¿Qué cambió en estas horas para que el gobierno del FdT y el FMI lograran cerrar un acuerdo? Todo reside en una cuestión: Fernández y Guzmán admitieron reducir en casi un punto del PBI -unos 4.000 millones de dólares- el déficit fiscal del año que comienza, y cerrar su gestión arrimándose al déficit cero. Se trata de un ajuste del orden de los 12.000 a 15.000 millones en dólares en los dos años y medio que durará el “programa” pactado en estas horas. Al final, el pedido de un “plan económico” al gobierno, sobre lo que tanto se machacó recientemente, no pasaba de esa exigencia, saber, que el ajuste tenga lugar bajo su propia gestión, y no quede difusamente dilatado en el tiempo.
Al explicar cómo hará para llevar adelante ese ajuste de gastos en 2022, Guzmán señaló que buena parte de la reducción del déficit 2022 ya se viene logrando “gracias a la mayor recaudación”. Delató, sin quererlo, al programa económico confiscatorio que viene aplicando, y que ha residido en la indexación de los precios, la recaudación impositiva y los rendimientos de la deuda pública, a cambio de la desindexación de salarios, jubilaciones y de gastos sociales. Sólo en 2021, este mecanismo transfirió 6.000 millones de dólares del mundo del trabajo hacia el Estado y los acreedores de la deuda. Sin sonrojarse, Guzmán afirmó también que el acuerdo “no contempla cambios en el régimen previsional”, como si la primera medida del gobierno de FF, en diciembre de 2019, no hubiera consistido en la desindexación de la movilidad jubilatoria.
Guzmán señaló también que no habrá nuevas medidas tarifarias. Pero las audiencias para convalidar los aumentos de luz y gas ya fueron convocadas. El presidente y su ministro desmintieron a los “saltos devaluatorios”, cuando el acuerdo exige la meta de acumular 5.000 millones de reservas en el curso de este año – netos de los gastos por importaciones, cancelaciones de deuda pública y de deuda privada. (Los vencimientos de deuda externa privada, que suelen encubrir autopréstamos, pueden implicar una amarga sorpresa para el “programa de acumulación de reservas). Este cuadro de situación obligará al gobierno a retacear la oferta de dólares elevando su precio, o sea, a establecer un régimen de devaluación permanente de la moneda.
Más allá de estas medidas, las inconsistencias del acuerdo son sencillamente desbordantes. Guzmán anunció una “tasa de interés positiva”, un planteo recesivo que choca con los objetivos recaudatorios del acuerdo. Como además exige ´reducir la emisión monetaria´, se obliga al Tesoro a financiarse a tasas de interés extorsivas en el mercado local, o sea, a profundizar la bancarrota del Estado. No hay que olvidar que ese Estado carga con una deuda pública en pesos del orden de los 50.000 millones de dólares, que se indexa mayoritariamente de acuerdo a la inflación o al tipo de cambio –no puede ser licuada. Esa hipoteca será reforzada si, como tiene previsto, el gobierno traslada al Tesoro la deuda del Banco Central con los bancos locales. Por donde se las mire, las “recomendaciones” compulsivas del FMI agravan el peso de esta hipoteca explosiva. Para que esa carga se compatible con la reducción del déficit fiscal, el ajuste sobre los gastos salariales y sociales del Estado deberá ser todavía mayor.
Por último, hay que decir que este acuerdo confiscatorio e inconsistente es, además, precario. Alguien puede pensar que su duración de dos años y medio coincide con el período que le resta al mandato presidencial. Pero hay otra razón más profunda para este acuerdo “corto”: hacia 2025/2026, los vencimientos conjuntos de capital e intereses de toda la deuda externa argentina trepan por arriba de los 20.000 millones de dólares anuales, y son imposibles de solventar. En otras palabras, el acuerdo “corto” asume, sin decirlo, que habrá una nueva reestructuración de deuda para dentro de sólo tres años. En el lenguaje de la burocracia financiera internacional, el término `reestructuración` es un eufemismo de las cesaciones de pagos. En ese lapso, los principales afectados por esa posible “reestructuración”, los acreedores privados, con títulos de deuda argentina que cotizan por el suelo, ejercerán el “monitoreo” de este acuerdo con los recursos que les son propios: haciendo subir el riesgo país o empujando a una corrida cambiaria ante cualquier `desvío` respecto del ajuste pactado. Guzmán auguró por una economía “tranquila”: no la tendrá, siquiera, del lado de los intereses capitalistas que rapiñan sobre la bancarrota nacional. El gobierno y el FMI, en definitiva, han comprado un pasaje de media distancia hasta el próximo default.
Guzmán no se privó de reivindicar a la “política de ingresos”, la manera elegante de aludir a la regimentación de los salarios. En definitiva, la reducción del déficit fiscal, en plena inflación, consiste en que los salarios y jubilaciones marchen por detrás de los precios -y de la recaudación de impuestos . La invocación a la burocracia de los sindicatos, por parte del ministro, es un reclamo en favor de paritarias con cepo –lo mismo vale para los gastos educativos, sociales, o sanitarios. Tenemos que abrir una gran deliberación en las organizaciones obreras, sociales y juveniles, para defender el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo.
(*) Economista, dirigente de Política Obrera.
