La prueba es la columna vertebral del proceso. El juicio por el caso Fernando Báez Sosa (18), el estudiante de derecho asesinado en la puerta de un boliche de Villa Gesell, tuvo quince audiencias y 87 testigos y sólo resta escuchar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1.
Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García pidieron este miércoles 25 de enero que los ocho acusados sean condenados a prisión perpetua, y dijeron después que los jueces “van a resolver por la prueba que observaron”. Pero, ¿cuáles son las pruebas?
A ocho días del veredicto, la discusión central pasa justamente por los indicios que fueron recolectados en la instrucción y expuestos en las cuatro semanas de juicio, crucial para los jueces antes de dictar el fallo el próximo lunes 6 de febrero.
La fiscalía está convencida que hubo premeditación y que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) planificaron “cómo iniciar el ataque”. “Todos hicieron todo”, describió Dávila en su exposición.
Para García –el otro fiscal– “dos o más personas se pusieron de acuerdo para matar” a Fernando Báez Sosa y “eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza”.
Fernando Burlando, abogado del particular damnificado, siguió esa línea y aseguró que “actuaron en bloque, como una unidad”. “Cada acusado aportó su colaboración, golpeó y por momentos era parte de ese cerco humano infranqueable”, resumió.
Videos y testigos. La teoría del plan se sustenta en las filmaciones de los celulares y las cámaras de la calle, y en el relato que hicieron los jóvenes que estuvieron esa noche con Fernando Báez Sosa. Según los testigos, los rugbiers discutieron en el interior de Le Brique con la víctima y sus diez amigos.
La reconstrucción indica que hubo un tumulto que obligó a los patovicas a sacar del lugar a los dos grupos. “Cerca de la barra había tres sujetos algo alterados. Yo me distraigo y de repente ligo tres trompadas de uno de los sujetos”, recordó en el juicio Tomás D’Alessandro, uno de los amigos de la víctima.
Julián García reconoció que le pegaron un cachetazo en el interior del boliche y Lucas Begide que Fernando le dijo que “alguien le había tocado la cara a Julián y él quiso separar”.
Unos minutos después los acusados salen por una puerta de servicio. No querían retirarse. De hecho, uno de los videos muestra a Máximo Thomsen forcejeando con uno de los patovicas. Báez Sosa y sus amigos, en cambio, lo hacen por la puerta principal. En la calle se volverían a cruzar.
Los jóvenes que estaban con la víctima pensaron que el tema estaba terminado y recordaron que Fernando estaba tomando un helado cuando siete minutos después los acusados volvieron en patota. Lucas Pertossi, con su teléfono celular, registró el inicio del ataque. En el video se ve cómo golpean a la víctima por delante y por detrás y cae de rodillas al suelo.
Juan Bautista Besuzzo identificó a Enzo Comelli. Dijo que lo vio como le pegó una piña. También a Máximo Thomsen: “Le dio tres patadas en la mandíbula”. “Yo decía ‘basta por favor, paren’ y me pegaron para sacarme”, agregó Lucas Filardi.
Federico Tavarozzi, otro de los testigos, fue uno de los que introdujo el tema del plan: “Armaron todo para que unos vayan a atacar y otros detengan a los demás”. “Cuando ya estaban fuera de escena tenían libertad para hacer lo que querían con Fernando”, señaló.
Los amigos de la víctima ubican a seis de los ocho acusados en el ataque mortal contra Fernando: Enzo Comelli, Máximo Thomsen, Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Ayrton Viollaz. Pero un video grabado en la vereda de enfrente, y que fue peritado por especialistas en análisis forense de la Policía Federal Argentina, identifica a los ocho por rostro y vestimenta. Esta es otra de las pruebas centrales.
El croquis, exhibido en el juicio, sitúa a Fernando Báez Sosa en el centro rodeado por los imputados. En el primer anillo, el más cercano a la víctima, aparecen Thomsen, Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli. Un poco más atrás están Matías Benicelli y Lucas Pertossi, y más alejado Alejo Milanesi, sobreseído en la instrucción, y T.I.C., el “rugbier número 11” que nunca fue imputado.
ADN. Los estudios periciales realizados en la ropa y zapatillas de Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi y Máximo Thomsen detectaron sangre pertenecientes a la víctima. Otro peritaje confirmó que en el dedo meñique izquierdo de Fernando Báez Sosa había rastros genéticos de Blas Cinalli.
La zapatilla Cyclone derecha de Thomsen, por ejemplo, tenía dos manchas sangre de Fernando y la izquierda, una. La pericia scopométrica, a cargo de la División Laboratorio Científico y Pericias Mar del Plata de la PFA, sumó que la marca que tenía en la cara la víctima coincidía con ese mismo calzado.
El informe de autopsia también precisó la figura de una zapatilla impresa en el cuerpo de la víctima. “Nunca vi algo semejante”, describió Diego Duarte, el médico forense en el juicio contra los rugbiers. La víctima sufrió daño en todo el sistema nervioso central. “No hubo una lesión única, son múltiples”, apuntó.
Los acusados, además de pedirle perdón a los padres de Fernando, declararon que no tuvieron intención de matar. “Yo me metí a pelear porque vi que era una persona contra muchos. Me pegaron una piña en la cara y reaccioné tirando patadas. No sé a quién ni cómo. Estoy seguro de que pegué dos patadas, pero jamás en la vida con intención de matar”, dijo Thomsen.
Hugo Tomei, a cargo de la defensa de los acusados, dijo en su alegato que el hecho imputado a los rugbiers “no está probado” y aseguró que los acusadores “probaron otro hecho”. No negó el crimen, sino que no se trató de un homicidio premeditado y pidió que el caso sea encuadrado como un “homicidio en riña”, que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión.
Los alegatos
Fiscalía
Planteó que hubo un plan para matar y pidió que los ocho acusados sean condenados a perpetua. Para los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García los imputados se pusieron de acuerdo para asesinar al joven. “El ataque duró 45 segundos”, dijeron y precisaron que, previo a eso, los agresores tuvieron siete minutos para pergeñar el plan. La “premeditación” –para los fiscales– se evidencia en que se pusieron de acuerdo para matar, y no en que hayan salido esa noche planeando asesinar a alguien.
Querella
Fernando Burlando, representante de los padres de la víctima, coincidió con la teoría del plan y el pedido de prisión perpetua para los ocho. Para el abogado “todos” los imputados tuvieron la “voluntad de matar” y planearon una “cacería humana”. “La imagen de Fernando de rodillas pidiendo clemencia es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados”, dijo en su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores. Burlando adhirió “en un todo” al alegato de la fiscalía y señaló que Fernando “fue objeto” de “una cacería humana”.
Defensa
El abogado Hugo Tomei negó que hubiera un plan. “Dicen que siete minutos después de que salieron del boliche acordaron el plan: falso, inverosímil o poco consistente. Nunca hubo un plan para matar”, sostuvo. El letrado entendió que sus clientes deben ser absueltos por la “incongruencia” entre la imputación original y la planteada por la acusación en sus alegatos y pidió que, en caso de ser condenados, el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión.
Las horas en prisión
Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi están alojados en un pabellón especial de la Unidad Penitenciaria N° 6 de Dolores, aislados del resto de la población carcelaria.
Los ocho ocupan cuatro celdas que tienen una cama cucheta y un inodoro cada una, un lujo en comparación con el resto de los pabellones donde hay entre 35 y 36 detenidos por sector, y en algunos casos hasta comparten mantas y colchones.
La cárcel de Dolores es una de las más antiguas del SPB: fue inaugurada el 27 de enero de 1877, aunque en 1810 ya funcionaba como un “depósito de prisioneros”. También es una de las más deterioradas. En la actualidad aloja a 385 detenidos, aunque hace un par de años había cerca de mil internos.
Desde la audiencia del jueves pasado los acusados no volvieron a ver a sus familiares. Recién este miércoles 1° de febrero, cinco días antes de la sentencia, podrán volver a recibir visitas.
Mientras tanto se mantienen comunicados e informados con sus teléfonos celulares, pese a que el fin de semana pasado a dos de los acusados se los sacaron porque supuestamente interactuaron con una cuenta social de apoyo.
