La Nación produce enormes gastos por el uso del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires y no paga por ellos. Marchas, movilizaciones, velorios, desfiles, espectáculos culturales y deportivos son sólo ejemplos de eventos que implican gestiones administrativas y logísticas, inversiones y gastos que hoy están a cargo del presupuesto de la CABA: el control del acceso, vallados y desvíos de tránsito; la seguridad durante el evento y la desconcentración de la salida; la asignación de personal de áreas como Seguridad, Salud y puestos sanitarios; los costos de mantenimiento y del servicio de barrido y recolección de residuos, y la reposición de mobiliario urbano y luminarias vandalizados, entre otros.
Estas situaciones se repiten año a año sin el reconocimiento del esfuerzo que hacen los vecinos porteños por la cantidad de eventos que genera “lo Nacional” en la Ciudad. Tendemos a naturalizarlas sin analizar el trasfondo: al año suceden alrededor de mil cortes en la vía pública por manifestaciones de distinto tipo. Se torna una situación injusta.
Por eso, considero que el Estado Nacional deberá reembolsar a la Ciudad los costos por el uso y daño del espacio público, incluyendo los perjuicios que pudieran generar tanto en el antes, durante y después de cada evento motivado por la política nacional. La movilización y el reclamo deben ser protegidos como derechos, pero: ¿qué Estado paga los platos rotos? Hasta hoy solo la Ciudad.
Estado Nacional deberá reembolsar a la Ciudad los costos por el uso y daño del espacio público, incluyendo los perjuicios que pudieran generar
En relación con la limpieza y reposición de césped y canteros, tras cada manifestación a Plaza de Mayo o al Congreso, la Ciudad debe invertir cerca de $ 3.500.000. En casos puntuales, como el velatorio de nuestro querido Diego Maradona o el debate de la IVE, los costos fueron de $ 8 millones cada jornada.
Creo firmemente en el derecho a manifestar como una manera de expresarse y hacer saber la opinión de conjuntos de la sociedad al Estado Nacional. También en la obligación constitucional de la Ciudad de colaborar con la seguridad para poder desarrollar sus actividades.
Creo firmemente en el derecho a manifestar como una manera de expresarse y hacer saber la opinión de conjuntos de la sociedad al Estado Nacional
Desde lo jurídico, cabe recordar que, durante la administración de Raúl Alfonsín se promulgó la ley 23.512, que estipulaba el traslado de la Capital Federal a Viedma. Se trata de una ley que lleva más de treinta años de incumplimiento. Mientras tanto, subsiste la obligación de garantizar el funcionamiento de los poderes Nacionales, pero no de hacerse cargo del gasto que ello provoca. Si el traslado hubiese sucedido, la Ciudad no debiera incurrir en los millonarios gastos que provoca el funcionamiento de lo nacional en su territorio.
El proyecto de ley tiende a equilibrar esta situación: regula el presupuesto de gastos que afronta la Ciudad debiendo el Estado Nacional solventar aquellos que se producen por su estadía en CABA y que se originan en sus decisiones políticas y dinámicas propias de la gestión, sobre todo, en el contexto del grave desfinanciamiento al que está sometiendo a los porteños con la quita arbitraria de casi dos puntos de la coparticipación nacional.
*Diputado LCABA (Partido GEN).
