El 19 de marzo, rodeado de estudiantes, Donald Trump dispuso el desmantelamiento del Departamento de Educación, equivalente a un ministerio según la configuración administrativa establecida por el presidente Jimmy Carter en 1979.
No es una medida aislada, sino que forma parte de la batalla cultural emprendida en forma virulenta, que en este caso beneficia al homeschooling, enseñanza en la casa. Desde sus orígenes en los Estados Unidos las familias educaban a sus hijos en sus propias casas.
Resulta significativo que Massachusetts, un tradicional Estado, fuera el primero en aprobar una ley de educación obligatoria (1789). Esa fue la cuna de la educación estadounidense y aún sigue siendo un faro de cultura con sus prestigiosas universidades: Harvard, MIT, etc. Pero definitivamente se estableció el sistema moderno de educación en el año 1852, a instancias del abogado y educador Horace Mann. Un argentino, Domingo Faustino Sarmiento, admirado por ese programa educativo visitó Boston, y años después contrató a sus maestras para enseñar en Argentina.
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Luego de Massachusetts, otros Estados comenzaron a hacer obligatoria la asistencia a las escuelas e incluso prohibieron la educación en casa. Pero a mediados del siglo XX volvió el interés por el homeschooling, impulsado por el cuestionamiento social a la educación pública y el auge de las ideas de desescolarización. Posteriormente–en el contexto de las protestas de los estudiantes contra su participación en la guerra de Vietnam– John Holt, y otros educadores, promovieron por todo el país la enseñanza sin escuela.
Para la década de 1980 los Estados comenzaron a legalizar el homeschooling, reconociendo las diversas razones por las que los padres optan por esta vía educativa. El número de familias que educan a sus hijos en casa aumentó paulatinamente, alcanzando 3,1 millones de niños desde preescolar a los 12 años. Representan el 6 % del sistema educativo estadounidense y se ha extendido a otros países, incluso Argentina (National Home Education Research Institute, 2025).
La profesora de Harvard Elizabeth Bartholet señala que la mayoría de esas familias (según estimaciones, hasta el 90%) se rigen por creencias religiosas que buscan alejar a sus hijos de la cultura dominante. Y algunos de los padres son "ideólogos religiosos extremistas" que cuestionan la ciencia y promueven la sumisión femenina y la supremacía blanca (Harvard Magazine, 2020).
Ahora Trump argumenta que la oficina federal de Educación es innecesaria en un país donde los Estados regulan en gran medida la materia. Pero lo más importante: subraya que ha sido un cauce para expandir la cultura woke.
Es cierto que la financiación federal representa una porción relativamente pequeña –alrededor del 10%– de los presupuestos de las escuelas de gestión estatal. Sin embargo, hay Estados como Mississippi o Alaska, que dependen de este dinero para financiar más del 20% de los costos de los distritos escolares.
La pregunta ahora es: la secretaria de Educación Linda McMahon, ¿dejará de proveer dinero para ayudar a estudiantes pobres y discapacitados? Además, ¿que pasará con los préstamos estudiantiles?
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Es cierto que la medida requeriría de una ley del Congreso, pero sabemos que las normas legales han perdido eficacia en el país del Norte, lo que augura una decadencia mayúscula. Varias de las casi 150 órdenes ejecutivas (decretos) que ha firmado Trump en pocos meses de gobierno violan disposiciones constitucionales que han sido denunciadas, pero a él poco le importa.
Ha cerrado decenas de bibliotecas, recortado subsidios a las universidades acusadas de permitir las protestas en favor de los palestinos o fomentar el wokismo. Utilizó el escándalo del watergate al Servicio de Impuestos Internos, Internal Revenue Service, como arma política contra sus adversarios. También prohibió alrededor de 200 palabras en la comunicación gubernamental, amén del apoyo a la censura sobre miles de libros, entre ellos 1984, de George Orwelll, o The Handmaid Tale, de Margaret Atwood.
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB, al tiempo que recuerda que son los padres los principales educadores de sus hijos y deberían tener libertad para elegir la más adecuada, advierte sobre el peligro que corren los niños pobres y discapacitados de todas las escuelas del país con estas medidas.Evidentemente, todas ellas no tienen como horizonte el bien común, y fomentan aún más el individualismo, en una sociedad modelada por ese flagelo social.
