La fiscal Melisa Ríos fue una de las primeras funcionarias que cuestionó públicamente al juez de ejecución Carlos Rossi. Lo hizo durante el alegato que formuló en el juicio por el asesinato a sangre fría de un hombre de 55 años, ocurrido en julio de 2015. Fue hace más de un año en los tribunales de Concepción del Uruguay.
Ríos no podía entender cómo el acusado se encontraba en libertad cuando todos los informes coincidían en que “era peligroso para sí y para terceros”. Cristian Pesenti (37), alias “Chaleco Moreno”, estaba cumpliendo una condena a cuatro años de prisión por tres casos de robo, abuso de arma y lesiones cuando fue beneficiado por el mismo magistrado que le otorgó la libertad a Sebastián Wagner. Los informes que recibió el juez Rossi le advertían que el detenido gozaba de un muy mal concepto en la cárcel, que no respetaba las normas y que no se adaptaba a la vida en sociedad. Pero no hizo caso. La sugerencia de los especialistas fue bien explícita: “Puede reaccionar violentamente ante situaciones límites”. Quince días después de salir de la cárcel cometió un homicidio.
El 16 de julio de 2015 “Chaleco Moreno” atacó a tiros a Sergio Esquivo en su casa de Juan Marcó al 1900 de Concepción del Uruguay. Se cubrió el rostro con una capucha, pero igual fue identificado por la propia víctima, que declaró convaleciente en el hospital donde estuvo internado antes de morir. El acusado lo había amenazado de muerte en un pabellón de la cárcel de Concepción del Uruguay. Cumplió.
La libertad anticipada que recibió “Chaleco Moreno” se suma a otras polémicas decisiones adoptadas por Rossi desde el año 2000, cuando se creó el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú.
En febrero de 2012, autorizó una visita íntima a un hombre condenado a 13 años por liderar una banda familiar que secuestró y sometió a una adolescente de 15 años. El juez nunca supo de las amenazas y el hostigamiento que venía sufriendo la pareja del convicto. Y en el encuentro sucedió lo previsible: Marcelo Schiaffino asesinó a golpes a Jésica Ocampo. El femicidio fue brutal: el cuerpo presentaba múltiples golpes de puño y puntapiés en el rostro, zona lumbar y genital, lesiones internas y externas, que le ocasionaron la muerte.
Schiaffino fue condenado a perpetua. Y Rossi siguió firmando libertades. En abril de 2014 le otorgó un beneficio especial de prisión domiciliaria a un condenado por robo que alegó encontrarse en delicado estado de salud. Le mintió. A los pocos días lo detuvieron de casualidad cuando manejaba una moto por Concepción del Uruguay.
Un mes antes le morigeró el arresto domiciliario a José Bagnini, un jubilado de 75 años que cumplía una condena por abusar y embarazar a su nieta de 15 años. Rossi dejó que siguiera su pena en una granja terapéutica. No tuvo en cuenta, por ejemplo, que muy cerca hay dos escuelas: la primaria López Jordán y el Instituto Nuestra Señora de Guadalupe. A los pocos meses, varias mujeres del barrio lo denunciaron, cansadas de las reiteradas insinuaciones y ofertas sexuales que les había realizado.
En marzo del año pasado, Rossi dejó que Héctor “La Sorda” Hermosid, un homicida condenado por un crimen ocurrido en noviembre de 2006, saliera de la cárcel para visitar a su familia. No se percató que se trataba de un convicto que había estado prófugo varios años y había sido detenido en Brasil. “La Sorda” no regresó a prisión y recién un año después fue capturado en Pinamar. Por milagro, no mató a nadie.
