El 7 de este mes, el Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (Renatep), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo responsable es Daniel Arroyo, subió un registro online para la inscripción de los/las trabajadores/as de la “economía popular”.
Una de las categorías que podía registrarse era la de “trabajador/a sexual”. Cinco horas después del episodio, Gustavo Vera, presidente del Comité Ejecutivo para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, tuiteó que acordaba con Arroyo en que ese formulario debía darse de baja. Y así fue. Una postal del gobierno de turno, que pretende contentar a tirios y troyanos. Es que las fuerzas a favor de abolir la prostitución (el “abolicionismo”) y las que piden la legalización del proxenetismo (el “regulacionismo”) conviven en el mismo partido, aunque las regulacionistas dominan puestos clave (como Victoria Donda en el Inadi). Si bien la medida retrocedió, se prepara una nueva avanzada, como siempre, a espaldas de la sociedad.
El principal impulsor de la legalización del proxenetismo es el seudo sindicato Ammar. Es cierto que Ammar no pide la regulación al estilo alemán ni holandés, sino al de Nueva Zelandia, que posibilita la cooperativización de las prostitutas y (en apariencia) no incluye al proxeneta.
En defensa de una supuesta prostitución “cooperativa”, Ammar cuestiona que los espacios de trabajo estén “criminalizados”. De hecho, una de sus consignas es “Que vuelva el cabaret”. También, que no se penalice por tratantes a las “trabajadoras sexuales” que firman los contratos de alquiler o que son dueñas de inmuebles donde se realiza el “trabajo”, como las considera la Ley de trata. Dicha ley penaliza a quienes facilitan o promueven la prostitución ajena, figura muy amplia que abarca hasta los que pegan los famosos “papelitos” en la vía pública. Claramente, detrás de las “ayudas” y “capacitaciones” que el Gobierno prometía a los trabajadores/as de la “economía popular” en el mencionado registro, se pretendía blanquear la forma más perniciosa de proxenetismo, la del “trabajo cooperativo”.
La iniciativa de Arroyo, entonces, trataba de legalizar, por debajo de la mesa, el retorno “del cabaret”. Se trata de la mejor forma de “esconder” al proxeneta, no de eliminarlo. Los proxenetas ahora serían simples “auxiliares” del trabajo “cooperativo” de la prostituta: propietarios o arrendatarios de los espacios, “recepcionistas”, agentes de “seguridad” al servicio de las “chicas”, la ley no podría alcanzarlos. Esas mujeres serían socias de una “cooperativa”, trabajadoras no asalariadas que solo pagarían los gastos comunes. Es la mejor forma de disfrazar prostíbulos manejados “a contrato”, con mujeres “sujetos de derecho”, que optan “voluntariamente” por prostituirse y que simplemente “alquilan” cuartos o comparten “telefonista”. Al menos, en Alemania, el proxeneta se asume como patrón, con todas las obligaciones legales que ello conlleva. Con el proyecto Ammar/Arroyo, ni siquiera eso.
Ahora, Arroyo reconoce que hay un debate sobre el tema, pero nada de abrirlo a la discusión pública como con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: van a “armar una mesa de trabajo donde estén todas las opiniones y en función de eso, decidirán si incluirlo o no en el registro”. La medida, cuyo alcance será perjudicial para gran parte de la sociedad, puede pasar a escondidas, mientras que el aborto seguro y gratuito, que salvaría cientos de vidas de mujeres pobres al año, todavía está esperando, a pesar de manifestaciones millonarias. Las presiones eclesiásticas y de la derecha van a ganar la pulseada otra vez. Las feministas, que tememos que el “trabajo sexual” entre por la ventana ya que no puede ingresar por la puerta, seguimos preguntando: ¿dónde está el debate?
*Organización Trece Rosas. Investigadora Ceics.
