El Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a la pena de cinco años de prisión al exintendente y actual concejal de Colonia 25 de Mayo, David Bravo, y a la dueña del prostíbulo que funcionaba con los nombres "Venus" y "Karibian", Nurys Caraballo Castillo, por el delito de trata de personas. Mañana se dará a conocer los fundamentos de la sentencia.
La fiscal Federal de Santa Rosa, Iara Silvestre solicitó durante el juicio que el exintendente David Bravo sea condenado a 5 años de prisión y se lo inhabilite por 3 años para ejercer cargos públicos. También pidió 5 años de prisión para la dueña del prostíbulo, Nurys Caraballo Castillo, y tres años de prisión para un comisario, Miguel Ángel Oyarse.
Bravo había sido condenado por la justicia provincial por abuso de autoridad en el marco de otro caso de trata de personas.
Por su parte, el Tribunal integrado por los jueces Pablo Díaz Lacava, José Tripputi y Marcos Aguerrido consideraron a Caraballo Castillo autora y al exintendente Bravo, partícipe necesario, del delito de trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual. Mientras que el comisario Miguel Ángel Oyarse quedó absuelto.
Hace más de una década
La investigación comenzó, según registró el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el 16 de diciembre de 2011 cuando la fiscal federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, ordenó el allanamiento del local nocturno. Durante el operativo, además de constatar la presencia de diez mujeres: nueve de nacionalidad dominicana y una argentina, se corroboró que en el predio donde funcionaba el cabaret había habitaciones y varias camas, donde vivían las mujeres y se realizaban los "pases".
En 2007 David Bravo asumió como intendente de la localidad 25 de Mayo y se transformó en el más joven del país
Nurys Caraballo Castillo, la mujer identificada como la encargada del local aportó la habilitación municipal correspondiente con la firma del intendente Bravo. La autorización estaba bajo el rubro de "cabaret", y el documento establecía como propietaria del lugar a la propia encargada.
Hecha la ley, hecha la trampa
Una ordenanza municipal del 3 de septiembre de 2010, prohibía "la habilitación de cabarets, whisquerías, clubes nocturnos y night clubs" en Colonia 25 de Mayo debido a que "han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país". Lo paradójico es que quien firmó al pie de esta ordenanza fue el propio Bravo.
Aunque el 2 de febrero de 2012, Bravo y Caraballo Castillo fueron llamados a indagatoria, el conflicto de competencia demoró el avance de la causa y el 4 de junio del mismo año la Fiscalía Federal de Santa Rosa dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Donde los sospechados fueron convocados a declaración indagatoria el 11 de octubre de 2013.
En agosto de 2014, Bravo fue imputado por haber permitido el funcionamiento del prostíbulo investigado a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe y en noviembre de 2020, la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa requirió la elevación a juicio de la causa.
El exintendente Bravo había sido condenado por la justicia provincial a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por catorce meses para su desempeño en el ejercicio de cargos públicos por abuso de autoridad en el marco de otro caso de trata de personas.
