De manera explícita el sistema judicial no funciona, pero lejos está de solucionarlo una reforma “democratizadora” como la del 2013.
presidente Alberto Fernandez encabeza el anuncio de la reforma judicial en la casa Rosada. |
NA
Agustín N. Garetto y Roberto Nolazco*
Desde el fallido intento de reformar al Poder Judicial en el año 2013, el kirchnerismo ha insistido recurrentemente en la “necesidad de democratizar” la justicia a través del sufragio y la voluntad del pueblo. Tomando a estas como únicas características de la democracia. Es una realidad que el sistema judicial argentino comete graves errores, sobre todo a la hora de sentenciar los “delitos del poder”.
Un informe de CIPCE (2009), detalló que “un proceso judicial por corrupción en Argentina lleva un promedio de 14 años y sólo arroja un 4% de índice de condena”. Casi nueve de cada diez casos terminan en sobreseimiento. Cuanto mayor es el perjuicio generado al Estado, más tarda la Justicia en actuar.
En un país donde la sociedad desconfía de la Justicia es imposible pensar en un crecimiento económico sustentable, pues no hay seguridad jurídica, seguridad ciudadana ni igualdad ante la ley. De manera explícita el sistema judicial no funciona, pero lejos está de solucionarlo una reforma “democratizadora” como la del 2013.
La Corte Suprema, para Cristina como Presidenta, fue uno de sus mayores obstáculos. La actual vicepresidenta, adepta a la idea de “pueblo-Uno” y que el sufragio es igual a democracia, intentó con un paquete de leyes en 2013 domesticar a la Corte y ésta la declaró inconstitucional. Una de las propuestas era la designación por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura -órgano encargado de designar, supervisar y sancionar a jueces, y administrar el Poder Judicial-.
¿Qué significa elegir por sufragio universal a los encargados de nombrar jueces? Pues romper con uno de los pilares de la democracia liberal: la independencia de los jueces. Una encuesta de Economic Trends (2016), indicó que uno de cada cuatro encuestados ni siquiera sabía para qué sirve el Consejo de la Magistratura. Es estrafalario que una sociedad escoja miembros para un órgano del cual desconoce su propia función.
En la actualidad, podemos analizar el momento en el que el oficialismo busca realizar dicha reforma. Es cierto que la agenda pública -aquella que preocupa al común de la sociedad- no tiene por qué coincidir exactamente con la agenda política -aquella que tienen los gobernantes para desarrollar sus administraciones-. De hecho, es en buena medida la labor del estadista identificar los temas cruciales para su país, más allá de lo que la agenda pública marque, y llevarlos adelante sin importar si estos en algún momento pasan a ser una preocupación o no de la población.
En Argentina, por ejemplo, sería estratégico avanzar con la explotación del litio en el norte, brindando infraestructura y marcos normativos amigables a las inversiones. Reforzar las fuerzas armadas y de seguridad para cuidar los recursos del mar argentino que están siendo depredados. O sería interesante ver un avance en los marcos regulatorios respecto de los DataCenters, aprovechando las ventajas comparativas que tiene Argentina con respecto al resto de la región.
Desde ya, que gastar recursos y esfuerzos en temas que están por fuera de la agenda pública puede tener algún costo en la imagen o popularidad del político, pero si a la larga redunda en los beneficios esperados para el conjunto de la sociedad “el tiempo le da la razón.”
Ahora bien, si ambas agendas están totalmente desasociadas, porque a la pública le preocupan temas como inseguridad, inflación y desempleo, y a la política la motivan temas como la agenda de género, la reforma judicial o disputas de poder con gobernadores (o Jefes de Gobierno de CABA), el costo en imagen y popularidad es aún mayor.
Avanzar con la reforma judicial implicó que esta sea modificada respecto del proyecto original para lograr adeptos, ocasionando que el mismo kirchnerismo la desconozca, el “massismo” no la empuje en Diputados y al “albertismo” (si es que existe) le pague con la Ministra de Justicia y DDHH (Marcela Losardo)-.
Más allá de perder un ministro y haber mostrado a las claras que no tiene la fuerza en la Cámara Baja como para tratar cualquier tema que pretenda, el oficialismo se muestra completamente lejano a las preocupaciones de la sociedad. En el año electoral que estamos atravesando, se encuentra frente a una disyuntiva algo incómoda: si insiste en tratar el proyecto el costo lo puede pagar directamente en las elecciones aumentando las chances de una derrota; pero si busca tratarlo luego de las mismas se enfrenta a la posibilidad de que la distribución de bancas no lo favorezca y sepultar toda chance de aprobar el proyecto en este mandato.
Cualquiera de los dos caminos es incómodo, en especial para el kirchnerismo más duro que logró que el reemplazo de Losardo sea Martín Soria, un abogado mucho más afín a esta facción de la coalición oficialista que su predecesora. Lo más probable es que Soria intente insistir con el proyecto, pero lo cierto es que si toda la coalición oficialista no llega hoy a aprobarlo, menos lo hace la facción más kirchnerista. De alguna manera necesitará convencer a los bloques menores, como “Los Ramones” o el Interbloque Federal para que los acompañen. La pregunta es entonces, ¿si logran convencerlos, a qué costo será?
Este fenómeno de atacar a la democracia liberal no es argentino, es global. Vladimir Putin, en una entrevista de 2019, declaró que el liberalismo está “obsoleto”. Viktor Orbán manifestó que “no necesariamente una democracia debe ser liberal”. Donald Trump, por su parte, criticó al sistema judicial estadounidense en 2020 cuando condenaron a su ex asesor Roger Stone, luego lo indultó.
La democracia soberana es aquella donde el pueblo le otorga la administración de poder a un líder hegemónico capaz de solucionar todos los problemas, incluidos los de la Justicia, desplazando las minorías que no fueron elegidas por el voto popular. El culto al sufragio, descrito por Pierre Rosanvallon, o la democracia delegativa, desarrollada por Guillermo O’Donnell.
Las democracias soberanas, alérgicas al Estado de Derecho, terminan prácticamente de democraduras o democracias hegemónicas donde la inestabilidad política e institucional se hace eco en todos los pasillos.
