Los cinco policías que están acusados de extorsionar a narcos en Avellaneda duermen juntos en el mismo sector que, en sus primeros años como policías, custodiaban día y noche: los calabozos de la Comisaría 8ª de Quilmes.
El capitán Eduardo Franicevich, alias “el Gitano”, está allí desde el viernes 29 de marzo pasado, cuando agentes encubiertos de la Policía Federal Argentina (PFA) lo sorprendieron recibiendo un sobre con dinero de una mujer que horas antes había denunciado que estaba siendo víctima de una extorsión.
“El Gitano” perdió esa noche. Su jefe en el gabinete de narcotráfico de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús, el comisario Hernán David Martín, recibió cuatro disparos y falleció en el enfrentamiento armado que mantuvo con los federales.
Los otros cuatro efectivos imputados en la misma causa (el comisario inspector Aníbal Marcelo Ochoa, el jefe de operaciones Raúl Elías Hernández, el comisario Esteban Aranda y el teniente primero Claudio Saldivia) llegaron recién el martes 2 de abril. Todavía hay un lugar más. Y está reservado para el titular de la Brigada, el comisario inspector José Aníbal Hernández, prófugo desde este miércoles.
Patas negras. El trágico tiroteo en la estación de servicio Shell cercana al Parque Avellaneda Shopping (ex Auchan) provocó un fuerte cimbronazo en la Bonaerense. Uno más en la trayectoria de una fuerza históricamente cuestionada.
Cuatro comisarios –dos de altísimo rango– involucrados en una causa por narcotráfico ya no sorprende, aunque refuerza y alimenta el viejo mito: que el aparato de recaudación ilegal de los “patas negras” sigue intacto por más que anuncien y publiciten el derribo de mil búnkeres de droga.
José Hernández ingresó a la fuerza hace 32 años: el 2 de marzo de 1987. Era el jefe de la DDI Avellaneda-Lanús hasta el viernes 29 de marzo. En agosto de 2018 declaró un patrimonio de 770.600 pesos. En el informe anual de bienes que presentó figuran dos autos, una propiedad en Berazategui, con un valor fiscal de 550 mil pesos, y ahorros en efectivo por 40 mil pesos.
Martín, el comisario que murió en el enfrentamiento, no tenía denuncias ni antecedentes en su legajo policial, pero estaba siendo investigado por su crecimiento patrimonial.
En la última DD.JJ. que presentó declaró bienes por 1.254.000 pesos (una casa en Ezpeleta, dos autos, ahorros y bienes en equipo por 86 mil pesos). Cuando presentó la documentación, era subcomisario y cobraba un salario de 33 mil pesos. Con su mujer tenía un fondo de comercio (una pollería) pero la sociedad no figuraba en su patrimonio.
El segundo jefe de la DDI de Avellaneda-Lanús, para la que reportaba el jefe policial abatido, que fue detenido esta semana, presentó un patrimonio superior, 3.316.000 pesos, una fortuna que supera los bienes declarados por la gobernadora María Eugenia Vidal, que el año pasado dijo tener propiedades y dinero por un valor de 3.149.082 pesos.
Caja negra. “Esta es la crónica de una muerte anunciada. Todos sabían cómo iba a terminar eso”, confiesa a PERFIL una fuente que conoce como pocos la cocina de la Brigada de Avellaneda-Lanus.
“Era sabido lo que juntaba esta gente, pero parece que lo vemos nosotros nada más, no los ven los demás, son todos ciegos”, dice sobre la “caja negra” de la Brigada.
Las irregularidades detectadas en la DDI por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, a cargo de Guillermo Berra, propiciaron el descabezamiento de las principales autoridades.
José Hernández, el responsable de la repartición, había sido denunciado el año pasado por el traslado compulsivo e ilegal de un transa que estaba bajo arresto domiciliario.
Según las fuentes, el narco vivía en la localidad de Villa Domínico, sobre la calle Adrogué, pero seguía manejando el negocio de la droga pese a la restricción judicial que técnicamente le impedía salir de su domicilio.
Los voceros aseguran que había arreglado el pago de 5 mil pesos mensuales, pero evidentemente ese monto no era suficiente. En un escrito –al que tuvo acceso PERFIL– acusó directamente a la “banda del comisario”. Y señaló no solo al director sino también a su hija, el novio y su hermano Raúl como las personas que habrían ido a apretarlo. Todos prestaban servicio en la misma repartición.
Raúl es uno de los cinco detenidos por la trágica extorsión en la estación de servicio de Avellaneda. Era el jefe de operaciones de la Brigada, pese a que había sido desafectado de la fuerza años antes.
La viuda: “Juro que tus hijas y yo vamos a limpiar tu nombre”
Para la familia del comisario que murió en el tiroteo no hay consuelo ni una explicación que sirva para entender lo que pasó el viernes 29 de marzo en cercanías del Parque Avellaneda Shopping (ex Auchan).
Sandra Ojeda, esposa de Hernán Martín, el jefe del gabinete de narcotráfico de la DDI Avellaneda-Lanús, jura que limpiará el nombre de su marido.
“Tus hijas y yo vamos a limpiar tu nombre porque todos los que te conocen saben que todo lo que se dijo de vos, mi vida, es mentira”, escribió Ojeda en su cuenta de Facebook.
Ojeda y Martín se casaron en 1998 y tuvieron dos hijas. La familia quedó devastada después del viernes a la noche, cuando se enteró de que el comisario había fallecido de cuatro disparos en el tiroteo en la estación de servicio Shell.
La mujer planteó sus dudas sobre el operativo. “¿Van a cometer un delito en una estación de servicio donde está lleno de cámaras? No entiendo, y se aprovechan de que no entienda muchas cosas, lo que ellos no saben es que si de algo estoy muy segura es de quién era mi marido”, se descargó Ojeda. En una entrevista con Telefe noticias, la viuda del comisario aseguró que “nada de lo que dicen es cierto”.
“Mi esposo estaba tirado en el piso y ya lo estaban degradando en todos los canales, sin una previa investigación sin nada”, aseguró la mujer.
Sobre el patrimonio familiar respondió: “Tenemos una casa, un auto y nada más, no hay otra cosa”.
Una de las hijas del comisario también se expresó en la misma sintonía: “Nosotros lo único que sabemos del hecho es que en ese lugar matan a mi papá, lo demás lo queremos saber y queremos explicaciones”, reclamó.
Las razones del ascenso
El comisario muerto en el tiroteo había sido ascendido en enero, pero no se trató de un premio por un acto de servicio sino de una promoción por antigüedad. En la Bonaerense el escalafón de oficiales de comando sube cada cuatro o cinco años, dependiendo la jerarquía.
En 2014, el entonces ministro de Seguridad, Alejandro Granados, firmó el ascenso de Martín, que pasó de oficial principal a subcomisario. Cuatro años después Cristian Ritondo lo ascendió a comisario. La antigüedad siempre fue determinante para obtener una mejor jerarquía en la fuerza, aunque muchas veces los oficiales obtenían ascensos sin saber bien por qué. Para evitar problemas internos y terminar con “el fantasma del acomodo”, el Ministerio de Seguridad anunció el año pasado una nueva política, más enfocada en el mérito y que exige la aprobación de cursos obligatorios y exámenes rigurosos.
