Mientras el conflicto en Irán tensiona el Estrecho de Ormuz y varios países han ajustado sus surtidores al alza, Argentina protagoniza una de las paradojas más llamativas del mapa energético global: es un país que extrae petróleo de su propio suelo, exporta crudo incluso hacia Estados Unidos, alberga la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil, y roza los 900 mil barriles diarios de producción –el nivel más alto desde 1998–. Sin embargo, su consumidor paga la nafta más cara que el estadounidense o el brasileño. Esa paradoja, que para algunos es algo natural y que ocurre por las fuerzas de la naturaleza en libertad, en realidad es el resultado de decisiones de política que toma el Gobierno. Por eso la Argentina es el país petrolero que, sin estar vinculado al conflicto, más aumentó sus combustibles. Al mismo tiempo que es uno de los países que más apreciaron su propia moneda. Dos fenómenos que se superponen.
Argentina pasó del declive estructural –que la llevó a importar combustibles por miles de millones de dólares– a convertirse en exportador neto gracias al no convencional neuquino. En enero de 2026, la producción nacional alcanzó un récord histórico de 882 mil barriles diarios, un 16,5% más que en enero de 2025; Vaca Muerta explica el 68% del total. El salto respecto a diciembre de 2023 –cuando la administración actual asumió– supera el 20% en volumen extraído. Esa base productiva, en un país soberano de sus recursos, debería traducirse en precios internos más bajos. Que no lo haga tiene nombre: la ley Bases 27.742, sancionada en junio de 2024, derogó el artículo central de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera 26.741 –heredera de la renacionalización parcial de YPF en 2012– y eliminó la obligación de abastecer primero el mercado interno. Sturzenegger, Caputo y Milei.
Los productores obtuvieron libertad plena para exportar y se prohibió al Ejecutivo intervenir en la formación de precios, incluido el histórico “barril criollo”. El resultado concreto es que el consumidor paga el crudo a precio de paridad de importación, aunque ese crudo se extraiga en el mismo país del surtidor.
Los números son contundentes. Desde diciembre de 2023, el precio de la nafta aumentó un 542,7% nominal –un 64% real–, frente a una inflación del 292% y un incremento salarial del sector privado del 288% (Indec/SIPA). Solo en lo que va de 2026, la nafta subió un 24% contra un IPC del 9% y sueldos que crecieron un 6,7%, según datos del IAG en base a surtidores, Indec y SIPA. Hoy, un argentino paga US$ 1,5 por litro (subió nominalmente en pesos y en dólares por la nueva baja del dólar); un estadounidense, US$ 1,09; un brasileño, US$ 1,31. Argentina es el segundo país productor de petróleo más caro de América Latina. Ante el shock de la guerra, México aumentó sus precios un 9,8%, Brasil un 7,6%, Colombia bajó un 0,7%. Los que superaron el 24% argentino son naciones del sudeste asiático altamente dependientes de importaciones por el Estrecho de Ormuz, países no autoabastecidos como Chile o Paraguay, o los directamente involucrados en el conflicto. Argentina no pertenece a ninguna de esas categorías.
A la paridad de importación se suma la evolución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL): pasó del 10% del precio del litro en 2022 al 20% en marzo de 2026. De cada $ 2 mil que paga el consumidor, $ 400 son carga tributaria –el ICL es el impuesto que más creció y más recaudó desde el inicio de esta gestión–. La Ley 23.966 obliga a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, cuya mitad debe financiar obra vial nacional. Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026, el Gobierno acumuló unos $ 3 billones por ICL sin ejecutar en infraestructura; sumando el eximpuesto PAIS, son $ 6,1 billones recaudados sin destino productivo (IAG). Mientras tanto, la Inversión Real Directa para obra pública cayó un 97,5% en términos reales respecto de enero de 2023 y cerca de 2 mil obras fueron paralizadas en todo el país. Hay $ 400 de impuesto en cada litro y cero kilómetros nuevos de ruta.
El combustible caro es una pieza funcional dentro del modelo de Milei. La lógica que lo sostiene no es nueva en Argentina –valorización financiera, extracción de renta, compresión del mercado interno–: se extrae la renta del recurso natural, se redirige hacia el superávit fiscal y el servicio de la deuda y se traslada el costo al consumidor y al productor doméstico. El 78% del superávit que el Gobierno exhibe como evidencia de orden equivale a todo el derrumbe de la obra pública (a precios constantes). Obra pública que, paradójicamente, también favorecería a petroleras y mineras, para su logística y operación.
El efecto sobre las familias es directo y acumulativo. Cuando el combustible sube un 24% en cuatro meses y los salarios crecen un 6,7%, la brecha es dinero que deja de estar disponible para alimentación, alquiler o educación. El encarecimiento del combustible opera como un impuesto regresivo sobre toda la economía real: se traslada a costos de transporte, logística, producción agropecuaria e industrial y finalmente al precio de alimentos y bienes básicos. Una empresa que paga energía a precio internacional mientras compite contra pares que acceden a combustible más barato pierde competitividad por dos vías a la vez.
La salida requiere al menos tres intervenciones concretas: redefinir el esquema de precios internos para que estén a la altura de las necesidades de las familias, lo cual implica una política de ingresos; un RIGI acorde con las necesidades de desarrollo de los suministros locales, para que el sector sea locomotora y no que vaya por una vía desconectada; reducir la carga del ICL, que funciona hoy sin contraprestación de obra, y ejecutar las inversiones que la Ley 23.966 ya manda financiar.
*Investigador del Instituto Argentina Grande (IAG).
