Irineo Garzón Martínez (33), el comerciante acusado de abusar sexualmente de una joven venezolana en una entrevista laboral, será indagado nuevamente mañana, aunque esta vez lo hará vía Zoom, en otro llamativo privilegio otorgado por la Justicia.
El presunto abusador de Balvanera está libre por una polémica decisión de la jueza nacional Karina Mariana Zucconi, que generó el rechazo no solo de la víctima y sus familiares sino también de otros funcionarios judiciales que intervienen en la causa.
“Santiago Garzón” –como se hacía llamar en Facebook– será interrogado por “abuso sexual agravado por acceso carnal”, un delito grave que prevé penas que van de los 6 a los 15 años de prisión y es de cumplimiento efectivo. Zucconi lo convocó para mañana a las 10 de la mañana, por pedido de la abogada del acusado, Rosa Yolanda Gómez, aunque se descuenta que la situación del imputado no cambiará después de esta audiencia virtual.
Para la jueza “no hay de momento elemento alguno que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia, ni que su detención se erija como necesaria para neutralizar el entorpecimiento del trámite del proceso”. No obstante, le impuso algunas condiciones, como no poder salir del país y el embargo de sus bienes por 90 mil pesos.
Sin embargo, el fallo fue apelado por la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Mariela Labozzetta.
“La inexistencia de antecedentes y la correcta identificación del imputado, a criterio de las suscriptas, no resultan suficientes para contrarrestar todos los elementos que aquí han sido valorados y que exigen adoptar una perspectiva de género en el análisis integral de la situación”, remarcaron en el planteo.
Para las fiscales, debe “revocarse la excarcelación y detener de forma inmediata al procesado”. Según fuentes judiciales, la apelación será evaluada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Pablo Guillermo Lucero y Jorge Rimondi y la magistrada Magdalena Laíño, y podría demorar entre diez y quince días.
El ataque contra la joven de 18 años ocurrió en el interior de su comercio Garzón Uniformes, ubicado en la calle Paso 693. La víctima se presentó allí por una oferta laboral que el dueño había publicado en Facebook.
Según fuentes judiciales, la joven llegó cerca de las 9 de la mañana y ese mismo día comenzó a trabajar. Sin embargo, el encargado le anunció que a las 13 cerraba las puertas, pero que ella debía quedarse trabajando.
De acuerdo a la versión de la chica, en un momento tomó un vaso de agua que el acusado le ofreció y poco después comenzó a sentirse mal. Como sospechó que podría pasarle algo malo le avisó por WhatsApp a su mamá y a su hermana, quienes llamaron al 911 para alertar el caso a la policía. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la chica tirada en el fondo del local, cerca de una escalera y con el torso desnudo.
El comerciante solo estuvo detenido dos días: lo demoraron el sábado 23 de enero pasado y recuperó la libertad el lunes 25.
Una jueza en la mira. Zucconi tiene 48 años. Estudió la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se recibió en noviembre de 1996 y ya en abril del año siguiente estaba trabajando como auxiliar escribiente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia A.
Entre 1997 y 2011 fue secretaria de los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción 42 y 23 y, desde noviembre de 2011, está a cargo del juzgado que actualmente ocupa, en el que adoptó algunas decisiones que despertaron polémica.
Por ejemplo, sobreseyó cinco veces a Francisco Amador (33), el ex novio de Marianela Rago y principal sospechoso de su asesinato, ocurrido en el barrio de Balvanera, en junio de 2010.
Zucconi alegó en su momento que “no existían pruebas” para incriminarlo porque, entre otros elementos, los rastros de ADN hallados en el departamento de la víctima no coincidían con su patrón genético.
Sin embargo, la fiscal Marcela Sánchez apeló todas sus decisiones y el 23 de octubre de 2018, la Sala VI de la Cámara del Crimen procesó a Amador en base a una nueva data de muerte, su pasado violento y las lesiones que presentaba y que podrían haber sido provocadas por Marianela, en medio de un desesperado intento por salvar su vida.
Hace unos años, Isabel Yaconis, mamá de Lucila, la joven de 16 años abusada y asesinada en el barrio porteño de Núñez, en abril de 2003, le pidió que le realizaran una contraprueba de ADN a un abusador condenado, pero la jueza le negó el pedido porque entendió que el estudio que era “nocivo”.
“Yo necesitaba cerrar esa parte de la investigación y no pude. Después se creó el Registro Nacional de Huellas Genéticas de Condenados por delitos sexuales y tampoco se llegó a concretar”, dice Isabel a PERFIL.
La jueza que excarceló al supuesto abusador de la joven venezolana también ejerce como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la cátedra Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, y dictó clases en la cárcel de Devoto, donde incluso llegó a recibir un diploma, de parte de sus alumnos, “por su labor y perseverancia a nuestro lado”.
Entre otras causas mediáticas, intervino en la investigación por las cartas con amenazas que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2016, y en la denuncia contra Claudia Villafañe por el supuesto robo de 458 objetos de Diego Maradona. En este último caso, citó a indagatoria a la ex mujer del Diez, pero finalmente terminó dictando su sobreseimiento.
Organizan otra protesta
#LaInjusticiaDuele es la consigna con la que familiares y amigos de la víctima convocan a un nuevo reclamo de Justicia. Será el próximo miércoles en los tribunales porteños para pedir que el comerciante acusado sea finalmente detenido y enviado a una prisión.
Este jueves se manifestaron en la puerta del local, ubicado en la calle Paso, en el barrio porteño de Balvanera, con pancartas de #NiunaMenos y carteles repudiando la decisión tomada por la jueza nacional Karina Zucconi.
La madre de la víctima estuvo presente y apuntó contra la magistrada: “Es un violador y tiene que estar preso. No queremos mas violadores libres, tengan o no tengan antecedentes”, dijo sobre la polémica excarcelación.
“Nosotros pudimos salvar la vida de mi hija, pero no su integridad, llamamos a los jueces, a los fiscales, a las autoridades de esta Nación a que escuchen este grito de justicia”, pidió y agregó que ella “no está protegida por los investigadores”.
