La Convención Constitucional chilena presentó su propuesta de Nueva Constitución al presidente Boric en una ceremonia emotiva, sobria y republicana. La Convención terminó su trabajo en tiempo, entregando un documento completo de nueva organización del poder y derechos para las personas que viven en Chile. Un proceso único en el mundo donde las mujeres escribieron en pie de igualdad las reglas del pacto social y donde –por primera vez en la historia del país vecino– los pueblos originarios fueron parte de la deliberación.
Esta nueva Constitución modifica la forma de Estado delineando una descentralización profunda y respetando las tradiciones y la cultura de los pueblos indígenas. Del mismo modo, desconcentra el poder en manos de la Presidencia y construye un Poder Legislativo más fuerte, alejándose de los modelos de cambio constitucional de principios de siglo en otros países de la región.
Sin embargo, el aspecto más innovador viene de la mano, sin dudas, del establecimiento de la democracia paritaria y la transversalización de la perspectiva de género con rango constitucional. Si bien otros países de la región ya habían incorporado la democracia paritaria, en Chile se transforma en uno de los pilares del nuevo texto al ser producto de la deliberación de una asamblea conformada por la misma proporción de hombres y mujeres. Y va un paso más allá al definir a la paridad como al menos un 50% de mujeres, dando espacio a diversidades sexogenéricas por fuera de un espectro binario.
En este sentido, del mismo modo que también México lo hiciera en 2019 con la aprobación de la Paridad en Todo, el documento de la Nueva Constitución mandata al Estado a promover la integración paritaria en sus instituciones y en los espacios públicos y privados. Esto implica la paridad en los órganos colegiados, también en los cargos de designación, y obliga a la futura ley electoral a que sean las mujeres las que encabecen las listas de las candidaturas. Pero la Constitución no se queda con asegurar la integración paritaria, también incorpora mandatos de actuación tendientes a la igualdad sustantiva, como la transversalización de la perspectiva de género en todo su accionar. Por ejemplo, el Art. 6 inc. 4 estipula: “Los poderes del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones”.
Resulta evidente que esto no se logra de un día para el otro. Las normas transitorias apuntan a que la implementación sea gradual pero decisiva, con miras a evitar que las innovaciones terminen en letra muerta. Un ejemplo de esto es que si no se ha generado una reforma electoral paritaria antes de las próximas elecciones se deberá emplear la ley que reguló la conformación paritaria de la Convención Constitucional. En los órganos no electivos, la paridad se irá introduciendo de manera progresiva a partir de las nuevas incorporaciones.
Que en 2022 la democracia no pueda ser entendida sin ser paritaria no debería sorprendernos. Numerosos compromisos internacionales adheridos por los Estados de la región, como el Consenso de Quito y la Estrategia de Montevideo, y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas postulan la igualdad sustantiva como una de las metas claves para la convivencia. Lo que hace el nuevo texto chileno es constitucionalizar estos mandatos al Estado, para que sea su obligación remover los obstáculos estructurales que dificultan el acceso y el ejercicio del poder de las mujeres y las diversidades.
El 4 de septiembre la ciudadanía deberá decidir si aprueba o no el cambio constitucional. Sin embargo, más allá del resultado de esta votación y de las presiones que pujan por controlar el proceso político, la vara queda alta para cualquier reforma que ya no puede ser pensada ni hecha sin mujeres.
*Universidad Católica de Chile y Red de Politólogas.
#NoSinMujeres.
