Hace unos meses, en lo que pareciera ser un retroceso a la Guerra Fría, Suecia movilizó por primera vez en 40 años de todos sus cuadros de reservistas para evaluar su capacidad de reacción frente una posible invasión. Casi en simultaneo, Nueva Zelanda publicó su Declaración de Política de Defensa Estratégica donde se alinea la política de defensa con las prioridades de política exterior en un contexto estratégico cambiante. Un año antes, una compañía petroquímica en Arabia Saudita fue receptora de un ataque cibernético que tenía como objetivo el colapso de los sistemas informáticos para lograr una explosión en la planta.
Estos tres ejemplos de países muy diferentes, en contextos estratégicos divergentes y con realidades operativas y presupuestarias desiguales, nos permiten entender dos cosas: 1) las amenazas cambian de la mano de las mutaciones de nuestro ámbito estratégico; y 2) nuestra política de defensa solo es efectiva en cuanto se base en un profundo entendimiento de nuestro lugar en el mundo y siga las premisas centrales de nuestra política exterior.
Opinión pública ante el tema militar: una grieta que se extiende también a los cuarteles
El Decreto 638/18 y la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto 703/18) son reflejo de una nueva comprensión de la defensa en el contexto global y regional actual, mientras que a su vez logran construir sobre un consenso vital de nuestra sociedad: la diferenciación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior que ha sido, y sigue siendo, una herramienta central para el fortalecimiento de nuestra democracia.
La directiva permite dar el primer paso en la planificación de capacidades militares para unas Fuerzas Armadas en concordancia con el mundo en el que vivimos, dado que la defensa del siglo XXI en nuestro país ya no puede basarse en concepciones territorialistas que han perdurado más de 150 años, ni en estructuras operativas y administrativas diseñadas durante la ultima dictadura, ni en un entendimiento del mundo basado en visiones anteriores al fin de la Guerra Fría. El mundo al que nos integramos es un mundo de oportunidades, pero a su vez está repleto de amenazas que no pueden ser detenidas o disuadidas con unas Fuerzas Armadas del siglo pasado.
Tenemos la suerte de que nuestras leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional nos dan un marco jurídico sólido para definir roles, funciones y limitaciones de las diferentes instituciones, pero sin restringir nuestra capacidad para adaptarlas al nuevo escenario internacional. Es así como podemos refinar nuestro entendimiento de lo que son “agresiones de origen externo” para incluir amenazas latentes como el terrorismo internacional o el crimen organizado transnacional, así como podemos construir capacidades para la protección de objetivos estratégicos por parte de las Fuerzas Armadas al crear las estructuras necesarias para resguardar el ciberespacio e impedir ataques como el de Arabia Saudita. De forma similar nuestro instrumento militar podría utilizar los medios de los que dispone para detectar e interceptar aeronaves que busquen perpetrar un atentado en nuestro territorio, o podrá proveer a nuestros gendarmes y prefectos de valiosas capacidades de transporte terrestre y aéreo para poder asegurar su despliegue en los puntos de nuestro territorio donde se los necesite. Todos estos casos requieren de capacidades y responsabilidades que no pueden recaer sobre las Fuerzas de Seguridad, sea porque están fuera del marco legal que las regula o porque estas fuerzas carecen de las capacidades operativas y presupuestarias necesarias.
Cambios que no fortalecen la Defensa Nacional
Es así que debemos entender la importancia de mantener las funciones de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad como se viene haciendo desde los operativos Escudo Norte en 2011 y Fortín II en 2013: por las características de sus funciones, las Fuerzas Armadas siempre van a disponer de medios y herramientas que pueden ser complementarios al accionar de las Fuerzas de Seguridad. ¿Por qué proveer a la Gendarmería de radares para detectar aeronaves cuando la Fuerza Aérea ya dispone de estos medios y capacidades? ¿Por qué expandir una defensa civil con miles de camiones y vehículos todo terreno cuando el Ejército ya opera los mismos? ¿Por qué dotar a la Prefectura de aviones de exploración y patrulla marítima cuando la Armada ya dispone de una flota propia? Las Fuerzas Armadas disponen de una gran cantidad de medios de uso dual, o sea esenciales para las funciones del instrumento militar, así como también adecuados para proveer de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y brindar ayuda humanitaria de cara a desastres naturales sin la necesidad de que se tengan que desplegar soldados en las calles o que estos patrullen nuestras fronteras.
Finalmente, y quizás lo más relevante para la reconceptualización de nuestras Fuerzas Armadas, es que no podemos continuar sosteniendo incongruencias entre nuestra política de defensa y nuestra política exterior. No podemos hablar de MERCOSUR o de cooperación con nuestros vecinos cuando nuestro despliegue territorial sigue siendo el mismo que se concibió en base a hipótesis de conflicto con Chile y Brasil. No podemos integrarnos a un mundo que reconoce la amenaza externa de grupos armados no estatales, mientras decidimos ignorar esa problemática en nuestra región. No podemos declararnos defensores de la soberanía mientras somos incapaces de ejercer dicha soberanía dada la falencias presupuestarias y operativas de nuestras Fuerzas Armadas. No podemos hablar de inserción inteligente si nuestra defensa se basa en visiones de la Guerra Fría. No podemos jactarnos de modernizar el Estado Argentino mientras seguimos manteniendo unas Fuerzas Armadas del siglo XX. Y tampoco podemos adentrarnos en un mundo de incógnitas e incertidumbre sin un instrumento militar que nos brinde la capacidad de defender nuestra soberanía y nuestros intereses de las amenazas de un escenario internacional cambiante.
Es así que debemos entender a la defensa como un instrumento integral de nuestra política exterior, y, por ende, un instrumento que se deberá modernizar a la par de nuestra diplomacia.
(*) Analista Internacional especializado en Política Exterior, Defensa, Seguridad y Derechos Humanos
