Hoy nos enfrentamos a una salida divergente de la crisis sanitaria. Mientras las economías desarrolladas tendrán un crecimiento de 5,6% en 2021, el pronóstico para las economías de ingresos bajos es de casi la mitad, sólo 2,9%.
El Producto Bruto Interno (PBI) de los países de ingresos medios y los países en desarrollo, dejando de lado a China, también crecerá por debajo de los países de ingresos altos, a pesar de que en 2020 el derrumbe fue mayor y, en el caso de América Latina, promedió 7%.
No podemos permitir que la globalización reinicie con desigualdades amplificadas. Debemos fomentar iniciativas en la comunidad internacional para alcanzar acuerdos mínimos que puedan sentar las bases de una nueva arquitectura financiera global, más solidaria y sustentable, que contribuya a financiar la recuperación de quienes más lo necesitan.
La reciente decisión del G7 sobre redireccionar los Derechos Especiales de Giro (DEG) de países desarrollados a países de ingresos bajos y medios refleja el sentido de cooperación que precisamos en la reconstrucción pos pandemia.
También el potencial de transformación que proviene de decisiones alcanzadas por consenso, un principio que en la Argentina promovemos desde el Consejo Económico y Social, donde referentes de los trabajadores, del sector empresario, de la academia y de la sociedad civil diseñan en conjunto políticas de Estado.
Representa además un paso adelante hacia un renacer del espíritu de Bretton Woods que otorgaba a los organismos internacionales el rol de promotores de la paz social y la estabilidad mundial.
No podemos permitir que la globalización reinicie con desigualdades amplificadas
Los DEG son un activo creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para complementar las reservas de los países miembros y favorecer así el equilibrio macroeconómico. No son monedas per se, sino un derecho potencial frente a otras monedas. Tienen un valor actual aproximado de 1,43 dólares según su configuración, una canasta compuesta por el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.
De las tres funciones del dinero, reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago, los DEG cumplen las dos primeras. Sólo sirven para ejecutar transacciones bajo expresa autorización del FMI, no pueden estar en manos de entidades privadas ni de particulares.
Hasta el momento se asignaron cerca de USD 293 mil millones, de los cuales un 85% fue asignado en la crisis de 2009. Esa experiencia nos brinda un antecedente cercano y un aprendizaje: la asignación extraordinaria de DEG fue clave en proporcionar la liquidez adicional necesaria para apuntalar la recuperación poscrisis.
Se trata de un instrumento de cooperación que ha sido utilizado en escasas ocasiones a pesar de su probada eficiencia. La posición de la administración Trump al inicio de la pandemia demoró de manera innecesaria el alivio que una disposición temprana hubiera generado a los países miembros durante el epicentro de la crisis.
La nueva asignación, de terminar de aprobarse en agosto, estaría más que duplicando el reparto realizado en la crisis subprime y alcanzaría los USD 650 mil millones. Según la cuota que la Argentina posee el FMI, representaría para el país una asignación directa aproximada de USD 4,3 mil millones.
A esto podría añadirse una asignación indirecta si el G7 continúa avanzando en la implementación de un fondo por USD 100 mil millones que permita redireccionar los DEG hacia los países en desarrollo. Este Resilience and Stability Trust, tal es su nombre provisorio, tendría como objetivo el fortalecimiento de las reservas de los países más golpeados por la crisis.
Como lo indica Alicia Bárcena, titular de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, “El acceso a los DEG es un derecho inalienable de todos los miembros del FMI. Los DEG no generan deuda adicional ni suponen condicionalidades. Además, no están sujetos a trabajosas negociaciones sobre aumentos de cuota o acuerdos de préstamo.”
Resulta fundamental la inclusión acordada en esta oportunidad de los países de renta media, ya que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) solo proporcionó asistencia a los países de ingresos bajos, sin contemplar que son los países de ingreso medio los que se encuentran más endeudados.
Es la hora de una audacia creativa y una planificación inteligente para no cometer los errores del pasado
En cualquier caso, la asignación de DEG, directa o indirecta, debe ser un vehículo que contribuya al crecimiento y no a una nueva ola de especulación financiera, ni destinarse a la compra de tiempo para esquivar una carga de deuda insostenible y maquillar cronogramas que a la larga resultan insostenibles.
Los recursos cedidos por los países más ricos pueden financiar programas destinados a incentivar un crecimiento inclusivo y sostenible. Por ejemplo, a partir de la canalización a través de los bancos multilaterales, en una ayuda al desarrollo que se concrete en proyectos de infraestructura sustentable, en programas de formación de capacidades para el futuro del empleo, en garantizar el acceso a servicios de salud, en una reconversión de la matriz energética hacia un mayor uso de energías renovables.
Es posible acompañar la cesión de DEG con un ambicioso programa de swaps de deuda por clima, donde el fondo conformado por los activos redirigidos a los países en desarrollo actúe como garantía en reestructuraciones soberanas de deuda bilateral, multilateral o privada, con beneficios mutuos para deudores y acreedores.
Es la hora de una audacia creativa y una planificación inteligente para no cometer los errores nacionales del pasado. Recientemente el FMI, Banco Mundial y la OMS han anunciado que se requieren 51.000 millones de dólares para vacunar al 40% de la población mundial en 2021 y al 60% en 2022. Es un monto superior al préstamo que recibió la Argentina en años recientes, lo cual da una idea escalofriante del despropósito cometido, que hoy exige responsabilidades compartidas para ser superado con una visión que no perjudique a nuestro pueblo ni continúe hipotecando a las próximas generaciones.
*Presidente del Consejo Económico y Social. Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina. Miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
