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OPINIóN / Derecho
martes 18 junio, 2019

La "seguridad jurídica" como política de Estado

Es un tesoro de los más preciados que debemos preservar, con independencia del gobierno de turno que guíe los destinos de nuestra República.

por Marcelo H. Echevarría

Seguridad jurídica Foto: PIXABAY

En una nota del Diario Perfil, Sean Rooney, Jefe para Argentina de la exploradora petrolera Royal Dutch Shell Plc (Shell) sostuvo: "Lo que queremos es que, independientemente de qué gobierno haya, los contratos que firmamos, los términos en los que invertimos, sean honrados y se mantengan estables".

Parecería que lo solicitado sería una obviedad y que nunca se podría prescindir de cumplir a rajatabla los términos de los contratos suscriptos, como de igual manera honrar las deudas contraídas, tal como lo realizan los países prósperos o los privados en sus relaciones comerciales o prestaciones de servicios.

Argentina en el pasado no se caracterizó por cumplir con los compromisos contraídos.

Nos precedieron períodos de transgresiones sistemáticas a la ley, con la consecuente pérdida de credibilidad a nivel mundial.

La petrolera Shell exige seguridad jurídica para invertir en Argentina

Solo un antecedente lo demuestra:

En el año 2012, mediante una ley del Congreso de la Nación se efectivizaba la expropiación del 51% del paquete accionario de Repsol de su ex filial YPF en Argentina.

No podemos negar que a la vista del mundo constituyó un hecho bochornoso y lamentable, por el cual todo ciudadano que se siente identificado con el Estado de Derecho pasó vergüenza ajena, además, teniendo en cuenta que esa decisión fue tomada por las autoridades electas democráticamente.

En el año 2014, esa medida -a la cual me atrevo a calificarla como “trasnochada”- nos costó 5.000 millones de dólares en concepto de monto indemnizatorio, cifra que se fijó de común acuerdo entre el Estado Nacional y Repsol como compensación por la expropiación, desistiendo ambas partes de futuros litigios.

El anterior hecho descripto jamás hubiese acontecido si hubiese existido la denominada “seguridad jurídica” la cual constituye la certeza que tiene el individuo de la permanencia de su situación jurídica la que no deberá ser modificada sino por procedimientos regulados y conductas establecidas de manera previa y clara por el derecho.

En estos tres años de gobierno recuperamos la credibilidad que habíamos perdido.

Prueba de ello, fue el espaldarazo mundial que recibimos en el G20, entre otras situaciones análogas en donde visiblemente Argentina se integró al mundo y éste nos dio la bienvenida con los brazos abiertos.

Las empresas del país exigen más seguridad jurídica

Lo concreto es que la “seguridad jurídica” nuevamente está entre nosotros y es un tesoro de los más preciados que debemos preservar, con independencia del gobierno de turno que guíe los destinos de nuestra República.

Y, efectivamente, la mencionada “seguridad jurídica” vino de la mano del Presidente Macri como también de todo político que luchó por el cumplimiento estricto de la ley en la República Argentina.

Quizás por eso el Sr. Sean Rooney preservando los intereses de su empresa, nos esté dando un aviso en esa nota (quizás aun sin ser consciente de ello) dando cuenta que, sea cual fuere el Gobernante electo en los próximos comicios, recordemos al momento de emitir el voto que las inversiones extranjeras vendrán de la mano de la “seguridad jurídica” que debe brindar nuestro país al mundo.


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