Eran los líderes religiosos de un templo Umbanda en Salta. Los llamaban “pae” y “mae”. Eran los referentes en ese lugar en el que se veneraba a San La Muerte. Fueron detenidos en diciembre del año pasado en una investigación que los tiene en la mira por trata de personas con fines de explotación sexual. Prometían, según la acusación, que el santo pagano les “mejoraría la vida” si las víctimas ofrecían dinero y bienes. Según la fiscalía, las incitaban a prostituirse y debían entregar un porcentaje de lo recaudado. Una de ellas, hasta les dio su auto.
Y fue, justamente, ese vehículo una de las claves para dejar al descubierto el manejo que habría en el espacio y la manipulación que ejercerían sobre las víctimas los acusados.
Según la investigación, el pae Juan Soria Villalba (64), y la mae María Ester Arroyo (49) levantaron un templo en la calle 16 de Septiembre al 300, en el barrio salteño de Villa San Antonio, en la capital provincial.
La imagen de San La Muerte, con sus manos esqueléticas juntas en posición de rezo y una túnica que le cubría el cráneo, estaba plasmada en el mural de la entrada. Santuario San La Muerte anunciaban las letras escritas sobre el portón. Adentro del templo había velas, múltiples figuras del santo (al que le piden protección generalmente los delincuentes) y distintas ofrendas.
Fue a raíz de un auto que la pareja empezó a ser investigada en mayo de 2021. Porque el novio de una de las víctimas denunció que él le había regalado un Volkswagen Gol Trend a su novia y ella se lo había dado en usufructo a la mae y al pae. Además, contó que le proporcionaba el dinero que ella recaudaba producto de sus servicios sexuales. Todo lo había entregado a cambio de que San La Muerte intercediera a su favor, según la causa.
En diciembre de ese año se ordenó un allanamiento en el templo, y allí los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) encontraron el auto en cuestión. Además de dinero, un arma y documentación de interés para la causa. En un par de días previos a Año Nuevo, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio les dictó a ambos la prisión preventiva dando por acreditada la acusación planteada por el fiscal Eduardo José Villalba. Ahora la causa fue elevada a a juicio.
En ese momento, a Arroyo le dictaron la prisión domiciliaria y Villalba debía ser alojado en una prisión, pero luego de escuchar por zoom la resolución del juez se escapó y fue recapturado casi dos meses después (ver aparte).
La maniobra. “La pareja captaba a personas en estado de vulnerabilidad, que luego eran explotadas en su beneficio. Eso se concretaba como parte de actividades religiosas dirigidas a venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda”, se informó esta semana en el sitio Fiscales.
Los líderes espirituales habrían sometido a través de “metodologías de adoctrinamiento y aislamiento” y con la aplicación de castigos a las dos víctimas identificadas en esta causa. La mae y el pae “impusieron a los fieles la obligación de ofrendar todo el dinero de sus ganancias para utilizarlos en la adquisición de la propiedad de un inmueble”. Pero también, usaban esos fondos para cubrir “sus necesidades temporales”, se detalló.
En la acusación se escribió que esos aportes económicos eran “dados por las víctimas que fueron captadas e inducidas a prostituirse y realizar pago de cuotas mensuales, para lo cual los acusados no sólo se encargaban de facilitar los lugares para el ejercicio de la prostitución en esta ciudad, sino también en Bolivia, tal como surge de las pruebas recolectadas en la investigación”.
Cuando las víctimas no lograban cumplir con las exigencias económicas les aplicaban “castigos”. Pero según destacó la jueza de Revisión Mariana Catalano en la elevación a juicio de la causa, esas reprimendas eran aplicadas con “rasgos sexistas, discriminatorio y violento” hacia las víctimas por eso solicitó que el caso sea juzgado con perspectiva de género.
Es decir, que los castigos no serían los mismos para hombres y para mujeres. Las víctimas mujeres, por ejemplo, eran obligadas a bañar a miembros varones del culto en presencia del resto de los fieles.
“El grado de influencia sobre la libertad de autodeterminación de las damnificadas habría sido tan agudo que incluso la primera de ellas –cuya pareja tuvo el clave rol de ser el denunciante en estas actuaciones– no se percibiría como tal, lo que daría cuenta del extraordinario poder de los ‘guías espirituales’ sobre ellas, así como del provocado aislamiento respecto de sus familias y entorno; seguido de una descarnada y atroz explotación sexual, en esta provincia y otras, así como en países vecinos”, sostuvo la jueza Catalano.
Por su parte, el fiscal del caso resaltó: “Ahora las cadenas son invisibles y el escenario puede ser cualquiera, como en este caso, un santuario religioso, valiéndose de lo más caro que una mujer, en estado de vulnerabilidad, posee, como es la esperanza de una vida mejor. De eso se valieron los acusados”.
Y en esta línea la jueza explicó por qué considera importante que la causa sea debatida en “un juicio oral, transparente y público”. “La circunstancia –consideró– de que los injustos investigados se relacionen con prácticas de un culto de proyección nacional refuerza mi convicción acerca de que este legajo debe avanzar a la instancia de debate, donde lo actuado, al tomar conocimiento público, servirá de advertencia a toda la comunidad de fieles o seguidores”.
Un llamado anónimo que delató al ‘pae’
Juan Soria Villalba, el líder del santuario San La Muerte y templo Umbanda de la capital salteña, escuchó por zoom que el juez decidió dictarle la prisión preventiva y se fugó. Está sindicado junto a su pareja de aprovecharse de su lugar de referente religioso y de la vulnerabilidad de las víctimas que lo seguían para obtener beneficio económico. En una de esas maniobras, instaban a prostituirse a las denunciantes y quedarse con el dinero recaudado por los servicios sexuales. Por eso los acusan por trata de personas.
Soria Villalba se fugó el 29 de diciembre del año pasado cuando fue imputado y ordenaron que sea alojado en un penal salteño. En su resolución, el juez también dispuso que se embargue el predio donde funcionaba el templo y que se le devuelva un auto que había entregado una de las víctimas a sus líderes religiosos.
Pero fue recapturado un mes y medio después, cuando alguien llamó a la policía y de manera anónima dijo que el pae, que tenía pedido de captura, estaba escondido en un inquilinato de Villa Soledad, en la ciudad de Salta. Hasta allí llegó la policía federal para apresarlo. Desde entonces, Soria Villalba está en prisión.
