AA. al poder civil, y para diferenciar claramente Defensa y Seguridad Interior, como una verdadera política de Estado. La Ley de Defensa Nacional, promulgada en 1988, establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional, fijando sus finalidades y delimitándola claramente de la Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior sancionada en 1992, establece el no empleo, en principio, de las Fuerzas Armadas dentro del campo de la Seguridad Interior (principio de subsidiariedad), pero fija diversos supuestos de participación eventual, en roles de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, mediante la afectación de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte y de elementos de ingenieros y comunicaciones (principio de complementación). Complementan esta base piramidal del Sistema de Defensa Nacional, la Ley de Reestructuración de las FF.AA. (sancionada en 1998) y la Ley de Inteligencia de 2001. Resulta extraño que ni los medios ni los políticos hicieron mención al Libro Blanco de Defensa Nacional, documento donde se explicita la política de Defensa del país para generar confianza hacia el exterior y transparencia hacia el interior. Pero, como decía mi abuela, los vientos no siempre vienen igual…
Si la intención era enviar militares a la frontera para poder traer a los gendarmes a las zonas más calientes del delito, no era necesario hacer anuncios y textos confusos que pueden terminar enviando a los militares a las calles con alguna interpretación malintencionada de la frase “apoyo logístico a las fuerzas interiores”.
Entre los cambios más relevantes al decreto 727/06 de Defensa Nacional, el nuevo texto indica en el artículo 1º que las Fuerzas Armadas "serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas". Esto habilita para que las FF.AA puedan enfrentar conflictos de nuevo tipo como el narcotráfico y el terrorismo. Aún no hay consenso en la comunidad internacional para definir terrorismo. El politólogo Robert Keohane la define como “Globalización de la violencia informal”, pero despierta incertidumbre qué se entenderá por terrorista en el territorio nacional, habida cuenta de que ahora quienes sean catalogados como tales, podrán ser combatidos por las FF.AA.
Si la intención era enviar militares a la frontera para poder traer a los gendarmes a las zonas más calientes del delito, no era necesario hacer anuncios y textos confusos que pueden terminar enviando a los militares a las calles con alguna interpretación malintencionada de la frase “apoyo logístico a las fuerzas interiores”. Existen 800 puestos de Gendarmería en las fronteras. La ciudadanía debe comprender que lo que parece lo mismo no siempre es igual. Una cosa son las Fuerzas de Seguridad y otra son las FF.AA. Las funciones y capacidades de unas y otras difieren. La remuneración que reciben también es distinta. Ahora bien, está claro que la inseguridad es una demanda principal en la Argentina (salta en todos los sondeos serios), pero es necesario conocer diagnósticos científicos que permitan observar la radiografía de este flagelo social. Hay tres variables clave para medir la inseguridad de un país: a) tasas de homicidios cada 100 mil habitantes; b) tasa de robos cada 100 mil habitantes y c) sensación de inseguridad.
Las estadísticas criminales exhibidas por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, revelan que el país gobernado por Mauricio Macri es el segundo país (después de Chile) con menor cantidad de homicidios en América Latina. Posee una tasa de de 5,2 homicidios cada 100 mil habitantes, indicador similar al de EE.UU.). El Salvador tiene 60 homicidios cada 100 mil habitantes; Venezuela 89, Brasil 30 y Colombia 22, por mencionar algunos datos que permitan dimensionar que se trata de un fenómeno global. Esto no pretende minimizar ni esconder el problema de la Argentina. Se trata de tener diagnósticos que permitan comprender mejor el fenómeno.
El dato que pocos comentan, es que en la Argentina la tasa de robo cada 100 mil habitantes duplica la tasa promedio del hemisferio. Según un informe que publicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), Argentina es en promedio el país con más robos de América Latina, seguido por México y Brasil. Con una tasa de 973,3 robos cada 100.000 habitantes, Argentina figura primero en el ranking, mientras que México con 688, Brasil con 572,7 y Uruguay con 456,6 lo siguen. También un informe de la OEA (2012), reveló que la tasa de robos en la Argentina fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en el continente era de 456 cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Seguridad de la Argentina confirmó recientemente, en 2018, que la tasa de robos en el país en 2017, fue de 991 cada 100.000 habitantes. Es decir, creció con respecto a los datos esgrimidos por la ONU y la OEA. Tal vez esto explique mejor la elevada sensación de inseguridad que se respira.
Pensar que solamente con más tanques, más aviones y leyes más duras se terminará la inseguridad, es una mera fantasía. Sin una política social que complemente, ese noble deseo no se cumplirá.
Duele expresar que en América Latina vive sólo el 9% de la población mundial pero se comete el 33% de los homicidios del planeta. Como lo expresa el informe Seguridad Ciudadana en América Latina, del Instituto Igarapé, una fundación brasileña de investigación, la región tiene 17 de los 20 países con más asesinatos del mundo (El Salvador, Venezuela, Honduras, Brasil, Guatemala, Colombia y México, por nombrar algunos). Y de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 se encuentran en América Latina: 17 en Brasil y 13 en México, justo los países donde las FF. AA., tienen injerencia en el plano interno. En 2017 México vivió el año más sangriento de los últimos 20 años, superando los 23.000 homicidios intencionados, según datos de la Secretaría de Gobernación. En el ranking de 2017, cinco de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Esto pone de relieve el nivel de violencia del Estado azteca, que le declaró la guerra al narcotráfico en 2006 y usa a sus militares en el plano interno.
Lo que debemos entender es que la enfermedad que exhibe esta tomografía de seguridad, debe ser curada por las Fuerzas de Seguridad Interior y por políticas de desarrollo e inclusión social, y no por un medicamento que no es idóneo para esta patología. Los grises preocupantes del Decreto pueden tirar más leña al fuego en momentos donde los indicadores de pobreza, actividad económica y desempleo empeoran y la conflictividad social se agudiza por los nuevos colectivos de excluidos.
Es interesante observar –sin lentes contaminados de fanatismos ideológicos– dónde se concentran los homicidios, cuál es el segmento etario más vulnerable y otros patrones que derrumban mitos urbanos pero que no dejan de escandalizar al investigador. El mejor antídoto contra la inseguridad es el desarrollo. Un grupo de investigadores del Banco Mundial realizó un análisis de más de 2.000 municipalidades en México, y encontró que las localidades menos desigualdad tienen tasas de homicidios menores. Una política de seguridad ideal debe basarse en dos aspectos: disuasión e inclusión. Pensar que solamente con más tanques, más aviones y leyes más duras se terminará la inseguridad, es una mera fantasía. Sin una política social que complemente, ese noble deseo no se cumplirá. Lo que debe quedar claro es que la disuasión en el plano interno le compete a las Fuerzas de Seguridad, y no a las FF.AA. y que estas modificaciones de la Defensa dejan la puerta entreabierta para posteriores decisiones, aunque a esta altura es sabido que este nuevo rol de las FF.AA. no es ni será el mejor dique de contención de la crisis.
Hay otro aspecto de la Defensa que merece atención. Eliminadas las hipótesis de conflicto con los países de la región en la década de 1990 –mediante el empleo de medidas de fomento de la confianza para lo cual las Declaraciones de Santiago de Chile de 1995 y de El Salvador de 1998 jugaron un papel importante–, una de las amenazas actuales es el cambio climático. Enfrentar a un enemigo totalmente distinto a las FF.AA. tradicionales, requiere preparación especial y una logística aceitada. La Unidad Medioambiental de Emergencia (UME) de España es un interesante ejemplo de este nuevo rol de las FF.AA. en el siglo 21. En la región, Chile es otro caso a observar en este sentido. No hubo anuncios ni medidas al respecto. Habría sido importante para los militares, para los ciudadanos, y para la Argentina. Aunque tal vez, no sea efectivo en términos de marketing político.
(*) El autor es Director del Diplomado en Gestión de Gobierno de la Universidad de Belgrano; especializado en Defensa y Seguridad en la Universidad Nacional de Defensa de Washington; autor del libro Postales del Siglo 21.
