En Perú hay persecución de ideas. En Perú no hay una democracia. En Perú han asesinado ya a más de sesenta personas, en su mayoría “terrucos” de la universidad pública (San Marcos, cuya puerta tres quedó destruida luego de que entrara la policía con tanques y esposara contra el piso a decenas de estudiantes; una imagen de una dictadura: nunca vemos grandes empresarios o banqueros esposados contra el piso, a los grandes delincuentes de cuello blanco que laceran América Latina jamás los veremos humillados y esposados contra el piso, viven escoltados y en barrios caros: sólo a los estudiantes pardos de la universidad pública en el Callao se los esposa contra el piso como delincuentes) o “cholos” pobres del sur profundo que bajan de la sierra a protestar contra el gobierno ilegítimo de la señora Boluarte. Los medios del Perú están más preocupados por mostrar los daños materiales del “vandalismo” (vidrieras rotas, escombros en la calle, grafitis que dicen “Estado genocida”, “Dina asesina”, “Nueva Constitución”) que por mencionar las muertes. En muchos medios (Willax, un medio “terruqueador” constante) hasta se justifican las muertes de manifestantes con frases del tipo: “son vándalos, que se lo buscaron”. En Perú no hay ya una democracia plena, se recortan las libertades civiles: no hay libertad de expresión ni de protesta. Hay decenas de prisiones arbitrarias cada día, amparadas en una vieja ley antiterrorista de Fujimori, una ley de 1992 que fuera duramente cuestionada en 1994 por Amnistía Internacional. Dos décadas más tarde, esa ley ominosa e inconstitucional se sigue sin embargo, empleando para encarcelar estudiantes y campesinos. El miedo ha impregnado a distintas capas de la sociedad civil. Entre ellas, a los organismos de derechos humanos y a los abogados. Hay miedo de alzar la voz. El reportero gráfico español, del medio El Salto, Julio Ramos, quien cubrió la guerra en Ucrania, vio cómo mataban a un manifestante –ex estudiante de la San Marcos– al lado de él. Tiene un ojo roto por los perdigones. No puede ver. Las asociaciones de prensa, tan rápidas en Argentina y otros países para defender “la libertad”, no han dicho al respecto una sola palabra.
Tener un Manual de Derecho penal puede representar un acto de “terrorismo”
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el órgano oficial más importante en la materia, no ha tomado posición contra el “terruqueo”. Tampoco la Defensoría del Pueblo. Esto alienta la idea de que los y las asesinadas son “terroristas”. Cualquier persona (mujeres andinas pobres) que critica al gobierno debe aclarar mientras habla “yo no soy terrorista”.
Una de las abogadas de Castillo, Indira Rodríguez Paredes, es la fundadora de la Coordinadora contra el terruqueo, una organización compuesta mayormente por mujeres valientes abogadas y antropólogas que pretende suplir este vacío legal. Casi siempre son las mujeres las que toman la posta ante el silencio de los varones. En Argentina fueron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En Perú no es distinto.
En Perú no hay una democracia: en el requerimiento de detención preliminar del caso Ayacucho (carpeta fiscal 77; 2022) aparecen los nombres de ocho personas (mujeres) y se ordena la incautación de libros de “Derecho penal del enemigo”, una doctrina académica alemana ampliamente discutida en el mundo. En Perú no hay tampoco libertad académica. Tener un Manual de Derecho penal puede representar un acto de “terrorismo”.
Quien escribe esta página vivió hace tres días una situación jamás vivida en ninguna universidad del mundo: que se prohíba mi ingreso a una universidad pública (San Marcos), donde iba a exponer, y fui invitado a exponer por las y los estudiantes, con el título “Derecho penal latinoamericano”. A quienes denuncian los crímenes del gobierno se los tilda de “azuzadores” y se les prohíbe –a ellos, y a sus aliados– hablar. Fuimos con Eugenio Zaffaroni hasta el penal de Barbadillo, donde está alojado el expresidente Castillo, y tampoco nos dejaron, una vez que estábamos adentro bajo el sol, ver al presidente, que nos apersonó de su puño y letra como sus abogados en el proceso ante la Corte Suprema de Perú. Tampoco se respeta el derecho de defensa en juicio de Pedro Castillo, el primer presidente rural, campesino, del Perú. No hay debido proceso para él: no hay garantías.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Procuración del Tesoro Argentina (ECAE-PTN).
