—En su oportunidad, el Consejo de la Magistratura recomendó el traslado de los jueces de acuerdo con una interpretación de su reglamento y de las acordadas de la Corte, ¿por qué ahora declara lo contrario?
—Voy a empezar un paso atrás. Estuve en el Consejo en todas las épocas como asesor y ahora como consejero. Se entendió allá por el año 2000 que había que fijar un tipo de reglamentación, porque empezaban a producirse algunos traslados. Hubo algunos jueces trasladados, fundado en razones personales o en enfrentamientos o conflictos en un tribunal que obligaba a pasar de un tribunal a otro. Se armó un reglamento con cierto grado de exigencia importante: se pedían cuatro años, se exigía que tuvieran la misma competencia, la misma función. Eso se construye allá en el año 2000. Con el paso del tiempo, lo que era la excepcionalidad empezó a ser algo bastante común. Cuando llego al Consejo dos años atrás o un poco menos, mi planteo en toda la campaña para que me eligieran fue que se había dado en el país en los últimos años una especie de carnaval de traslados. Es lo que pasó. Entonces, advertí que se empezaba a perder el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional. En ese momento, con una mayoría que respondía al gobierno anterior, se empezó a trasladar gente, en muchos casos sin cumplir todos los requisitos. En el caso puntual que tenemos ahora, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia tienen competencia penal. Pero algunos de ellos tienen una función que es de juzgamiento final de los delitos y otros tienen la parte intermedia para llegar al tribunal oral.
—De un tribunal a una cámara.
—Exactamente. De un tribunal federal a una cámara federal o de un tribunal común a una cámara común.
“En los últimos años hubo una especie de carnaval de traslados. Hay que terminar con ese mecanismo.”
—¿Es usual que el Consejo vuelva sobre sus pasos cambiando su mayoría?
—Sí.
—¿En qué otros casos sucedió algo similar?
—En los cambios de las mayorías en el Consejo. Lamentablemente se fueron perdiendo los lineamientos centrales sobre cómo debía funcionar el Consejo. En un momento determinado se empezaron a cometer excesos. Los excesos hay que corregirlos. Siguen pidiéndose traslados, y hay algunos que están pendientes. Tal contexto lleva a una reconsideración. Comienza a evaluarse si lo que había funcionado en algún momento no se transformó en algo abusivo. Ese es el problema central. Cómo se hace cuando no se quiere esperar el concurso y se pasa rápidamente a gente que puede ser más afín, entre comillas, o que resulta más confiable. Allí se hacen los pases sin esperar el concurso. En este momento se advirtió sobre la necesidad de empezar a corregir hacia futuro lo que no puede volver a ocurrir.
“La Constitución exige para designar un magistrado un concurso de oposición y antecedentes.”
—La Corte Suprema reivindica para sí desde el caso Castillo, en su carácter de órgano supremo de la organización judicial, garantizar la investidura de los jueces, incluido el juicio sobre la existencia de tal investidura. ¿Sorprende que ahora quiera tener la última palabra y la decisión en este punto?
—No. Cuando nosotros opinamos, entendíamos que había diez jueces trasladados sin cumplir todos los requisitos establecidos en la Constitución Nacional. En ese momento, se lo comunicamos al Poder Ejecutivo y a la Corte porque podía querer opinar. Por eso lo hicimos.
—Lo decidido por el Senado y luego por el Poder Ejecutivo respecto de dejar sin efecto los traslados de los jueces, ¿fue en función de la resolución 183-20 del Consejo de la Magistratura?
—Nosotros marcamos una situación. El Poder Ejecutivo entiende que eso que marcamos ocurrió y lo envía al Senado de la nación. Se presentaron siete jueces que estaban en conflicto, porque entendíamos que no habían cumplido todos los requisitos. Tres de ellos decidieron que no (N. de la R.: los mencionados y Germán Castelli). Ahí empieza otro problema. Los tres que decidieron que no se ponen en una situación compleja, porque ellos consideran que ya habían cumplido con ese paso en el momento de pasar. Y Poder Ejecutivo y el Senado entienden que no, que al pasar de un tribunal a otro tribunal con distintas funciones, con distintas competencias, con distintas atribuciones, debía aprobarse nuevamente. En esa parte nosotros no intervenimos. Nuestra función terminó.
—¿Es posible dar una interpretación distinta al significado de jerarquía y competencia? La Corte, en su acordada 7 de 2018, fijó criterios. Dijo que los traslados debían ser excepcionales, y en el caso de instrumentarse, debían realizarse entre tribunales de igual jerarquía, misma jurisdicción e igual o similar competencia material.
—Es discutible lo de igual jerarquía. En muchos lugares de nuestro país los tribunales orales tienen jerarquía de juez de primera instancia. Ejercen una función diferente, que es el juzgamiento del delito. Hay una etapa instructoria en la que intervienen los juzgados de primera instancia y las cámaras, y luego el juzgamiento del delito final, cuando ya llegamos al momento en que se procesó a una persona investigada y se juzga el delito. Eso hace que la función sea diferente. La función del tribunal oral federal o tribunal oral común, de los que tenemos varios en nuestra jurisdicción nacional y federal, es concluir lo que sería la etapa investigatoria con el dictado de la sentencia definitiva para la persona que está siendo investigada. Es una segunda etapa de juzgamiento.
“Si bien es difícil hablar de lawfare, es cierto que en algunos tribunales hubo excesos.”
—La primera instancia.
—El primer fallo real que se produce es el del tribunal oral federal.
—Las cámaras son de segunda instancia.
—Estrictamente de segunda instancia, porque actúan revisando lo actuado. A los tribunales orales federales los revisa la cámara de alzada, normalmente una cámara de casación.
“Habría que considerar si los escraches no son algún tipo de delito de extorsión.”
—La discusión es entonces sobre la jerarquía: no sería la misma en este caso.
—La jerarquía no es la misma. Y la función tampoco.
—¿Por qué no?
—Porque la función allá es el juzgamiento del delito. Y acá lo que se hace es un control del trabajo del juez de primera instancia que se encargó de investigar. Que se haya llevado en buena forma. Se resuelve sobre la libertad de las personas, si van a continuar libres hasta que llegue el momento final del juicio. Se resuelve si hay que establecer alguna prueba más que no ha hecho el tribunal de primera instancia. Se fijan los lineamientos de la investigación. Cuando están desarrollados, el fiscal propone elevar la causa. La palabra es clara: elevar el juicio. Ahí interviene el tribunal oral federal.
—Si la resolución mencionada 183-20 dice que la Constitución exige la misma competencia y jerarquía para eludir un nuevo acuerdo, ¿cómo se explicaría que la reforma judicial pretende fusionar el fuero penal económico y el federal que tienen diferente competencia?
—Es discutible. Los tribunales federales del interior tienen competencia equivalente a la de los juzgados federales de primera instancia de la Capital Federal y las de Penal Económico. Esa competencia estuvo unida en los tribunales. Tanto en juzgados, cámaras como en tribunales orales del interior del país. Se equivocó un fiscal que dijo que la competencia penal económica es nacional o local. Es la misma la competencia penal económica como la federal de los juzgados federales en la Capital Federal y la de los juzgados federales en el interior del país. Salvo los juzgados federales del interior del país y las cámaras federales del interior del país y los tribunales orales del interior del país, se juzgan todos los delitos salvo los relativos a los cometidos por funcionarios públicos. En lo demás se interviene en las mismas competencias que la Capital Federal.
“Una función del Consejo de la Magistratura es garantizar a los jueces absoluta libertad.”
—Si el Congreso no puede obviar entonces la exigencia constitucional, como pasó con la ley que fusionaba un tribunal penal ordinario con uno federal penal, ¿significaría que de sancionarse la nueva reforma judicial hay que dar nuevo acuerdo a todos los jueces de ambos fueros?
—No. Porque son competencias equivalentes y hoy están unificadas por una ley. Si se unificara la ley de la competencia de primera instancia, esa primera instancia y la cámara tendrían competencia equivalente establecida por ley. No sería una decisión tomada por un tribunal que tiene naturaleza administrativa.
—Más allá de los casos puntuales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿cuál es su opinión sobre los traslados de los jueces?
—Se debe intentar hacer desaparecer el tema de los traslados. La Constitución exige para designar un magistrado un concurso de oposición y antecedentes en el cual hay que garantizar que pasen los mejores a la última etapa, que sería del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tendrá que elegir dentro de ternas vinculantes quiénes son aquellos que luego podrán ser jueces. Los propuestos van al Senado de la Nación para que la Cámara alta, como órgano político y a su vez representación del pueblo, controle lo que han hecho tanto el Consejo de la Magistratura como el Poder Ejecutivo. Son tres requisitos centrales para que garanticemos un mejor Poder Judicial.
—¿Cuál es su visión sobre el lawfare?
—Cuando me han preguntado si se podía hablar del lawfare, dije que no era exactamente eso. Sí hubo excesos en la forma en que se juzgaba en varios tribunales. Es algo que se ve en la utilización del tema del arrepentido, por ejemplo. La ley habla de que tiene que ser filmado, que tiene que estar la posibilidad de que se determine si lo que dijo lo hizo libremente o si hubo algún tipo de intención de presionarlo. Ya tenemos algún caso dictado por el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, o la doctora María Romilda Servini de Cubría, que resolvió una cuestión puntual que fue impulsada por el fiscal Jorge Di Lello diciendo qué forma se usó con el arrepentido que no cumplió con la ley. Ustedes, que son los que lo controlan, y nosotros, como personas que tenemos que cumplir la Constitución Nacional, tenemos que garantizar y obligar a que se cumpla el hecho de que todos seamos iguales ante la ley.
—¿A qué atribuye las diferencias de percepción sobre la Justicia entre Argentina y Brasil? ¿Por qué allí tiene mejor imagen?
—No lo puedo explicar. No soy un investigador de la Justicia brasileña. También tiene problemas. La persona más reconocida ahora tiene muchos inconvenientes en cuanto a la forma. El juez Sergio Moro tuvo muchos inconvenientes. Está en crisis lo que investigó en muchos aspectos. No me voy a meter, no conozco.
—¿A qué adjudica que en la Argentina cuando se habla de Lava Jato se focalice exclusivamente en la condena de Lula y se omita que fueron condenados sus principales opositores y numerosos empresarios? Moro sigue siendo una de las personas con mayor consideración social.
—El problema que tuvimos en Argentina es que no logramos aferrarnos estrictamente a lo que establece la Constitución. Veamos el tema relativo a la prisión preventiva de una persona investigada. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice que una persona no puede ser detenida si no existe una sentencia condenada con una sentencia firme. El principio general que debe regir es el de la libertad. Solamente debe usarse cuando hay supuestos que pueden hacer prever que esa persona pueda evitar ser investigada u obstaculizar la investigación.
—En Brasil fueron presos recién condenados.
—Sí...
—¿La diferencia en la consideración de la Justicia está relacionada en parte con la diferente evolución de la causa del Lava Jato y la de los cuadernos?
—No tengo confianza en que esa causa llegue a buen término. A veces por querer arribar a un resultado se olvidan los pasos que hay que dar. Son los que establece la norma, y hay cumplirla. Puede caerse un testimonio de un arrepentido porque no se lo filmó. Es una garantía. Gran parte de la condena es respecto de aquel que se investiga. A veces queremos avanzar muy rápidamente o queremos ser los héroes de la película. No tendríamos que serlo. Como jueces, el desafío más grande es cumplir la Constitución Nacional.
—Bertuzzi y Bruglia confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos y Castelli fue sorteado para juzgar a la vicepresidenta en las declaraciones del ex chofer Oscar Centeno. ¿Su apartamiento no genera suspicacias?
—No. Hay mucho tachín tachín en este tema. Los doctores Bruglia y Bertuzzi ya juzgaron todas las causas de Cristina Fernández de Kirchner. Fue procesada o confirmado el procesamiento por estos magistrados. Hoy no intervendrían más. No quedó pendiente ninguna causa en la justicia federal que tenga que pasar por la cámara. No existe la posibilidad de que se los aparte para que no vuelvan a juzgar a Cristina Fernández. Se llegará al resultado final si hay pruebas suficientes para sancionarla o no.
“Si no hay dos tercios, no se aprueban las ternas para futuros jueces.”
—Pero podrían llegar de nuevo a Bertuzzi.
—Ya no, porque ellos intervinieron como jueces de la cámara. Aunque fueran pasados al tribunal oral, ya no podrían participar, porque se puede considerar que hubo prejuzgamiento. Dicho parroquialmente, no le volverían a ver la cara a Cristina Kirchner como jueces.
—La Corte Suprema en el considerando 7 de la acordada de julio del 18 señaló que la hipótesis de traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal con igual o similar competencia material mediando el consentimiento del magistrado efectivo no requiere un nuevo acuerdo del Senado. Fue una respuesta a la consulta específica del Ministerio de Justicia. Si dijo que no se requería acuerdo del Senado específicamente para el juez Bruglia, ¿por qué el Consejo, por ajustada mayoría, vuelve a insistir en que su traslado no había sido completado, sino que requería un acuerdo senatorial, cuando la Corte ya había sentenciado lo contrario?
—La Corte no sentenció. Una acordada es un acto administrativo. Como cabeza del Poder Judicial trata de ordenar ciertas situaciones. En este caso lo entienden de esta manera. Nosotros entendimos que no se habían cumplido los requisitos. No tenemos por qué coincidir con su planteo, por más que seamos una instancia inferior, porque la Corte es la cabeza del poder.
—¿La Corte podría decir algo distinto?
—No lo sé. Acá sí estaría resolviendo en una causa. Allá resolvió un tema administrativo. Alguien planteó que la Corte tendría que inhibirse, porque ya entendió en ese tema. Mi respuesta fue la misma: allá intervino como un tribunal en la forma administrativa del funcionamiento. Acá intervendría en una causa jurisdiccional. No es lo mismo. No voy a hacer futurismo, cualquiera sea la decisión que tomen. Respetaré lo que decida, más allá de lo que opine, tanto si nos da la razón como si opina lo contrario. Es algo discutible.
—En la hipótesis de que los traslados de estos jueces no estuvieran completos y que se requiriese un nuevo acuerdo del Senado, ¿considera correcto que se hayan anulado inmediatamente sus designaciones en la Cámara Federal? La Corte Suprema también previó en el considerando octavo de la acordada de julio del 18 el supuesto de los traslados que no se ajustaran a los requisitos allí establecidos, y dispuso qué debía hacerse en tales casos. Dijo que los traslados debían cesar recién cuando concluya el procedimiento constitucional.
—Es una pregunta para el presidente de la Nación, alguien del Senado o el ministro de Justicia. El Consejo de la Magistratura en ese tema no tomó partido. Dijimos que fueron mal designados y que no se cumplieron todos los requisitos. Ahí terminamos.
“Soy de los que ‘cayeron en la universidad pública’, y gracias a eso hoy estoy acá opinando.”
—Doctor, utilizó varias veces el adjetivo discutible.
—Ayer escuchaba a un abogado que decía: Mi abuelo era gallego y nunca decía sí o no. Decía: depende. Lo que está claro es que tenemos que respetar la Constitución Nacional. Todos. Para cumplir como corresponde la Constitución Nacional en la designación de jueces hay que pasar por el Consejo de la Magistratura para seleccionar a quien vaya luego a designarse, por el Poder Ejecutivo o por el Senado. Cumplir todos esos requisitos. En los demás supuestos entramos por la ventana. No entramos como corresponde y como establece la Constitución Nacional. Usted me preguntaba qué puede pasar. No lo sé. Acataremos lo que diga la Corte, porque es el funcionamiento que tenemos que garantizar para el futuro, nos guste más o menos. Si no aprendemos a respetar a la máxima instancia del Poder Judicial, no estamos funcionando adecuadamente. Quizás nos den la razón. O no. O lo hagan a medias.
—¿En un caso sí y en otro no?
—Quizás en algunos aspectos sí y en algunos aspectos no. Pueden decir que estuvieron bien designados, pero que esas circunstancias debían haber pasado. De esa manera dejan de ser jueces titulares para ser jueces con características de subrogantes. El juez subrogante a los dos años debe dejar la subrogancia. Esa puede ser una alternativa. Lo otro que pueden decir es que estos jueces pueden continuar mientras dure el paso que nosotros mismos dijimos: que debían ser reemplazados por jueces titulares, que termine el concurso que se está haciendo.
—Hasta que estén designados los nuevos jueces.
—Claro. Cuando se designó al doctor Bruglia, estaba en trámite el concurso. Nadie entiende por qué no esperaron para reemplazarlo por quien estuviera en condiciones de ser designado efectivamente. ¿Por qué no se resolvió en su momento que el doctor Bruglia estuviera como juez subrogante? Nadie lo discutiría, ni pondría en discusión su función. Lo mismo con el doctor Bertuzzi. En todos esos supuestos había un concurso en trámite. La pregunta es por qué no se esperó a ese momento.
—Se discutió el tema del escrache a Ricardo Lorenzetti, generado por el antikirchnerismo. También hubo escraches a los jueces de la Corte cuando fue el 2x1, supuestamente promovidos por el kirchnerismo. ¿Hay escraches buenos y malos?
—Todos los escraches son condenables. Habría que considerar un poquitito más a fondo si no se está cometiendo algún tipo de delito de extorsión o alguna otra figura. Si son los jueces quienes tienen que resolver eso, hay que dejarlos actuar con absoluta libertad. Y el Consejo debe garantizar que esas personas actúen con esa libertad. Que actúen según lo que decidan que es correcto, conforme a lo que es la ley que corresponde aplicar. Insisto con lo del tachín tachín. No hay que hacer todo pensando que estos jueces son malos porque van a resolver de esa manera. Entonces, mañana resuelven de otra forma y se transformarán en buenos. No. Deben resolver con absoluta libertad. Una de las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura es garantizar a los jueces la absoluta libertad de resolver.
“El Consejo de la Magistratura no hizo nada en diez años para avanzar en la cuestión de la informática.”
—¿Qué opinión le merece que el Ejecutivo haya retirado la totalidad de los pliegos a consideración del Senado?
—Eso es una forma común que emplean todos los Poderes Ejecutivos. Lo utilizó también el anterior gobierno cuando retiró todos los pliegos que estaban para ser aprobados. Había muchos de gente conocida mía que volvieron atrás. Sacaron a un futuro colega mío. Ya estaba para ser camarista y lo bajaron. Volvió a concursar. Es un colega de lujo, un juez que ha funcionado muy bien en el Judicial de Morón, Néstor Barral.
—¿No se dificulta cubrir las vacantes que hoy tiene la Justicia nacional y la federal y no implica un retroceso del trabajo realizado por el Consejo con los concursos de 2018 y 2019?
—No, porque utilizamos los mismos concursos. Las mismas ternas vinculantes que se mandaron en aquel momento son las están utilizando ahora. Con ellas elegirá el Poder Ejecutivo. No hubo una modificación de ternas. El gobierno anterior tenía la forma de contar por lo menos con siete votos asegurados más algunos más que consiguieron para lograr los dos tercios. El Consejo tiene de sabio eso: si no logramos dos tercios, no aprobamos las ternas para que vayan al Poder Ejecutivo. Quien determinó que los más idóneos son los que están ahora fue aquel gobierno. Este gobierno puede no coincidir con alguno de ellos, pero debe basarse en eso.
—Hay un fallo pendiente acerca de la composición del Consejo que tiene la Corte. ¿Hay desequilibrio entre los estamentos que componen el Consejo?
—Me invitaron a hablar al consejo consultivo que creó el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Dije que me parece que aquella integración era mejor que esta, porque había gente que no respondía directamente a las mayorías y minorías políticas.
—Más diversa.
—Había diputados que venían de la tercera minoría, senadores que venían de la tercera minoría, jueces que entraban por dos o tres espacios también. En este caso, en el Poder Judicial tenemos jueces de distintos espacios. Le aseguro que en aquel caso entraban representados espacios diferentes. Con los abogados sucedía lo mismo.
—¿El sector académico está subrepresentado?
—El sector académico debe tener como mínimo dos, como se especificaba en aquella ley. Estaba bien que los jueces fuésemos cuatro. En ese momento se sumaba un quinto, que era un miembro de la Corte. Los abogados deben ser por lo menos cuatro. No puede haber menos.
—¿Está bien que pesen lo mismo universidades como la de General Sarmiento que la UBA, la Universidad de Córdoba o la del Litoral?
—Tendríamos que considerar si se están cumpliendo las normas que establece el Ministerio de Educación.
“Hay que profesionalizar la administración del Consejo de la Magistratura y también de la Corte.”
—Me refiero al tamaño de la UBA, por ejemplo.
—Es un tema en el que no me voy a meter.
—Porque es discutible.
—No me voy a meter. Hay gente muy valiosa en ambas universidades. Soy de la Universidad de Buenos Aires. Mis padres eran campesinos. Vine a Buenos Aires a hacer el servicio militar y ahí me quedé en la UBA. Soy de los que cayeron en la universidad pública y gracias a eso hoy estoy acá.
—Hay dos academias nacionales de Derecho y Ciencias Sociales, la de Buenos Aires y la de Córdoba, ambas financiadas por el Estado. ¿Deberían tener algún rol en el Consejo?
—Son entidades que no son discutibles, porque son prestigiosas.
—Aumentarían la pluralidad, no responden al partido de gobierno ni a la oposición.
—Exactamente. Tenemos que buscar ámbitos en los que la discusión sea académica. Más allá de que a mí me guste futbolísticamente la Academia Racing Club, si me permite la broma. Que sea académica en el sentido de sostener grandes valores. Digo siempre que soy juez y apenas sé algo de derecho. Tenemos que sumarlos, escucharlos, sumar a la escuela judicial a periodistas, licenciados en Psicología.
—El año pasado el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia en infraestructura y tecnología. ¿Por qué se llegó a ese punto?
—Hubo falta de inversión, errores de gestión, más todo lo que quiera. Fue un gran conjunto de errores, o malas praxis. En febrero de este año empecé como presidente y en marzo comenzó la pandemia. Quisimos hacer funcionar el Poder Judicial a través de los sistemas de telemática con informática. Y me encontré con que en estos últimos diez años el Consejo de la Magistratura no había hecho nada para dar respuestas a todos aquellos que trabajaban en el tema informático. El trabajo a distancia se llama VPN. Cuando comencé habían concedido 400 VPN para todo el Poder Judicial nacional y federal. En el lapso de dos o tres meses, habíamos conseguido 17 mil. Había 22 personas que utilizaban los VPN. Hoy hay un promedio diario de entre 12 mil y 14 mil personas. Conseguimos que mucha gente entienda que trabajar en su casa es más cómodo y mejor.
—En junio se dijo que el Consejo no tenía fondos para pagar los sueldos y le solicitó a la Corte su asistencia económica.
—No tuvimos respuesta a ese pedido. Preveíamos el problema económico que tenía el país y la realidad de la pandemia hacía que fuera muy difícil solicitar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía, mayores erogaciones para llevar adelante el Poder Judicial. Pero a pesar de lo que dicen los números hacia afuera, lo que tiene que ver con la recaudación no fue tan malo. Creemos que es un 20% menos de recaudación que el año 2019. Avanzamos pese a todo, y llegaremos a fin de año.
“Obligar al Consejo de la Magistratura a llegar a dos tercios garantiza poder elegir los mejores.”
—¿Cuántos concursos se habían finalizado en 2019 y cuántos se elevaron al Ejecutivo?
—No lo recuerdo. Pero sí sé que 2018 fue mejor. El 2019 fue un año electoral. Se empieza a regatear desde otro lado para posicionarse mejor. Pasa ahí y también en el Senado cuando tiene que aprobarse. Hubo un momento del año pasado en que empezaron a no salir los pliegos.
—¿Debería ser concursado el cargo de administrador del Consejo con un término del mandato?
—Tenemos que discutir si profesionalizamos la administración, no solo del Consejo de la Magistratura sino también de la Corte. En algún momento tenemos que pensar si no unificamos o tenemos dos administraciones con una cabeza única que nos permita trabajar en conjunto. Países como Puerto Rico y Estados Unidos tienen un administrador que actúa de manera independiente de la propia Corte. Y está bien, porque nosotros sabemos muy poco de administración. El administrador viene y se va conmigo. El que estaba renunció por problemas de salud, el doctor Carlos Alberto Bedetta. El actual administrador fue designado el 1° de julio y mi compromiso es que entra conmigo y se va conmigo.
—En una economía debilitada, ¿es necesario que haya casi mil personas en total y que entre ellos exista una cantidad importante de asesores a cargo de cada uno de los miembros del Consejo?
—Cuando el Consejo trabaja bien, esa gente trabaja bien, y mucho. La pandemia nos cambia el esquema a todos. Nos obligó a trabajar de otra manera, tenemos que buscar que nuestra gente trabaje en sus casas. Desde que está la pandemia creo que presenté casi 15 dictámenes, cerrando denuncias que eran sin motivo. Presenté concursos, tomé entrevistas. El Consejo está tomando entrevistas. Avanza tanto en entrevistas de la Comisión como del plenario. Trabajamos por videoconferencia en todo momento y no paramos nunca.
—Me informan que habría designaciones nuevas de autoridades cercanas a La Cámpora en la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura.
—Son gente que estaba en el Poder Judicial. Es una actitud bastante baja de quien lo dijo. Esas personas están haciendo hoy lo que no se hizo durante diez años en el Poder Judicial. No es un problema de quién está. Es gente que estaba en el Poder Judicial, son técnicos: licenciados, ingenieros del Poder Judicial. Para decirlo con claridad, es mala leche. Tendría que verse el resultado de lo hecho en la Dirección General de Tecnología.
—Simultáneamente también hubo designaciones en la Dirección Electoral, en el Renaper y en el Correo. ¿Teme que haya algún problema de neutralidad técnica en el proceso electoral?
—Tenemos una Cámara Electoral que siempre actuó de manera independiente, y no tuvo ningún cuestionamiento. No los hubo sobre quienes están hoy, el doctor Santiago Corcuera y el doctor Alberto Dalla Vía, ambos amigos míos.
—Dada la falta de acuerdos y consensos para elevar nuevas ternas al Ejecutivo, ¿elegirán jueces cercanos a la Lista Celeste que usted encabeza?
—Cuando eligen a nuestra gente es porque son mejores, no porque sean de la lista. Vamos a tener que lograr formas de consensuar para tener los votos. De otra manera no se aprobará ningún concurso.
—Se necesitarán 23 jueces de primera instancia en la Justicia Federal, ¿considera correcto que se cubran esos cargos con interinos?
—Lo que dice el proyecto es que se van a cubrir con jueces nacionales que van a pasar por propuesta de la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires y por el Consejo. Tenemos que conseguir dos tercios para luego proponerlos al Poder Ejecutivo, que a su vez le va a tener que dar un acuerdo para que puedan actuar en estos 23 juzgados nuevos. Obligar al Consejo de la Magistratura a llegar a los dos tercios nos garantiza tener que elegir los mejores.
—Usted dijo que en el gobierno anterior tenía dos tercios.
—Ellos sí. Pero nosotros no los tenemos. Somos siete, seis más uno que nos acompañó. Necesitamos por lo menos dos de los que hoy no son del sector. No soy kirchnerista. Soy un viejo radical alfonsinista de aquellos que quedamos pocos y no logramos ubicarnos mucho en ningún lugar. Solamente nos queda un sector de visión progresista que unifica.
—¿Está de acuerdo con sumarse a las denuncias del sector oficialista dentro del Consejo contra jueces como Martín Irurzun, Julián Ercolini, los propios Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, Ariel Lijo o María Eugenia Capuchetti?
—No entré al Consejo de la Magistratura para perseguir jueces. Si los jueces dictaron sentencias conforme lo que entienden que es correcto, no podemos juzgar el contenido de la sentencia. Es algo inherente al funcionamiento del Consejo. Actué en el momento que se armó el reglamento de acusación y disciplina que tiene hoy. Estaba como asesor del doctor Luis María Bunge Campos y enfrente estaba la doctora Diana Conti. Intervine en el armado del reglamento actual. La doctora Conti aceptó que no podíamos investigar si lo que se resolvió está bien o mal, porque esa no es nuestra función. El Consejo de la Magistratura tiene que verificar si cometieron algún delito, si hay alguna situación repudiable o cuestionable en algún otro aspecto, pero no cómo resolvió. Para eso está la instancia superior.
“Es de mala leche decir que La Cámpora puso técnicos en el Consejo; es gente que estaba en la Justicia.”
—Dijo que era alfonsinista. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, también trabajó con Alfonsín.
—Tengo muy buen diálogo con Rosenkrantz. Lo mismo con Ricardo Lorenzetti; a la doctora Elena Highton la conozco de cuando ella era juez de la Cámara Civil.
—Alberto Fernández dijo que Rosenkrantz no sabe de derecho.
—Por ahí no nos gusta cómo opina, cómo resuelve, no nos gustan sus amigos, pero es una persona prestigiosa desde el punto de vista jurídico. A veces estira el derecho hacia un lugar determinado y queda muy jugado con lo que hace. Pero en lo demás es un juez que merece mis respetos como jurista.
—¿Cómo debería resolverse el conflicto entre la autoridad sanitaria y la protección de la vida y la libre circulación de los ciudadanos durante la pandemia?
—Me coloco en la protección de la vida. Me peleé en algún momento cuando quisieron habilitar muchos tribunales. Dije que no me haría cargo de la muerte ni de funcionarios, ni de empleados, ni de jueces, ni de abogados por no trabajar a distancia. Agregué que si alguno quería hacerlo y estaba dispuesto, que lo haga. Pero no iba a ser cómplice de eso. Debemos dar respuesta a la comunidad, la mejor en el menor tiempo posible; pero no a costa de la vida de nadie.
—¿El Poder Judicial viene dando las respuestas necesarias para la sociedad en medio de la pandemia?
—Dio respuesta. La Cámara Federal de San Martín sacó la misma cantidad de sentencias en 2019 que en este período de 2020. Pasa lo mismo con muchos otros tribunales. El Poder Judicial trabajó mucho. Sin duda que puede trabajar mejor si logramos tener un mejor sistema informático, que la respuesta sea más rápida, que el ciudadano común sienta que le estamos dando respuesta en el tiempo que corresponde; podemos hacerlo. Es el desafío con el que asumí la presidencia. Quiero un Poder Judicial que sea un orgullo. Por eso, uno se pone mal cuando no logra conseguir todas las cosas. Responder a las demandas que merecen los ciudadanos.
—¿Hay algo que no le haya preguntado que quiera agregar?
—Debemos empezar a pensar un poquitito en positivo. No a usted, pero a muchos periodistas les pido que dejemos de engañarnos entre nosotros. Seamos honestos. Vayamos hacia un camino en el cual podamos vernos cara a cara y decirnos las cosas como son, porque no siempre vamos a tener razón. Hay veces que vamos a tener razón y otras veces el otro nos va a decir que nos equivocamos y vamos a tener que admitirlo. Si tenemos honestidad y absoluta coherencia en nuestro trabajo y en nuestra forma de expresarlo, vamos a construir un país mejor.
