A comienzos de 2019, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), presentó el informe sobre el gasto militar mundial en 2018. Este documento puso seriamente en duda que el mundo estuviera marchando hacia un destino pacífico. El documento exhibió que el gasto militar mundial en 2018 representó el 2,1% del PIB mundial. Esto significa que creció 2,6% con respecto al año previo. Según el SIPRI, los cinco países más grandes en este ranking fueron Estados Unidos (649 mil millones de dólares), China (250 mil millones), Arabia Saudita (67,6 mil millones), India (66,5 mil millones) y Francia (63,8 mil millones). Un dato no menor es que 7 de los 15 principales países en el ranking de gasto en defensa, son miembros de la OTAN (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Turquía). Esta ola universal llegó a las costas latinoamericanas, en momentos en que los países de la región viven tiempos convulsionados (o quizás arribó para alterar más la región –todo depende del lente con el que se observe–).
Al sobrevolar los acontecimientos que se suscitan en este rincón del mundo es posible advertir crisis que hacen sangrar a las democracias, inequidad obscena, uberización de economías nacionales, movimientos sociales que expresan su hartazgo y ponen en jaque a gobiernos elegidos por el voto popular, golpes de Estado, corrupción, lawfare, religiones empleadas para convencer a las masas, e incremento de la presencia castrense en las calles (esto último revela la securitización de los conflictos sociales). Existen casos como Chile, en los que las Fuerzas Armadas han conservado la institucionalidad (quedan dudas si lo hicieron para defender la democracia o para defender los privilegios militares que les confirió la constitución pinochetista) y sitios como Bolivia, en los que las Fuerzas Armadas fueron el instrumento utilizado para quitar del poder al gobierno de turno, anexando a su accionar una interpretación fundamentalista del evangelismo, para dotar de unos gramos de “legitimidad” el golpe. Algunos analistas sostienen que, si se instrumentara este mismo método en Medio Oriente, probablemente sería denominado “terrorismo religioso”.
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Los recursos estratégicos de América Latina (litio, agua, petróleo y gas) cada día son más codiciados. Despiertan intereses globales y de élites que buscan conservar sus beneficios. Las grietas ideológicas son nuevos formatos que maquillan la histórica puja por la distribución de la riqueza en América Latina. Las hipótesis de conflicto entre los países sudamericanos, que caracterizaron la Guerra Fría –cuando la URSS y los EE.UU. se disputaban el tablero mundial– parecían superadas en el Cono Sur de América, especialmente desde 1995, con la celebración en Santiago de Chile, de la Conferencia Regional sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad. Este acuerdo intergubernamental incluyó la comunicación entre los Estados, de cualquier maniobra militar que pensaran efectuar en las fronteras, para evitar que sean interpretadas como acciones de invasión territorial o agresión. A esto se sumaron ejercicios militares conjuntos y combinados, intercambio de académicos, y la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil (mediante la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad interior, la Ley de Inteligencia Nacional, en el caso de la República Argentina). La reconfiguración del orden mundial y el auge de la globalización económica, hicieron que lo militar fuera perdiendo protagonismo en la vida doméstica de los Estados sudamericanos. Las esferas “Seguridad” y “Defensa”, cada vez fueron separándose más, para evitar la injerencia de las Fuerzas Armadas en el plano interno. La reducción de gastos en Defensa en la región –tras el fin de la Guerra Fría–, también se evidenció en las pesquisas. No obstante, según datos del SIPRI, el gasto global creció en 2017 y llegó a su valor más alto desde la era bipolar. Aumentó hasta los 1,73 billones de dólares en 2017, un 1,1% más que en 2016. Esto pareció indicar el fin de la tendencia a la baja. Pero al rearme y las crisis de los Estados latinoamericanos, se suman las intenciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de intervenir en México, para combatir a los carteles de drogas –a los que ha decidido etiquetar como terroristas–. ¡Cuidado!, lo que parece lo mismo no siempre es igual. Atar el narcotráfico al terrorismo –dos flagelos hipercomplejos, por cierto–, puede ser la apertura de una nueva puerta de legitimidad para ingresar a territorios de terceros. Es la carta blanca para que los “buenos” salven a los pueblos.
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Quizás por esta razón varios líderes latinoamericanos ven con preocupación este movimiento del presidente de EE.UU. Trump tiene dos leyes vigentes para combatir al terrorismo, dentro y fuera de su territorio: la Ley Contra el Terrorismo (que heredó de Bill Clinton) y la Ley Patriótica, aprobada durante el gobierno de George W. Bush, después de los atentados de 2001. La primera le otorga facultades a EE.UU. para intervenir en cualquier país que signifique una amenaza para la seguridad de EE.UU. La segunda es extraterritorial, abarca jurisdicción internacional y aborda la financiación del terrorismo. Esto significa que empresas, bancos y entidades financieras estarán sujetas a sanciones, si EE.UU. considera que financian el terrorismo. Es sabido que EE.UU. sigue las huellas de los carteles mexicanos y de los actores sociales vinculados con ellos. Para algunos analistas el concepto “narcoterrorismo”, es una nueva herramienta (dadora de legitimidad global), que Trump desea emplear. Los mexicanos manifiestan en las redes sociales, su temor a que esta denominación le dé luz verde a EE.UU. para efectuar una intervención militar en su país. Esta nueva etiqueta que Trump quiere imponerles a los carteles, implica una bomba de tiempo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deberá desactivar con cuidado, ya que se trata del país que es el principal socio comercial de México y del Estado que encabeza el ranking global de gasto en defensa (posee un presupuesto militar superior a la suma de los presupuestos de los 7 países que le siguen). China ocupa el segundo puesto. Vale añadir que, en 2019, según datos del SIPRI, el gasto militar chino se duplicó en términos reales desde 2008, cuadruplicado desde 2002 y multiplicado por ocho desde 1997. Una sorpresa en esta carrera de gasto castrense, la dio Arabia Saudita, que le arrebató el tercer lugar global a Rusia, con 69.400 millones de dólares.
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En América del Sur, sitio donde actualmente el supuesto cuidado de la institucionalidad se enmaraña con instinto de cacería, un estudio del SIPRI indicó que, en 2017, el gasto militar en la región había aumentado 4,1% (57.000 millones de dólares), respecto a 2016. Este salto fue impulsado por Argentina, que registró 15% de aumento (5.700 millones de dólares) y Brasil 6,3% (alrededor de 29 mil millones de dólares).Esta fue la primera suba regional que se registró desde 2014. Como dato complementario, el Global Firepower Index 2018, que proporciona una lista de la posición militar de 136 países, ubicó en el siguiente orden a los países sudamericanos: Brasil (puesto 14), Argentina (37), Perú (42), Colombia (45), Venezuela (46) y Chile (58). ¿Es mera casualidad el incremento de los gastos en defensa en la región? Creo cuanto menos prudente, reflexionar sobre la relación entre la evolución del gasto de defensa y las crisis de las democracias de la región. ¿Hasta qué punto se trata de un proceso de modernización de armamento o de compras con fines disuasivos? ¿Es factible que el SoftPower (término acuñado por el politólogo Joseph Nye) se complemente con más Hard Power (amenazas, intervenciones militares, embargos económicos) para dirimir conflictos de intereses en el sur de América? En esta atmósfera tensa, volver a fomentar las medidas de fortalecimiento de la confianza en el Cono Sur –independientemente de la heterogeneidad ideológica de los gobiernos de la región– podría aportar algunos gramos de previsibilidad interestatal y coordinación institucional ante estallidos sociales “internos” que pueden traspasar con ferocidad las fronteras nacionales, con armas que no son a cebita. Los cadáveres tendidos en el suelo en Bolivia y Chile, confirman que la violencia se profundiza en términos geométricos.
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Lucha por la distribución de la riqueza, violencia urbana, disconformidad social, crisis de representación, resurgimiento de racismo y xenofobia, aumento del gasto en armamento, recursos estratégicos que despiertan apetencia global y grietas ideológicas que buscan conquistar la subjetividad de los individuos, no parecieran ser una buena mezcla para armar un cóctel de paz. El Realismo Político pareciera estar ganando una nueva pulseada teórica para explicar el laberinto latinoamericano en general y el sudamericano, en particular. En este contexto, la sensatez indica, que las salidas de estas crisis –en plural porque son varias– no la hallarán alquimistas, ni aventureros, ni quienes exacerben la inequidad y la violencia.
* Director de Gestión de Gobierno de la Universidad de Belgrano; analista internacional especializado en Defensa; autor del libro Postales del Siglo 21.
