El contexto epidemiológico, que nos obliga a aislarnos, nos exige repensar el rol del Estado y considerar nuevas definiciones. En el mismo sentido, nos enfrenta a plantearnos nuevos desafíos de políticas públicas en lo que a asistencia social respecta.
En nuestro país, según el INDEC, la pobreza aumentó del 32% al 35,5% entre el 2° semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019; y la indigencia, del 6,7% pasó al 8%. Ello no hace más que confirmar la necesidad de diseñar imperiosamente políticas públicas donde cada ministerio participe en su elaboración y que puedan ser sostenidas en el tiempo. Hoy, esto no sólo se ha convertido en algo prioritario, sino que es indispensable que así suceda.
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La pandemia de coronavirus que hoy padece el mundo y ataca a todos por igual, obliga a que en cada rincón del mundo exista un Estado presente con el rol de la política como articulación de consensos y herramientas de transformación social.
No obstante, no es menos cierto que debemos discutir lo antes posible qué esperamos del Estado en una situación como la actual, donde los costos políticos, sociales y económicos para abordar la emergencia son cada vez mayores y, que sin lugar a dudas, existe menos margen para poder otorgar respuestas concretas.
Ya hemos aprendido que un Estado más grande no siempre implica un Estado más presente que garantice más derechos para la gente y si es cierto que si la legitimación del Estado llegó, entonces debemos hacer el esfuerzo para que se quede.
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Necesitamos un Estado que intervenga principalmente en la salud pero sin descuidar la economía. Que ahora mismo comience a articular políticas que nunca fueron concebidas desde su integralidad -incluyendo políticas sanitarias, habitacionales y de desarrollo- y que abarque a todos los sectores por igual para poder llegar a las personas más vulnerables económicamente hablando, a las personas vinculadas al sector informal de la economía, a los monotributistas de bajos ingresos y a las trabajadoras de casas particulares (el 72,4 de las cuales están en la informalidad) y quienes a causa del aislamiento obligatorio sufren una discontinuidad en sus tareas y/o pérdida de ingresos, afectando notablemente su economía.
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Es por eso que el Estado, en un momento de pandemia mundial, donde mucha gente no puede salir a trabajar y por ende generar un ingreso, es el único garante de sostener a dichos sectores y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no solo ha servido para auxiliar a los sectores más postergados sino que ha visibilizado las desigualdades preexistentes, sembrando ciertos interrogantes, que llegaron para quedarse sobre cuál es el papel que debe cumplir un Estado moderno.
* Defensora Adjunta CABA.
