Sudamérica no encuentra paz. Hace tiempo que el clima social en la subregión hemisférica, está enrarecido. La injerencia tóxica de la justicia en la política y de ésta en aquella, produce fuertes convulsiones sociales. La politización de la justicia y la judicialización de la política, es un flagelo que arribó antes que el coronavirus y que produce inmensos daños en el funcionamiento de la mayor organización social conocida hasta el momento: el Estado.
Perú no es la excepción de esta tendencia que se potencia con coberturas mediáticas (que incluyen fake news que alimentan fanatismos), interesadas más en exhibir el show de la violencia, que las causas que permitan comprender mejor la situación social que padece la ciudadanía y las instituciones peruanas, para intentar hallar una salida formal de este caos.
Es evidente que el hartazgo de la gente con la política y los políticos se hizo sentir. Manuel Merino se desempeñaba como presidente del Congreso. Su rol cambió el martes pasado, cuando asumió la presidencia de Perú. Sucedió a Martín Vizcarra, después de que el Congreso decidiera su destitución por "incapacidad moral permanente", en un marco de acusaciones de corrupción –la Fiscalía lo investiga por supuestos sobornos recibidos en 2014, cuando era gobernador regional.
Perú sigue sin presidente: el Congreso no se puso de acuerdo sobre el sucesor de Merino
La llegada de Merino al poder, se hizo acorde a lo que dispone la Constitución, ante la ausencia de vicepresidentes. Miles de peruanas y peruanos que sintieron manoseadas las instituciones, y que no necesariamente simpatizan con Vizcarra, coparon las calles para pedir la renuncia de Merino, que había sido uno de los promotores de la destitución de Vizcarra. Las protestas dejaron un saldo de un centenar de heridos, personas desaparecidas y dos muertos. Ante el fuerte repudio colectivo por la represión policial,y tras la renuncia de la mayoría de sus ministros y el deterioro abrupto del apoyo de su propio partido (Acción Popular), Merino dimitió y abandonó la presidencia –que ejerció durante menos de una semana–.
Resulta un tanto paradójico que el presidente interino saliente se haya despedido con expresiones contra la corrupción, siendo que cada vez que ocupó un cargo público, su accionar fue cuestionado por episodios de corrupción y/o por conflictos de intereses.
Pero la crisis es más aguda, porque también renunciaron todos los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Ahora una mayoría del pleno del Congreso debe elegir a una nueva entre las listas que presenten los partidos. El poder legislativo buscará destrabar la votación este lunes a la tarde, tras rechazar el domingo, el nombramiento de la escritora referente de la izquierda, Rocío Silva Santisteban (quien necesitaba 60 votos positivos, pero obtuvo solamente 42, y varios rechazos y abstenciones). La presidenta o el presidente de esta nueva Mesa Directiva, asumiría la presidencia del país. Hoy lunes, durante la tarde, tendrá lugar una nueva sesión. El nuevo Jefe o Jefa de Estado, asumiría la conducción de la República hasta julio de 2021 (fecha en la que debería efectuar el traspaso de mando a la persona que las urnas de las elecciones de abril de ese año, erijan como nuevo mandatario constitucional).
Una tomografía social del Perú actual, arroja resultados alarmantes: similitudes con la crisis política de 2001 acaecida en Argentina, vacío de poder, crisis del Estado de Derecho, problemas de legitimidad y representación; grupos de presión bien activos, hartazgo de la sociedad civil, corrupción, y carencia de independencia de poderes.
Con este complicado cuadro, el pronóstico es reservado.
*Analista internacional, director y profesor de Gestión de Gobierno en la Universidad de Belgrano.
