Las recientes frases sobre el pasado sangriento de la Argentina de uno de los candidatos, Javier Milei, pueden ser útiles para insultarnos unos a otros, o para generar un debate fundamental sobre la prevención y la investigación de la violencia en la Argentina de 2023. No es un tema partidario u opinable, es una demanda de toda la Nación.
¿Que proponen los candidatos a presidente para controlar la violencia actual en la Argentina?
Se discuten políticas para enfrentar la crisis económica pero no hay propuestas orgánicas para superar la crisis de inseguridad. Las promesas de orden no explican cómo se va a lograr.
El modelo no puede ser la Argentina de 1976. En los 70 Argentina tuvo violencia guerrillera, violencia de grupos paramilitares enquistados en el gobierno democrático y terrorismo de Estado. El consenso político sobre verdad y justicia que impulsó Raúl Alfonsín y apoyaron los demás partidos políticos transformó la lucha sectaria de los 70 en la convivencia pacífica de los 80.
La Argentina democrática del 83 nos mostró cómo generar consenso político contra el pasado violento, ser eficiente con los criminales y, al mismo tiempo, respetar sus derechos a un juicio justo, tratarlos como ciudadanos, no como enemigos.
Cuarenta años después, ¿qué podemos aprender de esas políticas de los 80 que permitieron erradicar la violencia política de la Argentina para controlar la violencia actual?
En 2023 la violencia es distinta, proviene del crimen organizado. Rosario es el ejemplo más claro, pero hay problemas similares en barrios del Gran Buenos Aires y la inseguridad se puede extender.
¿Sería útil una Conadep del crimen organizado para detectar las zonas del país con más violencia? Una convocatoria creíble a denunciar los problemas podría describir cómo impacta la violencia de 2023 en los sectores de menores recursos. También permitiría exponer las conexiones entre el narcotráfico, la corrupción política y policial, y el lavado de dinero.
Esa clase de macroanálisis permitiría enfocar los esfuerzos judiciales no en los autores directos sino en sus jefes, los responsables de los sistemas violentos, y desmantelar las organizaciones criminales. Eso fue el juicio a las juntas.
La tarea de Conadep permitió a la fiscalía liderada por Julio Strassera reunir en cuatro meses las pruebas que demostraban que Videla y Massera, como comandantes militares, habían organizado grupos de tareas que secuestraban personas, las torturaban para obtener información y luego ejecutaban sin juicio a quienes creían conveniente.
El juicio a las juntas fue una demostración de cómo tratar a sospechosos de haber cometido crímenes. El juicio público permitió reconocer el sufrimiento de las víctimas, mientras se respetaba a los victimarios y la sociedad entera tomaba conocimiento de lo ocurrido y abrazaba los valores democráticos. La reinstauración democrática nos permitió entender el rol de los juicios para terminar con la violencia.
Los excomandantes, que se habían arrogado el derecho de torturar y ejecutar sin juicio a quienes consideraban enemigos, no fueron sometidos a torturas para que confesaran. Por el contrario, tuvieron libertad absoluta para explicarse en forma pública, amplia oportunidad para presentar evidencia y para controlar la prueba de la fiscalía. El juicio a las juntas mostró el respeto a los sospechados.
Jueces imparciales dictaron condenas y absoluciones de acuerdo a la ley.
La Argentina de los 80 tuvo también capacidad de obtener información en el extranjero, que sería necesaria para comprender en la actualidad los lazos ocultos del crimen organizado.
En los 80 la ayuda internacional permitió detener a los principales jefes guerrilleros, que fueron luego indultados, y a José Lopez Rega, que transformó el Ministerio de Bienestar Social en el cuartel central de los grupos parapoliciales.
¿Sería posible detectar las conexiones internacionales del crimen organizado de Brasil, Colombia y México con las bandas que operan en la Argentina? En materia de seguridad está todo por desarrollar en la Argentina. La incapacidad de investigar el atentado a la AMIA o la muerte del fiscal Nisman es solo un ejemplo de que ni se previenen ni se investigan adecuadamente cientos de ataques cotidianos a la vida y a la propiedad de los argentinos.
Debemos generar ideas nuevas y resistir la tentación de repetir conceptos fracasados. En particular, la visión de utilizar a nuestras Fuerzas Armadas en conflictos internos. Transformar a ciudadanos argentinos en enemigos a los que se puede ejecutar fue una estrategia militar autodestructiva, que fue prohibida por la ley. En los Estados Unidos, los generales no le permitieron al presidente Trump utilizar a sus tropas para controlar las movilizaciones de ira que produjo el asesinato de George Floyd.
Es la hora de escuchar a los candidatos. Luego de las elecciones será el momento de ayudar a que el presidente electo proteja del crimen, mafioso o estatal, a todos los argentinos.
Es, literalmente, una cuestión de vida o muerte.
*Abogado. Ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas.
