La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó operativos en Pinamar ante el aumento del tránsito y el descontrol en zonas turísticas como La Frontera. En los controles detectaron alcoholemias positivas, autos sin documentación y patentes adulteradas, mientras crece el debate sobre la seguridad en terrenos privados donde operan vehículos todo terreno.
Del total de actas, 79 fueron por alcoholemia positiva, con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l, muy por encima de lo permitido. Asimismo, se detectaron 40 casos de falta de documentación obligatoria y 13 vehículos con patentes adulteradas o inexistentes, lo que agrava los riesgos en un verano con alto tránsito turístico.
Tras una serie de siniestros graves en los médanos, el municipio de Pinamar dictó el Decreto 0104/2026 para reforzar la seguridad vial con medidas más estrictas. Las cuales incluyen:
* Multas elevadas: Las sanciones por conducción temeraria o circulación en zonas prohibidas pueden alcanzar los $15 millones.
* Secuestro de vehículos: Se aplica la retención inmediata de cuatriciclos, UTV y motos que infrinjan la normativa.
* Cargos adicionales: El municipio ahora tiene la facultad de cobrar a los infractores los gastos médicos y operativos derivados de los accidentes que provoquen.
La zona conocida como La Frontera —un vasto terreno de médanos y dunas al norte de Pinamar donde circulan cuatriciclos, UTV y camionetas 4×4 sin mayor regulación— volvió a quedar en el centro de la escena tras los operativos llevados a cabo por la ANSV.
Ese sector es predominantemente privado, con grandes extensiones de tierra en manos de empresas y familias ligadas al negocio inmobiliario y otras actividades.
Quienes son los dueños
Según un relevamiento que hizo el portal La Nación , los principales propietarios son: Montecarlo Real Estate SRL, grupo de Victorio Américo Gualtieri, histórico contratista de obra pública y empresario constructor; Dunas S.A., controlada por Daniel Mautone, empresario con presencia en casinos y negocios de juego; Pinamar S.A., fundadora del balneario y dueño de extensas áreas forestadas dentro de La Frontera.
La propiedad privada del terreno —que se remonta a mediados del siglo XX y aún conserva subdivisiones poco desarrolladas— limita la capacidad de intervención directa del Estado en algunas zonas, aunque las autoridades sí actúan en los accesos y rutas circundantes.
El endurecimiento de los controles viales forma parte de una respuesta conjunta de los organismos públicos, que también incluyó medidas locales como el uso de multas más severas y mayor presencia policial en zonas conflictivas de La Frontera.
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Sin embargo, vecinos, operadores turísticos y especialistas en derecho señalan que la propiedad privada del terreno genera un limbo jurídico para regular la circulación y tomar medidas más efectivas dentro del área.
Especialistas también señalan que, aunque el predio sea privado, el Estado conserva poder de policía para intervenir en actividades que pongan en riesgo a terceros o transgredan normas de seguridad generales, lo que podría ampliar las opciones de control futuro si se intensifican los accidentes o se consolidan proyectos de normalización.
Las autoridades reiteraron que las tareas de fiscalización buscan reducir riesgos viales y prevenir siniestros, en una temporada en la que Pinamar recibe a miles de turistas.
Los controles incluyen: Verificación de documentación obligatoria; Chequeo de condiciones de circulación; Pruebas de alcoholemia; Identificación de patentes adulteradas o inexistentes
El objetivo final de estos procedimientos es garantizar que quienes transitan por la ciudad y sus zonas aledañas lo hagan de manera responsable y sin poner en riesgo a otros.
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