Una estructura tan conservadora como la del Poder Judicial solo puede ser democratizada mediante la acción política de múltiples actores sociales organizados, de forma tal, que logren articular sus variadas demandas y unificarlas en una agenda de reforma judicial como política de Estado.
Los/as trabajadores/as, los/as pobres, las mujeres, las diversidades, los/as jóvenes, los/as jubilados/as y los/as defensores/as del ambiente, debemos realizar esfuerzos para que cada una de las luchas particulares no pierda de vista una mirada más global de la necesaria reforma judicial.
En esta nota intentaré hacer un repaso sobre cuáles son las funciones políticas que estructuran un funcionamiento conservador del judicial y, a partir del análisis de algunas experiencias organizativas exitosas; sugiero algunos ejes de trabajo que pueden servir para generar consensos entre quienes queremos modificar aquél funcionamiento que reproduce la desigualdad social.
Martín Soria: "En el Poder Judicial Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer"
1. La santísima trinidad judicial
1.a. Desde su nacimiento, el Poder Judicial, tuvo tres objetivos bien claros e invariables. El primero de esos objetivos fue legitimar el proyecto político y económico de las élites locales. Así, el judicial nació, en primer término, para consolidar el modelo agroexportador que impulsaron las minorías acomodadas de la pampa húmeda. Para ello, luego de la victoria y consecuente incorporación de Buenos Aires a la Confederación; se comenzaron a dictar las primeras leyes organizativas del Poder Judicial, las cuales edificaron una estructura bonapartista del judicial, en cuanto a la composición jerárquica y verticalista que permitió un control "desde arriba" de la judicatura mediante la designación meramente política y un sistema de carrera judicial controlado desde las altas esferas del judicial, con escaso control social o democrático de los funcionarios. Mientras tanto, los familiares "con menos luces" de los terratenientes y hacendados fueron ocupando los principales cargos judiciales designados de forma directa por los sectores del poder económico que gestionaban el Poder Ejecutivo de espaldas a las grandes mayorías de la población.
1.b. El segundo objetivo histórico de nuestro judicial tuvo conexión con la búsqueda del desarrollo del capital empresarial y la maximización de la riqueza sin limitantes. En un primer momento, los países centrales, compradores de materias primas nacionales, necesitaban contar con una jurisdicción unificada que fuera abandonando el caos jurídico que significaba la existencia de un diagrama de federalismo judicial expresado por la autonomía que manejaba cada una de las justicias provinciales. La idea del empoderamiento paulatino de una CSJN y la codificación civil, comercial y minera fue hacer circular de forma fluida y sin sobresaltos el capital de dichas élites. Para esta tarea, la elección del modelo de intervención fue realizada con una mirada sobre el sistema americano de supremacía del poder contramayoritario, es decir, poder de las minorías sobre las decisiones democráticas.
Desde entonces, la tensión entre la necesidad de desarrollo del capital y la herramienta jurisdiccional con sentido democrático y redistributivo es permanente y tomó diferentes formas a lo largo de la historia. Solo en términos ejemplificativos, muchos proyectos de reformas integrales presentados en las últimas décadas se vinculan más con necesidades de expansión del capital que con la idea de democratizar el acceso a la justicia.
¿Independencia judicial o Justicia politizada?
1.c. Como tercer objetivo, ya en su faceta represiva, el sistema judicial estructuró un proceso penal de carácter inquisitivo, que permitió caer con toda la violencia del Estado sobre quienes no se adaptan al modelo productivo imperante, sean estos pueblos originarios, gauchos, cabecitas negra o, más para acá, pibes "que ya están perdidos en los pasillos de la villa". Esa selección del proceso inquisitorial fue una decisión de Estado tomada a conciencia de la necesidad represiva, ya que en distintas latitudes existían procesos de carácter liberal e ilustrado que proponían cambios profundos respecto de las garantías en los procedimientos. No tardaron en llegar tampoco la adopción de teorías criminológicas que construyeron una teoría genetista sobre la criminalidad en nuestro país trasplantando los postulados de Spencer en lo filosófico y en Lombroso en lo criminal, los cuales van siendo paulatinamente erradicadas de las sentencias judiciales pero son extraordinariamente desarrolladas por los juicios mediáticos realizados en tiempo real sobre hechos en los que participan, principalmente, menores pobres y también el el desarrollo de biotecnología aplicada al mundo de la investigación criminal.
En otras palabras: el Poder Judicial resiste mediante una estructura piramidal y una composición de clase que legitima al poder real en Argentina. Actúa con una mirada limitada de la intervención judicial la cual, en definitiva, favorece a los sectores más aventajados mientras reprime a los sectores vulnerables mediante un sistema inquisitivo desprovisto de garantías judiciales. Esta es la "santísima trinidad" institucional que se ha mantenido incólume desde aquélla primera conformación de la justicia federal y, desde mi modesto punto de vista; deben ser los tres ejes estructurantes de una estrategia de transformación democrática, como veremos sobre el final del artículo.
2. Los avances de la movilización social en el cambio en materia judicial
A pesar de la dificultad que presenta esta configuración, podemos mencionar algunos momentos en los cuales se lograron cambios profundos dentro de la estructura judicial.
2.1. Con la llegada de los/as trabajadores/as organizados/as a la vida política de nuestro país durante los gobiernos justicialistas, se produjo una transformación del campo jurídico nacional que puede ser graficado por dos hechos trascendentales. En primer lugar la sanción de una nueva Constitución Nacional que pretendió sistematizar e institucionalizar muchas de las conquistas que los/as trabajadores habían tenido a partir de sus luchas, generando un nuevo sentido común a la aplicación del derecho y una nueva fuente de legitimidad para el Poder Judicial. En un segundo término, y vinculado a la modificación de la estructura judicial, lo que comenzó siendo un "nuevo derecho" dictado en facultades, se convirtió en un nuevo ámbito de la justicia cuando en 1949 se creó el fuero nacional de Trabajo que respondía exclusivamente a la necesidad de garantizar por la vía judicial los derechos de los trabajadores utilizando el naciente derecho protectorio del derecho laboral.
Alejandro Slokar: "En el aparato judicial hay una fuerte tradición conservadora retrógrada"
2.b. Luego de la última dictadura cívico militar, la fuerza de la lucha de los organismos de derechos humanos que impusieron la agenda de la Memoria Verdad y Justicia de la cual participó, no sin reticencias el Poder Judicial, es un claro de movilización social que logró permear una transformación estructural y duradera dentro de la administración de justicia, la cual hay que defender de permanentes procesos de dilación y retroceso. Un antecedente claro del poder de la movilización organizada fue la demostración de fuerza realizada durante la marcha contra el 2x1, luego de la decisión de la CSJN que beneficiaba genocidas de la última dictadura cívico militar al tiempo que mostraba la punta del "iceberg" del funcionamiento de la justicia que se estaba tejiendo en esa Argentina del 2018.
En paralelo a la lucha por la verdad y justicia, comenzó en Argentina, un proceso de revisión procesal penal que colocó al sistema acusatorio o adversarial como objetivo principal de operadores del derecho de distintos signos políticos y organizaciones de la sociedad civil que proponían brindar de garantías básicas para las investigaciones penales y, al mismo tiempo dotar de mejores herramientas a quienes deben instruir causas en las cuales participan organizaciones criminales. Luego de ese fuerte movimiento reformista que llevó a transformar la mayoría de las justicias provinciales, cuesta comprender cómo la justicia federal sigue resistiendo la aplicación integral del sistema acusatorio.
2.c. Por último, y más actual todavía, creo que la experiencia organizativa que está llevando el movimiento feminista bajo la bandera de "reforma judicial feminista" constituye un movimiento de transformación con capacidades de modificar la estructura judicial ya que cuenta con una agenda bien clara de transformación, la cual sin dudas debe ser apoyada por el resto de los sectores que deseamos una justicia mas democrática.
Hay un hilo conductor en los tres hechos mencionados y es la participación del pueblo movilizado en aras de generar otro modelo de poder judicial. No alcanza con una agenda de oposición a las prácticas antidemocráticas, sino que es necesario construir un proyecto de justicia para la democracia por la positiva.
3. Una posible agenda de movilización social amplia y participativa
Hay algunos ejes en los cuales las variadas agendas sectoriales -de trabajadores, estudiantes, mujeres, etc.-; pueden coincidir de forma mayoritaria a modo de ejemplo dejo estos tres para discutir debatir, cada uno destinado a deconstruir aquéllos objetivos conservadores de los que hablaba al comienzo del artículo.
Un desafío gremial para transformar el Poder Judicial argentino
3.a. Debemos trabajar en conjunto, desde los diferentes sectores políticos, universidades, estudiantes, abogados, etc, para contribuir a una nueva composición plural de la justicia que sea una expresión del conjunto de la sociedad, terminando con su carácter clasista y patriarcal, modificando para ello el esquema de concursos para acceder a los cargos de funcionarios/as judiciales y a los cargos inferiores. Para esto es necesario una discusión pública y participativa sobre el modelo de Consejo de la Magistratura y de Corte Suprema de Justicia de la Nación que precisamos en una nueva Argentina.
3.b. Fortalecer los ámbitos de acceso a la justicia para que ésta comience a servir a quienes más lo necesitan, como ser los/as trabajadores/as, los/as usuarios/as de servicios públicos y los/as jubilados/as; robusteciendo las estructuras judiciales abandonadas hace años, pensando nuevas formas de acceso digital y presencial- descentralizadas con una mirada federal de la Argentina.
3.c. Instrumentar urgentemente un sistema acusatorio y proceder al fortalecimiento de la justicia federal con el fin de transparentar el sistema penal en Argentina, finalizando con la criminalización de la pobreza y de la política, dotando al Ministerio Público Fiscal de herramientas para perseguir eficientemente la criminalidad organizada.
Hasta aquí una breve reflexión sobre algunos temas que, según considero, deben tenerse en consideración con el fin de desarrollar una política de Estado que culmine con una reforma del Poder Judicial de carácter democrática.
