La Justicia ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que entregue los elementos de protección al personal de un hospital bonaerense para prevenir el contagio del Covid-19, según el escrito al que accedió PERFIL. El fallo es el primero que se da a conocer contra el ministerio de Salud provincial y se suma a otras 22 medidas cautelares dictadas por el fuero laboral contra el gobierno porteño y dos clínicas privadas de la Ciudad.
El fallo fue dictado por el tribunal de Trabajo número 1 de San Miguel, tras un amparo presentado el jueves por la abogada Mariana Chiacchio en nombre de los médicos, enfermeros y bioquímicos del Hospital Gobernador Domingo Mercante, en José C. Paz.
Los jueces, además, ordenaron a las autoridades de Salud bonaerense que dispongan “la inmediata identificación de la totalidad del personal del servicio de cirugía” y del “afectado a la atención de pacientes portadores de covid-19” para proceder a la “constatación de su estado de salud” y la eventual aplicación del protocolo sanitario.
El tribunal también ordenó a la aseguradora de riesgos del trabajo Provincia ART que presente un “plan de prevención para el establecimiento” a fin de evitar riesgos de contagio. Las autoridades de Salud dijeron que esperan ser notificados y evaluar la decisión judicial.
Esta semana, se sumaron nuevos fallos a favor del personal de salud de distintos hospitales porteños, como el Borda, el Gutiérrez y el Durand, y de una segunda clínica privada. Ya suman 22 los amparos a favor del personal de salud en la Ciudad de Buenos Aires (20 del sector público y dos privados) que insta a las autoridades y establecimientos a entregar barbijos N95, protección para los ojos o máscara facial, guantes, camisolín repelente de fluidos, cofias y botas.
La Cámara Nacional del Trabajo, en tanto, confirmó uno de los fallos en sede porteña a favor de dos médicos y un psicólogo del hospital Moyano (psiquiatría), de acuerdo al escrito judicial.
La compañía Provincia ART, que presta servicios en los hospitales porteños y bonaerenses, había apelado la decisión del juez de primera instancia que condenó al gobierno porteño y a la empresa del grupo Bapro a garantizar la entrega de elementos de protección.
La decisión de la Cámara tendrá consecuencias sobre otros fallos de primera instancia.
El personal de la salud había requerido que la ART se hiciera cargo de los daños que un eventual contagio en el lugar de trabajo pudiera ocasionarles. Sin embargo, la compañía apeló sosteniendo que el posible contagio puede darse también fuera del ámbito laboral. La Cámara rechazó ese planteo. El Ministerio de Salud porteño dijo a PERFIL que “realiza envíos regulares de equipos de bioseguridad de acuerdo al consumo promedio y al stock que cada institución tenga en su farmacia en cada momento”.
