Cada vez más, la justicia argentina se encuentra en el banquillo de los acusados. Todas las encuestas de opinión muestran un rotundo descreimiento de la sociedad en el sistema de justicia.
Por su parte, el Poder Judicial lejos de proponer una agenda propia de transformación, se encuentra cerrado sobre sí mismo, sin capacidad de dar respuestas a los reclamos de los colectivos de mujeres, consumidores/as, trabajadores /as, jubilados/as o víctimas de hechos de inseguridad.
Rechazan un pedido de Cristina Kirchner y la causa de espionaje ilegal pasaría a Comodoro Py
Al mismo tiempo, miles de trabajadores/as judiciales de todo el país llevan adelante una tarea titánica para que funcione el sistema de justicia. Este esfuerzo se ve opacado por la atención que se le presta al accionar de Comodoro Py, que constituye un 1% de la tarea judicial.
Los que tuvimos o tenemos la suerte de conocer las diferentes realidades de la justicias provinciales y jurisdicciones federales, sabemos del esfuerzo que se hace, con escasos recursos, para satisfacer una litigiosidad que va en aumento con una estructura judicial que se mantiene inalterada desde hace décadas.
La situación se agrava porque quienes queremos transformar y transparentar la justicia, solemos proponer reformas fragmentarias que abordan temas procesales o de carácter institucional pero que no terminan de examinar la grave crisis estructural que afronta el poder judicial en todas sus dimensiones.
Las 10 frases más duras de Cristina Fernández contra la Corte y la Justicia
Por eso creo que debemos comenzar a hablar de “reformas judiciales”, así en plural y sabiendo que la transformación de la justicia no se agota ni con un proyecto de ley ni con una medida de gobierno, sino que debe ser una práctica permanente de nuestra democracia. Tampoco alcanza con UNA reforma: ni la feminista, ni la de Comodoro Py -por sí mismas-, logran agotar la discusión. Se trata de generar una agenda de reformas judiciales como política de Estado.
En este serie de artículos propongo diez posibles reformas que pueden servir para pensar otras o seguir convocando a la sociedad civil e integrantes del Poder Judicial para su discusión.
1. Reforma institucional: esta reforma debe ser pensada con el propósito de transparentar todos los mecanismos que provocan el elevado descreimiento de la sociedad en el accionar judicial, su funcionamiento opaco y decisiones arbitrarias.
Para ello debemos:
- Generar concursos veloces, orales y públicos, que se lleven adelante con normas claras que prioricen aspectos técnicos por sobre los políticos. Instrumentar mecanismos para que el Poder Judicial reglamente la ley de ingreso por concurso, terminando con los privilegios para el acceso a los cargos públicos.
- Transparentar el sistema de asignación de causas a través del control ciudadano.
- Mejorar el acceso a la justicia pensando estructuras de cercanía que brinden soluciones rápidas a los sectores que menos tienen.
José María Campagnoli: "Tenemos un sistema judicial que hace agua por muchos lados"
2. Reforma procesal: la celeridad, la eficacia y la eficiencia de los procesos judiciales permite que los conflictos sociales se resuelvan en tiempo y forma. Los retardos imposibilitan el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía -en causas de derecho privado- o generan la sensación generalizada de impunidad cuando los responsables de cometer delitos no son enjuiciados.
Así, considero que:
- El sistema acusatorio, permite visibilizar la actuación judicial al tiempo que constituye una mejor herramienta para avanzar sobre el crimen organizado en nuestro país
- En el mismo sentido, el juicio por jurados amplía la participación de la sociedad en el sistema judicial
- Avanzar en la oralidad en procesos civiles y laborales y previsionales para agilizar el funcionamiento de fueros a los cuales acceden ciudadanos de a pie.
3. Reforma para quienes trabajan en la justicia: los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial aún no podemos ejercer el derecho de firmar convenciones colectivas de trabajo, violando lo dispuesto por Convenio 154 de la OIT.
- La Obra Social de los trabajadores y funcionarios judiciales es manejada íntegramente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin ningún tipo de participación o control por parte de sus afiliados. Este modelo de gestión ha dado pésimos resultados en el cuidado de la salud, lo cual quedó al desnudo durante la gestión de la pandemia.
- Erradicar el acoso laboral del Poder Judicial resulta una tarea impostergable. Lo que necesitamos es cambiar el paradigma y lograr sanciones ejemplares para en los términos del convenio 190 de OIT.
4. Reforma feminista: sobre esta reforma me parecen muy valiosos los aportes hechos por el movimiento de mujeres y diversidades que centran su mirada sobre la justicia en cuestiones fundamentales como:
- La perspectiva de géneros y diversidades ausente en muchas sentencias judiciales que revictimiza a las mujeres o no logran evitar que se llegue a un femicidio o transfemicidio.
- Romper el techo de cristal que hace que las mujeres no accedan a los lugares de toma de decisiones.
- La capacitación con los estándares de la "Ley Micaela"; debe ser una prioridad en la capacitación de todos y todas los que forman parte del sistema judicial.
5. Reforma federal: se debe considerar la participación proporcional de las provincias en todos los órganos de gobierno de la Administración de justicia como ser el Consejo de la Magistratura, la CSJN y el Ministerio Público. Esto permite generar políticas que tengan una mirada integral de la realidad de nuestro país. También es necesario construir ámbitos institucionales de articulación entre jurisdicciones locales, provinciales y federales.
La Constitución y el servicio de justicia
Queda para para otro artículo la idea de profundizar sobre las cinco reformas que considero pertinentes para una política de transparencia de la Administración de justicia, a saber:
- Reforma tecnológica: ya que parte de la demora en el servicio de justicia se debe a lo obsoleto de los sistemas,
- Una reforma comunicacional: debido a que el Poder Judicial se comunica poco, tarde y de manera confusa.
- Reforma académica: en virtud de que el rol de la Universidades de Derecho en la transformación de la justicia es nodal
- Reforma en la estructuras: ya que la cantidad de personal de las justicias provinciales y federales se mantiene estable desde hace décadas, mientras que la litigiosidad aumenta año tras año.
- Reforma estadística: ya que la justicia, presta un servicio a la sociedad, por lo que su funcionamiento debe ser medido y cuantificado como el de cualquier otro servicio público.
Hasta aquí, una presentación de lo que creo que sería un desafío de transformación dentro de la Administración de Justicia recuperando una mirada de la política que no sea la de la judicialización sino la de la transformación participativa.
