La Ciudad es la más solidaria, la que más contribuye al Estado Nacional, la que más dinero genera para sus provincias hermanas que terminaron pobres y sus gobernadores ricos.
El mito dice que la Ciudad de Buenos Aires es opulenta, gasta en luces para árboles y quiere conservar sus privilegios por tener beneficios por ser la capital de la Nación. Son mentiras, manipulaciones y errores.
Esta particular situación es la excusa que permite al presidente Alberto Fernández avanzar con una insólita quita del 1% de lo que le corresponde a la capital argentina para, en este caso puntual, paliar los desmanejos y la mala administración de la provincia de Buenos Aires.
Con un presidente del mismo signo político que el Jefe de Gobierno se completó la transferencia de la policía tal como debía hacerse: con los fondos asociados y vinculados a la coparticipación ya que es la única manera de no depender de la arbitrariedad de los Gobiernos. También en esa ocasión se transfirió el dinero relacionado con los 70 delitos que ya habían sido derivados a la justicia de la Ciudad seis años antes.
El incremento al 3,50% actual, por lo tanto, no fue otra cosa que una transferencia de fondos en modo coparticipativo. Y ni siquiera la Nación entregó los fondos correspondientes al decreto anterior: en 2019 giró apenas el 3,08%.
Traspasar la Federal en 2016 implicó tareas de desmembramiento o duplicación. La transferencia estuvo plagada de dificultades operativas, al dividir que área quedaba en la Federal.
El 2017 es más claro aún, ya que estaba consolidada la división de áreas y que quedaba de cada lado. Ese año por coparticipación ingresaron 31 mil millones, 12 mil millones correspondían al 1,4% de coparticipación anterior. Los 19 mil millones de pesos restantes fueron transferidos para seguridad. El presupuesto ejecutado de Seguridad ese año fue de 27 mil millones de pesos y el costo de la policía metropolitana que prexistía en CABA era de 7 mil millones de pesos tomados en 2015, último año antes de recibir el personal de la Policía Federal, actualizados a valores constantes en 2017. Eso quiere decir que la Nación transfirió unos 7 mil millones de menos, diferencia que afrontó la ciudad con sus fondos.
En el medio, la Ciudad debió solventarse con sus propios ingresos. Una realidad que podría repetirse: el presupuesto jurisdiccional de seguridad es de 64 mil millones de pesos, mientras que la quita anunciada por el presidente ascenderá a 40 mil millones. Una cifra que obligará a la ciudad a repensarse si no quiere comenzar a aplicar restricciones que afecten la vida de los porteños. Porque, en simultáneo con la quita, la militancia permanente del gobernador Axel Kicillof, impide la habilitación de más ramas de la actividad económica en la Ciudad, lo que complica la recaudación y redondea un peligroso círculo vicioso.
Remarco que la Ciudad es una provincia argentina. Así la consagró la Corte Suprema en un caso por una disputa impositiva con Córdoba. Como tal, debe tener pleno derecho autonómico sobre la justicia, el puerto, los registros de propiedad y tantas otras competencias que la Nación continúa “capturando”.
El episodio de la quita del punto de coparticipación puede representar el punto de partida para defender a los tres millones de habitantes de CABA y a los tres millones del Conurbano que llegan a diario para trabajar, atenderse en los hospitales o utilizar sus escuelas: no solo defendiendo ante la Justicia lo que nos corresponde, sino también apelando a ese mismo cuerpo para que finalmente se entreguen a la Ciudad todas las competencias que le corresponden.
Es cierto lo que dice Alberto Fernández que la provincia de Buenos Aires cedió mucho dinero a las otras provincias para frenar la migración al Conurbano. Sin embargo, la pregunta clave que debe hacerse el presidente es: qué se hizo con ese dinero, que no llegó a la ciudadanía -que viven en una pobreza inexplicable- sino que permitió alimentar las nuevas oligarquías argentinas, las familias feudales del club de los gobernadores multimillonarios que llevan recibiendo plata de CABA, que aporta el 23% del PBI, o de la provincia de Buenos Aires desde hace cuatro décadas y que controlan en simultáneo el Ejecutivo, la justicia, la Legislatura y la policía de sus distritos.
Las protestas de la policía bonaerense dejaron al desnudo este esquema de poder completamente agotado. Es imprescindible romper con este modelo feudal y extractivo y avanzar hacia esquemas productivos que permitan, pagar buenos sueldos no solo a la policía, sino también a docentes y médicos.
La Ciudad no puede ser más el limón que se exprime en beneficio de las oligarquías provinciales. Los porteños no podemos seguir sumando esfuerzos para cubrir las necesidades de los feudalismos del interior. No tenemos por qué pagar los errores políticos y de gestión del gobierno nacional.
Pese a mi rol en la oposición y de no pertenecer a la alianza oficial, me toca indubitablemente defender los intereses de la ciudad, sobre todo de aquellas medidas que reclamamos desde la declaración de la autonomía, incluso judicialmente, y creo que no solo defendiendo lo económico, sino también lo que es justo, para una ciudad de 440 años que espera tener la plenitud de sus facultades restituidas plenamente.
*Abogado. Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el GEN.
