El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Herme Juárez, fue detenido este jueves 1 de agosto en el marco de un operativo que incluyó 30 allanamientos, acusado de extorsión y lavado de dinero entre otras actividades ilícitas. Además del sindicalista, fue aprendido el ex intendente del Gran Rosario Ramón Rubén Tévez.
Según fuentes del caso, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una serie de 30 allanamientos en Puerto General San Martín y San Lorenzo en sedes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y domicilios particulares en una causa federal de delitos económicos.
El sindicalista fue detenido en su lujosa mansión de la ciudad ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario y trasladado al penal. Allí fueron detenidas cuatro personas, además de Tévez y Juárez, un abogado y un socio del sindicato, en el marco de las órdenes libradas por Adrián González Charbay, donde se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo y gran cantidad de documentación vinculada a la investigación que se les sigue por extorsión y lavado de dinero entre otras actividades ilícitas.
La Justicia habría detectado supuestas maniobras extorsivas que le habrían generado ganancias inmensas, tanto para él y su familia como para sus más cercanos en la cúpula sindical. Juárez se consolidó como la figura más preponderantes entre los trabajadores portuarios del país a lo largo de las últimas décadas. Además de ser el secretario general de SUPA, es presidente de la Cooperativa que detenta la explotación del puerto aceitero y cerealero más importante del país.
En las próximas semanas, el Tribunal resolverá si detendrá o no al hermano de Herme, Iván Juárez, y al ex contador de la otra Cooperativa, denominada "Tevez". También se resolverá la situación de los integrantes de la cúpula de ese espacio y se analizarán las compras de dos campos en Entre Ríos que suman una superficie de más de mil hectáreas.
Los allanamientos son llevados a cabo por la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, la División Antidrogas de la PFA de Rosario, personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
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