Las expectativas de un rebote económico descansan sobre los pilares de un tipo de cambio competitivo y una renegociación exitosa de la deuda soberana. Ambos pilares requieren una contrapartida fiscal en que la absorción neta de recursos del sector público sea menor. Esto implica una mejora del balance entre impuestos y el gasto público. El sector privado empresario se encuentra atosigado por impuestos que comprometen su viabilidad económica. Los sectores sociales más vulnerables no pueden soportar mayores ajustes sin comprometer sus derechos más elementales. El nuevo gobierno parece ya haberse topado con los límites del carril angosto de su trayectoria fiscal debiendo inevitablemente tocar la puerta de los acreedores.
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En su visión los acreedores privados podrían dar el oxígeno para que la economía tenga una vía de recuperación mediante una quita de la deuda; la reactivación a su vez facilitaría mejoras en la recaudación impositiva y menores demandas de gasto social. Pero ello tampoco resulta sencillo.Con una larga historia de desequilibrios fiscales, defaults, y alta inflación el país tiene poca credibilidad para los acreedores del soberano. No basta con acordar un plan de crecimiento y fortalecimiento fiscal: el mismo debe ser creíble.
El problema de credibilidad también afecta a las empresas y a los trabajadores. Si el sector empresario supiera que la economía tiene un potencial de crecimiento y estabilidad, seguramente estaría dispuesto a repatriar capitales y a hacer el sacrificio tributario aún al costo de una rentabilidad de corto plazo reducida. De otro modo los mecanismos de elusión y evasión se activan tal como ocurre normalmente durante las crisis. Asimismo, para el sector trabajador, el atraso salarial resultaría más tolerable si tuviera mayor certeza que las condiciones laborales mejorarían a raíz de su esfuerzo. De lo contrario, los reclamos sociales también podrían poner en jaque el programa fiscal de estabilización.
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En esta situación, el país se encuentra en un atolladero. La estrategia aquí propuesta consiste en negociar con los acreedores privados un canje de deuda que reduzca la incertidumbre y la poca credibilidad del país (atribuible a su historia). Para ilustrar el caso, se puede argumentar que los acreedores estarían dispuestos a conceder una quita siempre que el gobierno le diera certeza de cumplimiento de sus compromisos futuros. Para ello se puede diseñar un contrato en que la quita se negocia en el presente pero se materializa contractualmente en los años venideros en función del cumplimiento de metas presupuestarias y compromisos. Por ejemplo, y simplificando al extremo, se puede tomar el caso de una deuda de valor facial $100 que contractualmente se debe pagar en los próximos 10 años (a razón de $10 por año); debido a las capacidades de pago, esta deuda se renegocia reduciendo su valor a $70 a pagar $7 por año. Pero si al final del período, el país no cumple con el pago regular de $7 por año, la deuda exigible contractualmente vuelve a ser de $100.
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De este modo se reduciría la incertidumbre que los acreedores enfrentan al momento de conceder una quita -esta se materializaría sólo si el país cumple-. A la vez el país se beneficiaría por estar mejor alineados los incentivos del gobierno para cumplir sus compromisos; ello redundaría en una mejora de su reputación y una reducción de la incertidumbre macroeconómica. Esto a su vez mejoraría su credibilidad ante empresarios y trabajadores contribuyendo indirectamente a que estos acuerden concesiones en el contexto de un acuerdo para estabilizar la economía.
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Siempre habrá acreedores que no querrán aceptar la quita bajo ningún escenario. Estos deben comprender que la quita es el riesgo de mercado que asumieron a cambio de las elevadas tasas de interés recibidas bajo mejores escenarios. Además del seguro implícito que implica una quita contingente, los acreedores tendrán un menor riesgo de default a futuro debido tanto a la menor deuda a servir como a una mejor predisposición del país a cumplir. Esto en sí mismo justifica la baja de la tasa de interés de mercado de la nueva deuda -es decir la quita-.
* Economista (UBA) doctorado en Oxford. Ex gerente del BCRA y ex funcionario del Banco Mundial. Desarrollista inmobiliario.
