Cuando se hacen análisis sobre temas que involucran a la salud se suele cometer un error básico: disociar la necesidad de la protección del derecho individual de las personas a la salud, de la protección del sistema que debe proveerle la atención de salud. Ambos están indefectiblemente unidos. Si buscamos proteger uno al tiempo que destruimos el otro, ese derecho quedará meramente en una enunciación. No es aplicable: no hay herramienta con qué conceder ese derecho.
Hoy, ese instrumento que debe proveer salud está roto. Sus tres componentes están desequilibrados, sobre todo por la acción que uno de ellos -el Estado- ejerce sobre los otros: la presión tributaria, la presión judicial de pagar tratamientos cada vez más caros en dólares (algunos sin evidencia comprobada), nuevas leyes que obligan a coberturas extra-sanitarias de discapacidad (alimentos, educación especial, transporte, reformas edilicias, etc).
Todas estas acciones por parte de los distintos poderes del Estado debilitaron a las organizaciones a tal punto, que la propia Superintendencia de Servicios de Salud debió sacar hace unas semanas la Resolución 1904/2019 previendo posibles quiebras.
En vez de formular cambios estructurales, el Estado sólo atina a organizar su exterminio, redistribuyendo a los afiliados de aquellas que quiebren, desbordando a las que los reciban y empujándolas también al cierre.
En vez de formular cambios estructurales, el Estado sólo atina a organizar su exterminio.
El aumento de cuotas tampoco es la solución, sino el fracaso de todas las instancias previas de diálogo para encontrar una salida, porque no es posible un aumento que las lleve a la sustentabilidad real. Las prepagas y mutuales y también las obras sociales se organizan en función del cálculo de riesgo, los gastos que deberán enfrentar. Hoy el riesgo es inabarcable, con la permanente llegada de tratamientos que cuestan varios millones de dólares, tecnología cada vez más cara, una población con una carga cada vez mayor de enfermedades por muchos años. ¿Cómo lograr una cuota que permita la sustentabilidad y pueda ser accesible para la población?
Una solución sería quitar la carga del riesgo que implica esta permanente escalada de costos. Es decir, que sea el Estado el que, a través de un organismo especial, financiado con fondos mixtos, cubra las prestaciones de alto costo, así como aquellas destinadas a pacientes con discapacidad que exceden lo sanitario, aplicando mecanismos de regulación de costos que sólo el Estado, con su volumen, puede lograr.
Los aumentos de las prepagas también "asumen" en diciembre: otro 12% de suba
El Estado argentino destruyó su propio sistema sanitario. Ahora debemos consensuar entre todos los sectores las medidas de reforma que permitan encontrar el equilibrio y reconstruir la red que le permitió hasta hace pocas décadas ser considerado uno de los mejores y más eficientes del continente.
* Farmacéutico y Bioquímico. Postgrado en Administración Sanitaria. Presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina –CEMPRA
