El miércoles 2 de noviembre de 2016, el juez de instrucción porteño Ricardo Farías ordenó la detención de cinco policías: el jefe de la Comisaría 35a de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro subalternos. Los acusaba de formar parte de un aparato de recaudación ilegal que cobraba coimas a empresarios y comerciantes de Núñez para brindarles una “seguridad privilegiada”, y extorsionaba a cuidacoches y trapitos. Los agentes de menor rango fueron capturados en las primeras horas. Pero el comisario no.
Norberto Villarreal es el principal implicado que tiene esta causa y el que más tiempo lleva en la clandestinidad: 139 días. No es fácil ni barato profugarse. Se necesitan dinero y protección para sobrevivir.
El ex jefe de la 35a, que cumplió 50 años siendo uno de los hombres más buscados por la Justicia, tiene muchas cosas para explicar. Entre ellas, el hallazgo en su despacho de un cuaderno borrador con los montos de las coimas que supuestamente debía entregar a sus superiores, una de las pruebas claves contra los ocho policías involucrados hasta el momento.
En su paso por la seccional de Núñez, Villarreal intentó acercarse a los vecinos frente a una ola de delitos. El martes 16 de febrero del año pasado recibió en la seccional a integrantes de Madres del Dolor y de Vecinos Alerta de Núñez. En la mesa estuvo Isabel Yaconis, la mamá de Lucila, la adolescente de 16 años asesinada al resistirse a un abuso sexual en abril de 2003.
“Fue una reunión normal donde, como siempre planteamos, algunas cosas, escucharon, y dieron sus razones a los reclamos”, recordó Yaconis, en diálogo con PERFIL.
En aquel encuentro, el comisario recibió el respaldo de sus superiores. A su lado, por ejemplo, se sentó José Pedro Potocar, el jefe de la Policía de la Ciudad detenido el martes pasado por esta misma causa. También participó Guillermo Calviño, el ex superintendente de Seguridad Ciudadana de la Policía Federal Argentina (PFA), imputado en otra investigación.
Cuestionamientos internos. Villarreal también generó odios y amores en el personal subalterno. Según el testimonio del segundo jefe de la seccional, Marcelo Stefanetti, al que tuvo acceso este diario, el ex titular de la comisaría de Núñez era “autoritario” y aparentemente manejaba discrecionalmente “el dinero de los recargos de servicios”.
“Villarreal cobraba personalmente el recargo que se abona por planilla a oficiales jefes, del cual cuando me entrega mi dinero, descubro que me había descontado dos mil pesos”, explica el subcomisario.
“Además –acusa– tenía una forma de liberar zonas a través del pase de personal o el cambio de paradas”. También refiere que tenía un trato abusivo con el personal femenino: “Quería tener relaciones con el personal de forma compulsiva, a tal punto que cuando las mujeres lo llamaban por teléfono para darle novedades del servicio, él les contestaba: ‘Mi vida, mi cielo, mi corazón’. En una oportunidad me pide que entreviste a la agente Jimena C., quien está asignada a una parada, pero como a él le gustaba porque era rubia, quería incorporarla al móvil escolar. Villarreal hacía todo esto para conquistarla”.
Peces gordos. Con el jefe de la 35a prófugo, la investigación que lleva adelante el fiscal José María Campagnoli sumó, en las últimas semanas, nuevos elementos de prueba. El primer gran escándalo estalló con la detención de la comisaria inspectora Susana Aveni, por entonces a cargo de la Circunscripción VII y jefa directa del titular de la 35a y de otras seis comisarías.
Aveni gozaba de buena salud en la fuerza, al punto que había sido destacada por un operativo en el que logró liberar a una rehén, y premiada en el traspaso de la Federal a la Policía de la Ciudad con una función importante: manejar la Dirección de Narcocriminalidad. Desde el miércoles 5 de abril pasado, “la Gorda” –como supuestamente figura en el borrador de Villarreal– está detenida, acusada de ser “jefa u organizadora de una asociación ilícita”.
Dos semanas y media después, llegó la crisis más fuerte en la fuerza creada por Horacio Rodríguez Larreta: la detención del comisario general José Potocar, un policía con 35 años de servicio, título de abogado y graduado de la Academia del FBI. Potocar estaba a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC), cuando se inició la investigación por el cobro de coimas.
Para el juez Farías, todos los policías “organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35a, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente”.
