Año 2018. Paciente diagnosticado de cáncer HER2 positivo, el cual debería comenzar primero con quimioterapia y luego de los seis meses de iniciado el tratamiento, someterse a una mastectomía.
La paciente sufría un calvario y una recurrente angustia producto de la incertidumbre, toda vez que le debían autorizar la orden para su sesión de “quimio” cada vez que la realizaba, caso contrario, como sucedió en varias oportunidades, se la negarían. Relató que, por dicha razón, lloraba recurrentemente cada vez que acudía a la sesión al desconocer si la realizaría o no, toda vez que dilataban o retaceaban la emisión de las autorizaciones pertinentes, lo cual le producía la lógica angustia y ansiedad.
Luego, le realizan la mastectomía que, por cierto, además de los trastornos de la “quimio”, esta cirugía -según manifestó- fue dolorosísima. Pasados los efectos de esa operación, su cuerpo rechaza los expansores implantados toda vez que, días después de la cirugía, se detectó que éstos no eran acordes a su talla, situación ésta que la obliga a realizarse una segunda intervención quirúrgica.
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Presenta la documentación necesaria para autorizar esta nueva cirugía -por supuesto conviviendo con un dolor insoportable durante las 24 horas- implicando idas y vueltas entre dos y tres veces por día a la sede de la prestadora de salud, ya que, conforme su relato, era imposible que atiendan el teléfono o respondan los correos electrónicos.
Cuando parecía estar todo cumplimentado para realizar esta segunda operación a la paciente oncológica, 24 horas antes de programada la antedicha segunda cirugía, le informan que habían rechazado la autorización. La paciente, producto de su desesperación sacó “gas pimienta” y, con un grito, manifestó a viva voz que lo expandiría en toda la sede de la prestataria de salud.
Ante este escenario crítico, salió de inmediato a contactarla una supuesta responsable, la apartó llevándola a su oficina, le rogó que se tranquilice y automáticamente le autorizaron la cirugía.
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La paciente no solo sufrió por su cáncer, sino que padeció la gravedad de la burocracia, además de la decisión unilateral y arbitraria de personas que decidirían discrecionalmente sobre la salud de aquella.
Sin importar el dolor, la crisis emocional y el daño psíquico que origina el padecimiento de una enfermedad cancerígena, la destrataron e hicieron que sobrellevara un doble peso en su mochila constituido por su enfermedad y, sumado a ello, la incertidumbre fruto de la burocracia con la consecuente angustia, desesperación y el trauma colateral que ello implica.
La circunstancia del “gas pimienta” fue un recurso utilizado de última instancia y bajo la desesperación por salvar su vida. ¿Se entiende a lo que debió acudir ese paciente con cáncer cuando no existen reglas claras o sanciones ejemplificadoras para este tipo de situaciones infrahumanas e irrespetuosas a la que es sometida una persona en circunstancias extremas?
Encontrándose lejos de ser una persona “desequilibrada” o un “enfermo psiquiátrico” el hecho de sacar desesperadamente el “gas pimienta” constituía “el grito” para que le salven la vida, y, lamentablemente, de no haber sido por esa situación autoprovocada, va de suyo que la autorización jamás hubiese sido extendida y, consecuentemente, no hubiese podido realizar su segunda cirugía, conviviendo, vaya a saber por cuanto tiempo, con el permanente dolor que le producía el rechazo del cuerpo extraño implantado. Ahora bien, ante estos hechos, una acción judicial a la prestadora de salud a veces se diluye en el tiempo culminando con la vida del paciente que se encuentra en grave estado.
A su vez, el enfermo se encuentra en inferioridad de condiciones toda vez que, mientras la prestadora de salud posee toda una estructura legal para estos fines, el paciente -como en este caso padeciendo cáncer- además de luchar con su enfermedad, debe tomarse el trabajo de contratar a un abogado para que bregue por sus derechos, con todo lo que ello representa (no me refiero sólo a honorarios sino a los tramites posteriores).
Sería muy positivo que el ejemplo expuesto en esta opinión se utilice de modo proactivo y no como un hecho desgraciado que se suma a los tantos que seguramente conocemos a diario.
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Desde el propio Estado Nacional, Provincial o Municipal se deberían articular disposiciones tendientes a que la autoridad de contralor sea receptiva a las quejas que a diario seguramente le llegará a su conocimiento y, como política de estado, se deberían adoptar estrictos protocolos ante estos eventos por los cuales cientos de personas que padecen enfermedades son víctimas a diario de circunstancias como las descriptas, otorgándoles soluciones en lo inmediato y, además, una excelente política de contención.
Como decía mi abuela y aplica al colofón de esta opinión: “Con la salud no se juega” y lamentablemente, parecería que muchos están jugando, pero no con la propia sino con la ajena.
