En una columna anterior propuse los primero cinco puntos de la reforma de los diez que pueden ser considerados como parte de una posible agenda de transformación de la administración de justicia. Entonces, indiqué que había que impulsar una reforma institucional, una procesal, una gremial, una feminista y una federal; y allí traté de explicar de que iba cada una de ellas.
En esta oportunidad me gustaría abordar las restantes cinco modificaciones que, según entiendo, podrían generar amplios consensos entre diferentes agentes que componen el campo jurídico y entre los y las ciudadanas que reclaman mayor eficiencia y transparencia en uno de los órganos de gobierno.
Resulta fundamental echar luz sobre ciertos ejes que no son los que se ventilan a diario en los medios de comunicación, a fin de escapar de la agenda que marca la coyuntura política e impulsar una transformación de la justicia que se convierta en política de Estado. Veamos entonces los siguientes puntos.
1) Reforma tecnológica: gran parte de la demora en el servicio de justicia se relaciona con lo obsoleto de los sistemas informáticos de gestión judicial. En lo que respecta a la justicia Federal y Nacional, el Lex-100 resulta un escollo en el avance hacia una justicia eficaz y un riesgo para la seguridad informática. Sobre este tópico, tenemos que tomar decisiones de fondo que impliquen dejar de poner parches al desgastado sistema español y comenzar a diseñar un software propio, que se adapte a la necesidad de la Administración de justicia argentina y que aproveche el saber práctico de trabajadores/as y abogados/as de la matrícula.
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Por otro lado, podríamos aplicar la innovación tecnológica para mejorar el acceso a la justicia de más ciudadanos/as, teniendo presente la problemática de la brecha digital y combatiendo el centralismo con el que fue diseñado el sistema de justicia, acercándose a los lugares más postergados.
Además, resulta primordial tender puentes de accesibilidad entre diferentes instituciones estatales y privadas así como entre distintas áreas de la Administración de Justicia, para evitar las desinteligencias y las incompatibilidades que vemos a diario y que generan demoras absurdas en la circulación de información pública.
Asimismo, sería útil automatizar con inteligencia artificial la búsqueda de jurisprudencia para mejorar el quehacer judicial y brindar transparencia en cuanto a la utilización de precedentes, reduciendo así los márgenes de arbitrariedad en las decisiones judiciales.
2) Reforma comunicacional: el Poder Judicial comunica poco, tarde y de manera confusa. Para cambiar esta situación es necesario comenzar a construir "canales" de comunicación entre la judicatura y la sociedad para que la justicia también comience a tener una voz oficial.
En este camino, debería mejorarse la capacidad de jueces/as, fiscales/as y defensores/as de participar en ámbitos de debate público, mejorar la argumentación de sus decisiones para que luzcan menos arbitrarias y también revisar el trato con el resto de las partes del proceso.
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Además, sería óptimo comenzar a revertir la utilización de lenguaje encriptado sólo comprensible para profesionales del derecho dentro del campo jurídico fomentando las capacidades expresivas- escritas y orales- de todos los operadores judiciales, para que el Judicial deje de ser un poder sin rostro.
3) Reforma académica: el rol de la formación jurídica en la transformación de la justicia es nodal. Debemos trabajar en impulsar programas de derecho que fomenten el pensamiento crítico, diverso y plural, para generar ámbitos judiciales que compartan esta característica y así evitar el pensamiento único u homogéneo que muchas veces presenta el actual Poder Judicial.
Debemos terminar con la formación alejada de la práctica profesional aprobando programas de estudio que formen a los y las estudiantes y a nóveles abogados/as para ejercer magistratura desde el comienzo de la carrera.
De manera simultánea debe fortalecerse una escuela judicial que prepare a los aspirantes para la Magistratura de forma sistemática y que oriente los mecanismos de ascensos en la carrera judicial del escalafón técnico jurídico, vinculando la vida académica y profesional de los futuros jueces y juezas.
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4) Reforma en la estructuras: la cantidad de personal de las justicias provinciales y federales se mantiene estable desde hace décadas, mientras que la litigiosidad aumenta año tras año en todas las mediciones disponibles.
En el mismo sentido, la cantidad de jueces y juezas subrogantes son un verdadero drama que va en contra de una gestión adecuada de la oficina judicial debido a que un mismo funcionario realiza el trabajo que le corresponde a dos y, en algunos casos, como la subrogancia depende de apoyos externos a la propia dependencia; condiciona la independencia del o la magistrada.
En otro orden de ideas, las estructuras edilicias no se encuentran preparadas para prestar el servicio de justicia y en muchos casos, ponen en peligro la integridad física de trabajadores y de justiciables que concurren a tribunales.
También, resultaría óptimo contar con edificios que faciliten la adopción de sistemas procesales más veloces -como el sistema acusatorio- para lo cual se debe contar con arquitecturas adaptadas a la gestión judicial.
10) Reforma de gestión judicial y estadística: debemos fortalecer la idea de que la justicia, además de ser un Poder fundamental de nuestro sistema de gobierno, presta un servicio a la sociedad y por lo tanto su funcionamiento debe ser medido y cuantificado como el de cualquier otro servicio público.
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Por eso es necesario generar sistemas de gestión judicial que sean respetuosos del perfil humano y social que deben contener las sentencias, escapando a los modelos desarrollados como normas ISO para mejorar la eficiencia a través de la solidaridad del trabajo en equipo, la desburocratización de las tareas y el buen clima laboral.
Para ello, valdría la pena revisar el reglamento para la justicia -vigente desde 1952-, para adaptarlo a las problemáticas del S. XXI que incluyen la introducción de la virtualidad como parte de la gestión judicial y la instauración definitiva del expediente judicial.
Finalmente, un gran paso sería comenzar a publicar estadísticas centralizadas, completas y accesibles para la ciudadanía, que muestre en tiempo real el avance en la tarea judicial y permita medir su eficacia, promedio de demoras, cantidad de sentencias, bienes decomisados, etc. Además, resulta necesario medir a través de encuestas judiciales los niveles de conformidad de los justiciables, para conocer los índices de aceptación de su funcionamiento.
Gran parte de los puntos presentados hasta aquí merecen una profundización en particular, pero no quería dejar de realizar una primera aproximación global al tema de reforma ya que en muchas ocasiones se presentan transformaciones parciales de la justicia sin atender a los cambios diversos y estructurales que se necesitan para generar un cambio verdadero.
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No quería terminar este artículo sin advertir que la lentitud e ineficacia de la Administración de Justicia afecta a todos los ciudadanos/as, pero a aquéllos que se encuentran en peores condiciones sociales o económicas los afecta de manera superlativa. Por esta razón la reforma judicial es pertinente y urgente, si queremos fortalecer nuestro Estado de Derecho.
