Blas Correas tenía 17 años cuando murió por un disparo policial en su espalda. Los efectivos colocaron un arma en la escena para simular un enfrentamiento que nunca ocurrió. Daiana Abregú fue detenida por una contravención menor y doce horas después fue encontrada muerta en su celda, con signos de ahorcamiento. Mientras la policía alega que se trató de un suicidio, su familia sostiene que fue un homicidio. Estos tristes casos son solo una muestra de un problema estructural arraigado en todo el país.
La violencia institucional en Argentina llegó a niveles alarmantes y es urgente que las instituciones estatales prioricen este problema en la agenda. Las poblaciones marginalizadas viven en un constante miedo a la policía, enfrentando agresiones, hostigamiento, requisas abusivas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos degradantes. Incluso se han registrado desapariciones y asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad. Estas prácticas, lejos de ser casos aislados, se extendieron de manera preocupante, y hace falta tomar medidas estructurales para poner fin a este abuso sistemático que afecta a la población civil.
Desde Amnistía Internacional, realizamos un exhaustivo informe titulado “Violencia policial: ¿qué sucede después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial”. En este documento, exponemos las estrategias de impunidad empleadas por las fuerzas de seguridad y presentamos recomendaciones para que el Estado tome acciones concretas y ponga fin a los abusos.
Entre las deficiencias que identificamos, destacamos la falta de una política integral de búsqueda de personas desaparecidas y la falta de tecnología adecuada para llevar a cabo investigaciones efectivas. Además, se incumplen estándares internacionales en la investigación de muertes potencialmente ilícitas, siendo las autopsias un punto recurrente de falla que entorpece el resto de la causa.
Asimismo, es alarmante observar que con frecuencia las investigaciones se centran únicamente en probar la versión oficial, descartando rápidamente hipótesis alternativas de vital importancia.
A esto se suma la frecuente calificación inadecuada de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad: se catalogan como delitos menores situaciones que merecerían una sanción mayor. Por ejemplo, el caso de cuatro jóvenes qom en Chaco, que fueron sometidos a torturas por parte de los efectivos, fue catalogado como vejaciones, una figura legal menos grave.
Otro tema central en la eliminación de la violencia policial es la determinación de la responsabilidad de toda la cadena de mando. Las investigaciones deben señalar no solo a los responsables individuales, sino también a los mandos jerárquicos cómplices, con el objetivo de eliminar los patrones culturales que posibilitan los abusos. Evitar la repetición requiere una transformación del entorno institucional que favorece el uso ilegítimo de la fuerza.
Por último, relevamos las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la Justicia y participar en el proceso. La burocracia, los altos costos y la falta de información son obstáculos que impiden que las familias ejerzan su legítimo derecho a la verdad, a la Justicia y a una reparación integral.
La repetición constante de hechos violentos revela la falta de voluntad política y compromiso institucional para erradicar la violencia en las fuerzas de seguridad. Esto evidencia la incapacidad del Estado para investigarse a sí mismo y la prevalencia de una trama que socava la Justicia, la reparación y el cumplimiento de los tratados internacionales. Es imperativo que se tomen medidas efectivas para combatir el abuso de la fuerza y la impunidad. La convivencia democrática y el pleno respeto de los derechos humanos no serán posibles hasta que el Estado decida llevar adelante una reforma estructural que ponga fin a la violencia institucional y la justicia sea verdaderamente accesible para todas las víctimas.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
